GUERRA Y PAZ

El crimen organizado no se derrota escogiendo entre seguridad y justicia social

La falsa disyuntiva entre fuerza pública, sanción penal y prevención

Por Roberto F. Salazar-Córdova

Una afirmación que circula en redes sociales sostiene que el crimen organizado “no se combate con más penas ni más militares, sino con comunidad, educación y justicia social”. La frase puede resultar atractiva porque reivindica dimensiones indispensables de cualquier política de convivencia. Sin embargo, plantea incorrectamente el problema. Presenta como alternativas excluyentes instrumentos que, en realidad, cumplen funciones diferentes y complementarias.

El crimen organizado no se derrota únicamente con penas, policías o militares. Tampoco se derrota solamente con educación, organización comunitaria o redistribución social. La evidencia disponible muestra que las estrategias eficaces combinan prevención social, control territorial, investigación criminal, inteligencia financiera, sanciones ciertas, protección comunitaria, rehabilitación penitenciaria y fortalecimiento institucional.

Por tanto, el debate correcto no es si necesitamos seguridad o justicia social. Necesitamos ambas, aplicadas de manera diferenciada, simultánea y medible.

El crimen organizado no es simplemente pobreza

La primera equivocación consiste en tratar al crimen organizado como si fuera una consecuencia automática de la pobreza, la falta de educación o la desigualdad. Estas condiciones pueden aumentar la vulnerabilidad de determinadas poblaciones, facilitar el reclutamiento de jóvenes y reducir las oportunidades legales. Pero no explican por sí solas la existencia de organizaciones capaces de controlar puertos, cárceles, rutas internacionales, mercados de drogas, sistemas de extorsión, contratos públicos, redes de lavado de activos y estructuras armadas.

El crimen organizado constituye una empresa económica ilegal. Administra capital, logística, información, armas, tecnología, corrupción y violencia. Busca rentabilidad, protección institucional y control de mercados. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que estas organizaciones prosperan debilitando el Estado de derecho, penetrando instituciones y utilizando la corrupción para transportar drogas, armas, personas y recursos ilícitos sin ser detectadas.

Una comunidad bien organizada puede resistir el reclutamiento y colaborar con la prevención, pero no puede interceptar cargamentos marítimos, investigar transferencias internacionales, intervenir comunicaciones bajo control judicial, desarticular redes de sicariato ni decomisar patrimonios criminales. Para esas tareas se necesitan instituciones estatales especializadas, dotadas de autoridad, inteligencia, tecnología y capacidad coercitiva.

La educación reduce riesgos futuros. La Policía debe enfrentar las amenazas presentes. La justicia debe procesarlas. El sistema financiero debe detectar el dinero. El Estado debe recuperar el territorio. Ninguna de estas funciones reemplaza a las demás.

Las penas excesivas no funcionan, pero la impunidad funciona todavía menos

La crítica al endurecimiento indiscriminado de las penas tiene fundamento. La literatura criminológica ha mostrado reiteradamente que aumentar la duración de una condena produce un efecto disuasorio mucho menor que aumentar la probabilidad de captura y sanción. El National Institute of Justice de Estados Unidos resume el resultado con claridad: la certeza del castigo tiene mayor efecto disuasorio que su severidad, mientras que las condenas extremadamente largas generan beneficios preventivos limitados frente a sus costos económicos y sociales.

Esto significa que legislar nuevas penas sin mejorar la investigación, la Fiscalía, la protección de testigos, la cadena de custodia, los peritajes y la administración judicial produce principalmente una ilusión de firmeza. Una pena de cuarenta años amenaza poco cuando el delincuente considera improbable ser identificado, capturado y condenado.

Pero de ese resultado no se desprende que las penas sean innecesarias. Una organización criminal calcula riesgos. Si sus operadores pueden ser detenidos, sus cabecillas condenados, sus activos decomisados y sus empresas intervenidas, el costo esperado de delinquir aumenta. Además, la prisión cumple una función de incapacitación: una persona correctamente condenada por homicidio, secuestro o dirección de una organización criminal pierde, al menos temporalmente, capacidad para actuar libremente en la sociedad.

El problema no es la existencia de la pena. Es sustituir la eficacia judicial por una inflación penal puramente retórica.

La política correcta debe procurar penas proporcionales y efectivamente aplicables, procesos rápidos con garantías, jueces y fiscales protegidos, unidades especializadas, decomiso de activos, cooperación internacional y control penitenciario. Sin sanción cierta, la justicia social termina conviviendo con la impunidad.

