INGRANDEZAS?

Introducción

Las transiciones de poder son momentos de alta densidad institucional. En ellas, más que las preferencias políticas, importan las reglas, los tiempos y las prácticas que permiten que la alternancia se produzca sin fricción excesiva y con continuidad funcional del Estado.

En Chile, el cierre del ciclo gubernamental 2022–2026 ha abierto un debate técnico que excede la coyuntura electoral. Presupuesto, glosas, nombramientos, reglas administrativas y estándares de motivación de los actos públicos se han convertido en el centro de una discusión sobre cómo se ejerce el poder cuando se está a punto de dejarlo. Este texto ordena hechos, revisa juridicidad, contrasta prácticas comparadas y deja la calificación final al lector.

1. Hechos que activan el debate

Durante los meses finales del gobierno de Gabriel Boric, se consolidaron dos decisiones que concentraron atención pública y parlamentaria:

A. El Presupuesto 2026 fue tramitado y aprobado sin una glosa de transición que dejara recursos de flexibilidad operativa para el gobierno entrante.

B. Se adoptaron medidas administrativas y se realizaron nombramientos que, según la oposición, elevan el costo de ajuste del próximo Ejecutivo, encabezado por José Antonio Kast.

El Ejecutivo sostuvo que ambas acciones se enmarcan en la legalidad vigente y en la protección de la carrera funcionaria. La controversia se instaló en un plano distinto: legalidad formal versus legitimidad de transición.

2. La glosa de transición y su ausencia

En Chile, la llamada “glosa republicana” ha funcionado como una práctica presupuestaria en años de cambio de mando. Su propósito es operativo: permitir que el gobierno entrante enfrente los primeros meses con holgura para reorganizar prioridades, equipos y ejecución sin recurrir a reasignaciones complejas.

En el Presupuesto 2026, el Ministerio de Hacienda optó por no incorporar esta glosa. El argumento oficial fue de disciplina fiscal y continuidad programática. La crítica técnica apuntó a otro efecto: rigidez inicial para una administración que aún no controla completamente el aparato público.

El punto no es ideológico. En transiciones, la flexibilidad reduce fricción. Su eliminación desplaza el problema hacia negociaciones posteriores, usualmente más costosas en tiempo y capital político.

3. Los llamados “amarres” administrativos

3.1 Actos fundados y no renovación de contratos

En el marco del reajuste del sector público, se difundió un protocolo que establece que la no renovación de contratos debe realizarse mediante un acto administrativo fundado, descartando referencias genéricas a “necesidades del servicio”.

Desde el punto de vista jurídico, la exigencia de motivación se alinea con el debido proceso administrativo. El problema surge cuando este estándar se aplica en bloque y en el cierre de un mandato, elevando el umbral práctico para que un nuevo gobierno ajuste dotaciones conforme a su programa.

3.2 Nombramientos en la recta final

Paralelamente, se registraron designaciones de jefaturas y autoridades en semanas previas al cambio de mando, algunas de ellas con períodos efectivos que trascienden el inicio del nuevo gobierno. En ciertos casos, la discusión se cruzó con regímenes especiales de protección laboral, que vuelven inviable cualquier modificación en el corto plazo.

La cuestión técnica es clara: no todo nombramiento tardío es ilegal. La pregunta relevante es si, en un contexto de transición, estos actos respetan un estándar de prudencia institucional.

4. Legalidad y legitimidad: dos planos distintos

Desde el punto de vista del derecho administrativo chileno, la mayoría de los actos cuestionados pueden ser legales. Cumplen competencia, forma y procedimiento.

El debate real se sitúa en otro plano: la legitimidad de transición. Las democracias consolidadas reconocen que existe un deber implícito de autocontención cuando un gobierno está por dejar el poder. No todo lo legal es institucionalmente óptimo en ese momento.

Chile cuenta con herramientas diseñadas precisamente para separar política y administración, como el Sistema de Alta Dirección Pública, con reglas claras de duración y renovación. Cuando estas fronteras se difuminan, la alternancia se encarece.

5. Qué hacen los países desarrollados

En países de la OCDE, existen reglas formales o convenciones fuertes de caretaker government:

• Australia posterga nombramientos significativos durante periodos electorales.

• Canadá restringe decisiones a lo rutinario o urgente una vez iniciado el proceso de transición.

• Reino Unido aplica límites explícitos a actuaciones del Ejecutivo en periodos preelectorales.

El principio es consistente: evitar decisiones que condicionen materialmente al gobierno siguiente, salvo necesidad comprobable.

6. El contraste con países no desarrollados

En democracias con menor calidad institucional, el patrón es inverso: expansión de contratos al final del mandato, nombramientos de última hora y judicialización posterior. El resultado medible suele ser caída de confianza, menor inversión y parálisis administrativa inicial.

Chile mantiene indicadores relativamente altos en control de corrupción y gobernanza, pero con tendencias de deterioro en confianza ciudadana. En ese contexto, cada decisión de cierre tiene un impacto reputacional amplificado.

7. El punto de llegada

El debate no se agota en la intención declarada del gobierno saliente ni en la orientación del entrante. Se concentra en una pregunta institucional:

¿las decisiones observadas facilitan o dificultan la alternancia efectiva del poder?

Eliminar mecanismos de flexibilidad presupuestaria y endurecer condiciones administrativas en el umbral del cambio de mando incrementa el costo de gobernar al siguiente Ejecutivo, incluso si cada acto, aislado, cumple la ley.

Cierre

A la luz de los hechos, de la comparación internacional y de las mejores prácticas de transición democrática, queda planteada una cuestión para el lector:

¿Es “Bajeza” ó mejor dicho "Falta de Grandeza": Ingrandeza, el título apropiado para describir este conjunto de decisiones adoptadas en la fase final de un gobierno?

Juzgue usted.

Roberto F. Salazar-Córdova

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