ABC DE LAS PACES Diálogo Hexagonal 2 de 5 Del Plan de Impacto al Programa Económico Santiago de Chile, 21 de septiembre de 2026 Por Roberto F. Salazar-Córdova Economista Hoy hacemos en Santiago el segundo de cinco Diálogos Hexagonales sobre el ABC de las PACES: Agua, Biodiversidad y Carbono. Venimos de Quito, donde el 24 de agosto construimos el Plan de Impacto. Hoy corresponde convertirlo en Programa Económico. Después vendrán Bogotá, para trabajar con los participantes financieros; Lima, para ordenar los procesos administrativos; y Panamá, para consolidar los parámetros técnicos. Cinco diálogos que forman una sola construcción y que culminan en inversión y acción territorial. Llegamos a esta mesa después de treinta años de trabajo entre Ecuador, Chile y Los Andes, y de casi diez años desde mi regreso a vivir en Chile. El Diálogo Hexagonal, ADN@+, Red Santa Cruz, SIERRA|ANDES, URKU y ahora el ABC de las PACES forman parte de esa trayectoria. Hemos pasado del diálogo a los acuerdos, de los acuerdos a los proyectos y de los proyectos a la inversión. LO QUE QUEDÓ EN QUITO Volví a las memorias del primer diálogo, a su presentación y al resumen ejecutivo del Acta. Quito dejó bastante más que una conversación. Reunió presencial y virtualmente a pueblos y organizaciones indígenas y campesinas, empresarios, academia, instituciones públicas, especialistas ambientales y financieros y nuevas generaciones de Ecuador y Chile. Allí quedó planteada una perspectiva de cuarenta años y se consolidó un proceso técnico, participativo e intergeneracional. El acuerdo conceptual fue importante: Agua, Biodiversidad y Carbono pertenecen a una misma unidad ecosistémica. Páramos, bosques y suelos regulan agua, conservan biodiversidad y fijan carbono simultáneamente. Por eso la conservación quedó vinculada desde Quito con inversión, servicios ecosistémicos y beneficios sociales verificables. También quedó planteada la arquitectura económica que hoy debemos desarrollar. El primer diálogo puso énfasis en seguridad jurídica y financiera, trazabilidad y verificación, e incorporó la estructuración fiduciaria en Chile como mecanismo para proteger los recursos y asegurar que lleguen a los destinos convenidos con los inversionistas. Y conectamos esa arquitectura con la vida cotidiana. Agua segura, producción agropecuaria sostenible y conservación pueden contribuir a enfrentar la desnutrición crónica infantil; Cayambe y Cangahua permitieron relacionar páramo, agua, producción lechera, familias y servicios ambientales. El resultado final quedó escrito con claridad: construir una plataforma permanente de cooperación para “hacer las PACES en Los Andes”, articulando territorio, comunidades, ciencia, empresa, inversión y Estado alrededor de conservación, prosperidad y bienestar. Eso ya está hecho. Santiago comienza allí. TREINTA AÑOS PARA LLEGAR AQUÍ Para mí esta historia comenzó mucho antes de que existieran estos nombres. Llegué por primera vez a Chile en 1994. Desde entonces han transcurrido más de treinta años entre economía, políticas públicas, empresa, academia, tecnología, inversión y territorio. El Diálogo Hexagonal fue creciendo durante ese recorrido, reuniendo a miles de personas y desarrollando herramientas para encontrar acuerdos entre actores diferentes. Cuando regresé a radicarme en Chile, en marzo de 2017, comenzó una nueva etapa. Washington permitió después dar forma a Red Santa Cruz y hacer explícito un cambio decisivo: acelerar inversiones. ADN@+ desarrolló el pensamiento y la conversación; el Diálogo Hexagonal conectó actores; Red Santa Cruz incorporó inversión; SIERRA|ANDES llevó la arquitectura al territorio; Kayambi le dio geografía y familias; URKU permitió representar resultados ambientales verificables. Treinta años explican el camino. Los últimos diez explican por qué hoy esta conversación ocurre desde Chile. UNA CASA QUE EXPLICA EL DIÁLOGO El encuentro de hoy será híbrido. Un grupo pequeño estará físicamente reunido en una casa de Las Condes y otros participantes se