La fuerza pública sí reduce violencia cuando se utiliza estratégicamente

Tampoco resulta sostenible afirmar que la presencia policial o militar carece de efecto. Las revisiones sistemáticas encuentran que la intervención policial focalizada puede reducir el delito cuando se concentra en lugares, personas y estructuras de alto riesgo.

Una revisión de Campbell Collaboration examinó 65 estudios sobre patrullaje y actuación policial en puntos calientes del delito, incluidos 27 experimentos aleatorizados. La conclusión general fue que concentrar recursos policiales en áreas geográficas pequeñas con alta incidencia criminal constituye una estrategia eficaz de prevención.

La disuasión focalizada también muestra resultados. En lugar de perseguir indiscriminadamente a barrios completos, identifica a los grupos y actores que generan una proporción elevada de la violencia, les comunica consecuencias concretas, concentra sobre ellos la acción policial y judicial y, simultáneamente, ofrece servicios para abandonar la actividad criminal. Una revisión sistemática encontró reducciones relevantes del delito, aunque advierte que esta estrategia debe integrarse en un portafolio más amplio de intervenciones.

La evidencia, por tanto, no respalda ni la ausencia de fuerza pública ni la represión indiscriminada. Respalda la fuerza focalizada, profesional, proporcional, informada por inteligencia y sometida a control jurídico.

La distinción es crucial. “Más policías” sin información puede significar mayor gasto y pocos resultados. Más investigadores, inteligencia financiera, analistas criminales, presencia en puntos críticos, protección de fiscales y control de corredores logísticos puede alterar directamente la operación económica de las organizaciones.

¿Y los militares?

Las Fuerzas Armadas no deben sustituir permanentemente a la Policía, la Fiscalía o los jueces. Su entrenamiento, doctrina y equipamiento responden principalmente a funciones de defensa y no siempre a la investigación penal o al manejo cotidiano de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, tampoco puede sostenerse que sean irrelevantes frente a organizaciones que emplean armamento de guerra, controlan fronteras, atacan instalaciones estatales, penetran puertos, dominan espacios penitenciarios o superan materialmente la capacidad policial local.

En esas circunstancias, los militares pueden cumplir funciones delimitadas: control fronterizo y marítimo, vigilancia aérea, protección de infraestructura estratégica, apoyo logístico, neutralización de amenazas extraordinarias y recuperación temporal de territorios. Su participación debe tener mandato preciso, temporalidad, reglas de uso de la fuerza, supervisión civil y coordinación con la Policía y el sistema judicial.

Ecuador ofrece una señal importante, aunque no definitiva. El Ministerio del Interior informó que los homicidios intencionales pasaron de 8.248 en 2023 a 7.033 en 2024, una reducción del 14,73 %, durante un período de operaciones conjuntas del Bloque de Seguridad. En Manta y Durán se reportaron disminuciones más pronunciadas en períodos específicos de intervención.

Estos resultados no demuestran que la militarización sea suficiente ni que todos los operativos hayan sido igualmente eficaces. Sí impiden afirmar seriamente que el despliegue coercitivo carece de efecto. También muestran su fragilidad: los primeros cinco meses de 2025 volvieron a registrar una fuerte concentración de homicidios en Guayas, con 2.042 casos, lo que evidencia la capacidad de adaptación y recomposición de las estructuras criminales.

La enseñanza no es retirar toda fuerza pública. Es transformar una intervención de emergencia en capacidad institucional permanente.

La comunidad y la educación son necesarias, pero no reemplazan al Estado

La prevención social es esencial porque el crimen organizado necesita renovar continuamente su fuerza laboral. Recluta adolescentes como observadores, transportistas, vendedores, extorsionadores y sicarios; utiliza familias vulnerables, barrios sin servicios y escuelas debilitadas; ofrece ingresos inmediatos donde la economía legal no los ofrece.

Programas de permanencia escolar, primera infancia, formación técnica, tratamiento de adicciones, salud mental, deporte, empleo juvenil y recuperación urbana pueden reducir la exposición a factores de riesgo. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo recomiendan enfoques integrales que acompañen a las personas desde la infancia hasta la edad adulta y que combinen prevención con sistemas eficaces de seguridad y justicia.