conectarán desde Ecuador, Perú, Colombia y Chile. La propia casa expresa el método. Nuestro anfitrión proviene de la Armada de Chile y es católico. Allí vive también una Machi Mapuche. Historias distintas compartiendo un mismo espacio. Eso es precisamente el Diálogo Hexagonal: reunir diferencias capaces de aportar algo concreto a una construcción común. Y ocurre en septiembre, después del 11 y del 18, cuando Chile vuelve cada año sobre su historia, su identidad y su convivencia. También coincide con llamados recientes a construir acuerdos y con una reflexión que compartimos esta mañana sobre el perdón. Fausto recordó una enseñanza de su padre: la felicidad y la paz son demasiado valiosas para ponerlas en el bolsillo de otro. Las PACES se hacen. AGUA, BIODIVERSIDAD Y CARBONO El ABC comienza por Agua. Y entre quienes participan hoy está Cristóbal Punina, cuya trayectoria en gestión hídrica e infraestructura aporta precisamente esa experiencia. Quito ya había priorizado páramos y agua para las generaciones futuras. Hoy damos el paso económico: entender el páramo como infraestructura natural. Regula agua, conserva suelo, sostiene biodiversidad, captura carbono y permite producción aguas abajo. La Biodiversidad amplía esa mirada. En Kayambi trabajamos con páramo, bosque, restauración, suelo, producción y familias. Todo forma un patrimonio vivo cuyo horizonte supera una generación. Por eso resulta particularmente oportuna la conversación iniciada ahora con Familias Empresarias de Chile: la lógica de patrimonio, gobernanza, continuidad y sucesión tiene mucho que aportar a una arquitectura concebida para cuarenta años. Una familia preserva patrimonio para la siguiente generación; un territorio puede hacer exactamente lo mismo con su capital natural. El Carbono completa el ABC. URKU nos permitió representar una parte medible de esos resultados ambientales y el modelo evolucionó hasta tratar ese carbono prioritariamente como reserva estratégica de valor. Se mide, verifica, registra, custodia y acumula. La economía real, mientras tanto, genera los flujos mediante agua, saneamiento, energía, producción sostenible, infraestructura hídrica y otros servicios. Así aparece una secuencia económica mucho más completa: naturaleza, medición, patrimonio, reserva, inversión, producción y bienestar. DE ABC A PACES El ABC describe la base natural. PACES incorpora las dimensiones Política, Ambiental, Cultural, Económica y Social en las cuales ese patrimonio debe producir resultados. La metodología de Quito estableció precisamente que una iniciativa debía poder responder preguntas concretas sobre el activo existente, el dato que lo demuestra, los derechos y competencias, el método para medirlo, el capital requerido y los acuerdos necesarios para ejecutarlo. El Toolkit permitió además priorizar páramos, agua, bosques y la integración del ABC. Hoy agregamos la pregunta económica: ¿cómo convertimos ese patrimonio natural verificable en capacidad permanente de inversión preservando el activo que produce su valor? SANTIAGO: DEL PATRIMONIO A LA INVERSIÓN Aquí Chile adquiere sentido dentro de la ruta. El territorio permanece donde está: el páramo en Cayambe, el agua en su cuenca, el bosque en su ecosistema y las comunidades ejerciendo sus derechos. La arquitectura financiera puede aprovechar desde Chile capacidades de administración de inversiones, fondos, estructuración fiduciaria, regulación, tecnología financiera y conexión internacional. Es una idea sencilla y poderosa: la naturaleza permanece; el capital circula. La cartera que venimos estructurando lleva esa lógica a la economía real. Agua, saneamiento, energía, residuos e infraestructura hídrica pueden producir sus propios flujos. Los resultados ambientales se mantienen como patrimonio verificable que fortalece la estructura financiera. La conservación acumula valor mientras la inversión trabaja. De esa manera, la naturaleza entra al balance sin tener que salir del territorio. LAS PERSONAS COMPLETAN EL MODELO También por eso importa quién se sienta hoy a la mesa. Aparte de los anfitriones hay líderes chilenos de pueblos originarios de acá, más colegas de Ecuador, Perú y Colombia, que se incorporan además con experiencias académicas, empresariales, comunitarias, financieras e institucionales. El valor está precisamente en esa diversidad de capacidades. La presentación de Quito lo definió bien: el Hexágono reúne pueblos y comunidades, gobiernos, familia y naturaleza, inversión y finanzas de impacto, conocimiento, ciencia y tecnología, y empresas y sector productivo. La regla es igualmente importante: un acuerdo adquiere solidez cuando puede sostenerse entre los distintos vértices. Eso es lo que treinta años de trabajo nos han ido enseñando. DE QUITO A SANTIAGO Quito construyó el Plan de Impacto. Santiago construye hoy el Programa Económico. Bogotá llevará ese programa hacia los participantes financieros; Lima hacia los procesos administrativos; Panamá hacia los parámetros técnicos. Luego corresponde llevar la arquitectura completa nuevamente al territorio y a la inversión. Hay una lógica económica detrás de toda la secuencia. El agua mejora la productividad; la conservación protege el agua; la biodiversidad aumenta resiliencia; la producción genera ingresos; la medición produce información; la verificación genera confianza; la confianza moviliza capital; el capital financia infraestructura; y la infraestructura produce nuevamente bienestar y capacidad de conservación. Así se crea valor cooperando. Y allí las PACES dejan de ser una abstracción. Se convierten en una arquitectura de incentivos mediante la cual cada participante encuentra valor en que el conjunto funcione. HOY, EN SANTIAGO Treinta años después de comenzar este recorrido entre Ecuador y Chile y casi diez después de regresar a vivir aquí, hoy volvemos a una mesa. Alrededor de ella confluyen una Machi Mapuche y un hombre proveniente de la Armada; territorio desde Cayambe; agua e infraestructura; economía y mercados de capitales; empresa, academia, comunidades e inversión. Personas que llevan años en este recorrido y otras que se incorporan ahora. Quito ya dejó la base: Agua, Biodiversidad y Carbono integrados dentro de una visión territorial de cuarenta años y de una plataforma destinada a hacer las PACES en Los Andes. Hoy Santiago toma esa base y la convierte en Programa Económico. Después vendrán el capital, los procesos y los parámetros. Y volveremos al territorio. Treinta años de trabajo. Cinco diálogos. Tres letras. Una cordillera. ABC de las PACES. Porque cuando la naturaleza se convierte en patrimonio verificable, ese patrimonio genera confianza; la confianza moviliza inversión; la inversión construye producción y bienestar; y ese bienestar fortalece a las personas y territorios que conservan la naturaleza. Así hacemos las PACES.

MAGNIFICA HUMANITAS La batalla es cultural: la paz también se diseña Por Roberto F. Salazar-Córdova Economista La batalla es cultural. Antes que jurídica, es de verdadera "Hacienda" moderna; es una batalla sobre la manera en que entendemos la sociedad: si creemos que los problemas humanos se resuelven acumulando derechos, normas y posiciones, o si entendemos que los derechos necesitan instituciones, recursos, incentivos y crecimiento para convertirse efectivamente en bienestar. En definitiva, si administramos restricciones legales o diseñamos soluciones que nos alejen de los líos del subdesarrollo que nos afecta a todos en los Andes. Ecuador y Chile ofrecen un experimento histórico extraordinario para observar esa diferencia. En los años 70 del siglo XX todo cambió, y en el siglo XXI, Ecuador se hundió en su Constitución de la mano de abogados gobernando de 2008 a 2018. Lo advertimos, desde nuestro Memorando Económico de Investigación Legislativa, donde defendíamos tres anclas: dolarización, derechos y diálogo, y advertíamos sobre los costos de convertir la Constitución en un programa económico exhaustivo. Años después, cuando el estallido chileno de 2019 abrió un nuevo ciclo constituyente, vimos