Pero la política social debe estar focalizada. La pobreza no convierte automáticamente a una persona en delincuente y la mayoría de las personas pobres no participa en actividades criminales. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una política genérica contra la pobreza puede dispersar recursos, estigmatizar a comunidades enteras y dejar intactos a los operadores financieros, políticos y logísticos que dirigen el negocio.

La intervención comunitaria debe concentrarse en los territorios, familias y edades de mayor riesgo; proteger líderes locales; impedir el reclutamiento; reconstruir confianza con la Policía; crear canales seguros de denuncia; y recuperar espacios públicos y economías legales.

La comunidad previene y proporciona legitimidad. No debe ser abandonada frente a grupos armados ni obligada a reemplazar al Estado.

Sin justicia institucional no existe justicia social

La frase examinada menciona la justicia social, pero omite una dimensión decisiva: la justicia penal e institucional.

Una comunidad puede recibir escuelas, centros deportivos y programas laborales, pero seguirá sometida si el extorsionador controla los comercios, si el narcotraficante compra autoridades, si el sicario no es capturado, si la denuncia expone a la víctima o si la cárcel es administrada por las propias bandas.

La justicia social requiere que los hogares puedan trabajar, circular, estudiar, invertir y emprender sin pagar tributos criminales. Requiere que la propiedad no sea confiscada de hecho por organizaciones violentas. Requiere que las familias no tengan que abandonar su barrio por amenazas.

En términos económicos, el crimen organizado crea un impuesto privado coercitivo. Eleva los costos de transporte, seguridad, seguros y contratación; reduce la inversión; destruye empresas; deteriora el capital humano y obliga al Estado a reasignar recursos. El BID estimó que el costo directo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe equivale aproximadamente al 3,4 % del producto regional, una magnitud cercana al 80 % del gasto público en educación.

Por ello, la seguridad no compite con el desarrollo. Es una de sus precondiciones.

El verdadero modelo: prevención, coerción e institucionalidad

Una estrategia seria contra el crimen organizado debe operar simultáneamente sobre cinco dimensiones.

Primero, debe proteger a los hogares y prevenir el reclutamiento mediante educación pertinente, empleo, intervención temprana y fortalecimiento comunitario.

Segundo, debe concentrar la acción policial en los puntos calientes, los grupos violentos, los mercados ilícitos y los individuos que generan mayor daño, evitando operativos indiscriminados que destruyan la confianza ciudadana.

Tercero, debe emplear capacidades militares solamente donde la escala de la amenaza, el control territorial, las fronteras o la infraestructura estratégica lo exijan, bajo conducción civil y reglas claras.

Cuarto, debe elevar la certeza de la sanción mediante investigación, Fiscalía, justicia especializada, protección de testigos, cooperación internacional y administración penitenciaria efectiva.

Quinto, debe destruir la rentabilidad del negocio: rastrear dinero, congelar cuentas, decomisar propiedades, controlar empresas de fachada, intervenir cadenas logísticas y perseguir la corrupción que protege a las organizaciones. Las investigaciones financieras y proactivas son consideradas por Naciones Unidas componentes fundamentales de una estrategia eficaz contra el crimen organizado.

Esta combinación no constituye una posición intermedia para satisfacer a todos. Es la conclusión práctica que surge de comprender la naturaleza del fenómeno.

El falso debate

Decir que el crimen organizado se combate con comunidad y educación, pero no con fuerza pública ni sanciones, es tan incompleto como afirmar que se resolverá únicamente llenando las cárceles y desplegando soldados.

La educación actúa sobre la incorporación futura de personas al mercado criminal. La comunidad fortalece la resistencia social. La Policía detecta y captura. Las Fuerzas Armadas pueden enfrentar amenazas extraordinarias y proteger espacios estratégicos. La Fiscalía acusa. Los jueces sancionan. El sistema penitenciario incapacita y rehabilita. Las unidades financieras decomisan el capital. La política económica amplía las alternativas legales.

El fracaso aparece cuando cualquiera de estas piezas pretende reemplazar a todas las demás.

No se trata, entonces, de escoger entre más penas, más militares, más comunidad o más educación. Se trata de tener mejores leyes, sanciones ciertas, policías profesionales, apoyo militar delimitado, justicia independiente, prevención focalizada, comunidades protegidas y oportunidades económicas reales.

El crimen organizado opera como un sistema. Solo puede ser derrotado por otro sistema más inteligente, más legítimo y con mayor capacidad que él.