aparecer en Chile preguntas que Ecuador ya había enfrentado. Los resultados posteriores permiten mirar aquella discusión con perspectiva. Ecuador adoptó en 2008 una Constitución extensa que se define como un “Estado constitucional de derechos y justicia” y constitucionaliza numerosas dimensiones del régimen de desarrollo, planificación, producción, sectores estratégicos y buen vivir. No es una caracterización adversarial: la propia documentación institucional ecuatoriana organiza su desarrollo constitucional precisamente bajo esas categorías. Chile recorrió la dirección contraria después de 1973 y en 2020 tras su estallido de 2019 y la pandemia. El “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” de noviembre de 2019 abrió formalmente la posibilidad de reemplazar la Carta vigente. El primer proyecto fue rechazado en septiembre de 2022 por 61,86% contra 38,14%. Posteriormente hubo cobardía y susto, y un segundo proceso constitucional. El resultado histórico es inequívoco en un sentido institucional: la Constitución de 1980, reformada —especialmente en 1989 y 2005— continúa siendo la Constitución vigente de Chile en 2026. Se ganó una batalla cultural en Chile que Ecuador jamás podrá revertir; hablamos sobre el lugar que debe ocupar la ley (a limitar) dentro de cada Constitución y hablamos sobre las libertades que nos dejan los abogados a la sociedad, a nuestras instituciones privadas y, particularmente, a nuestra economía. Derechos y resultados Una Constitución, como un contrato, puede ser letra muerta: puede reconocer un derecho. No puede fabricar por decreto los recursos reales necesarios para satisfacerlo. Puede establecer garantías. No puede abolir la escasez. Puede ordenar objetivos. No puede reemplazar productividad, ahorro, inversión, tecnología, capital humano ni crecimiento. Ésta es una distinción elemental por la cual los mejores ingenieros comerciales en Chile son a la vez economistas y por la cual rara vez se tiene a abogados capaces matemáticamente de culminar postgrados de economistas; esa diferencia va de lo micro a lo macro y es decisiva para una sociedad. Los derechos constituyen referencias superiores que debemos preservar. La legislación civil proporciona reglas para nuestras relaciones. Pero entre declarar un derecho y hacerlo materialmente posible existe un enorme espacio de producción, inversión, incentivos, información, riesgo, precios, financiamiento y cooperación. Ese espacio es económico. Y cuando olvidamos esa secuencia, podemos terminar gastando en conflictos no mediados por abogados en tribunales midiendo el día a día por el número de derechos escritos, cuando deberíamos medirlo más bien por la capacidad real de las personas para generar ingresos hormiga bajo un modelo capaz de digerir en red un elefante muerto. Chile y Ecuador permiten hacer precisamente esa cuenta. Una brecha enorme En 2024 Chile produjo US$330.300 millones y Ecuador US$124.700 millones. La economía chilena fue 2,65 veces la ecuatoriana. Por habitante, Chile produjo US$16.710 y Ecuador US$6.875: 2,43 veces más por persona. En ese mismo año Chile creció 2,6% mientras Ecuador se contrajo 2,0%. La magnitud importa. Estamos hablando de casi US$10.000 adicionales de producción anual por habitante. Multiplicada por 18 millones de personas en ambos países y repetida durante décadas, esa diferencia se convierte en vivienda, ahorro, capital empresarial, carreteras, universidades, hospitales, tecnología, capacidad fiscal y patrimonio familiar. La cuenta del bienestar, sin embargo, tiene dos lados. Hay una brecha por aquello que una sociedad produce, y existe además una brecha peor: aquello de valor que sus conflictos destruyen. Podemos expresarlo de manera sencilla: Bienestar = beneficios de la cooperación − costos del conflicto. Allí la distancia entre ambos países se hace todavía más relevante. No porque Chile sea un modelo perfecto —evidentemente no lo es— ni porque Ecuador carezca de enormes fortalezas, que evidentemente las tiene. La batalla es cultural: dejar atrás las "leguleyadas". La pregunta que interesa es por qué dos sociedades sudamericanas con una raíz del mismo código civil que sigue siendo históricamente próxima han terminado acumulando capacidades económicas tan diferentes. La respuesta es "el ladrillo"; los Chicago Boys, y el cambio hacia mirar a los economistas en vez de mirar hacia los abogados, pues el desarrollo no puede ser monocausalmente establecido como "estado de derecho" o peor aún de "derechos". Sin dar paso a quienes organizamos las responsabilidades desde la economía, la doble brecha de la magnitud 3x1 no puede despacharse como obra de casualidad por genialidad jurista ortodoxa en un mundo que cambia a diario, literalmente. La flexibilidad de la Constitución chilena sobrevivió al estallido Este punto merece pensarlo a fondo. Chile vivió desde octubre de 2019 el mayor cuestionamiento social de su arquitectura institucional en décadas. El propio proceso constituyente nació del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” alcanzado en medio de aquella crisis. Se les entregó a los abogados un papel en blanco. Fracasaron estrepitosamente. Los accionistas votantes los rechazaron. Pudo haberse producido una sustitución completa. No ocurrió. Después del estallido, después de la Convención Constitucional, después de una campaña nacional extraordinariamente intensa y después de un segundo proceso constitucional, ahora con otros abogados (esta vez de derechas) fracasó igual. Los economistas fuimosnpor el rechazo la primera vez y por el en contra la segunda vez. Gracias a Dios y a nuestra campaña política de fondo, ganamos dos veces y el país continúa funcionando en 2026 sobre la Constitución cuya genealogía comienza en 1980. La reforma de 2005 fue especialmente importante: los políticos la hicieron con economistas modificando instituciones centrales y permitiendo fijar un nuevo texto refundido bajo la Presidencia de Ricardo Lagos, para generar inversión. La Biblioteca del Congreso destaca precisamente las grandes reformas de 1989 y 2005 como hitos de adaptación institucional. Esa es la parte de la experiencia chilena que me interesa. Una institución puede sobrevivir porque puede reformarse. La alternativa cultural es pretender resolver cada nueva demanda reconstruyendo completamente la normativa del sistema. Allí solo ganan los abogados, como el del caso "Hermosilla", por ejemplo, a quien Chile le acusa de lavado de activos, cohecho, soborno reiterado, delitos tributarios y tráfico de influencias. Chile, bajo la ruta legalista por izquierda y derecha, atravesó el estallido y dos procesos constituyentes. Su arquitectura fundamental resistió, cambió y continuó funcionando. Ecuador escogió en 2008 una constitucionalización mucho más amplia de su modelo social y económico. Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia de la República, fue reconociblemente una de las mentes legales principales en la revisión, el veto y la estructuración del texto constitucional definitivo. Pasado el tiempo, se le sentenció a 8 años de prisión por cohecho en el Caso Sobornos y cumplió parte de su condena en prisión y posteriormente accedió al beneficio de régimen semiabierto (prelibertad). Pamela Martínez, asesora jurídica e integrante de las mesas judiciales que dieron forma al andamiaje de la nueva Constitución, también fue condenada a 38 meses de prisión tras acogerse al recurso de cooperación eficaz con la Fiscalía, cumpliendo su sentencia reducida tras aportar pruebas clave (los cuadernos del caso) para condenar al resto de su cúpula que olvidó la economía y se hundió en el derecho y los derechos. En ADN@+ advertimos tempranamente sobre esta diferencia entre el “Estado social de derecho” y el “Estado constitucional de derechos” y sobre el riesgo de confundir el reconocimiento constitucional con el financiamiento efectivo de los derechos. Dieciocho años después, la pregunta sigue siendo económica, y lo es para todos los Andes: ¿qué arquitectura produce mayor capacidad material para hacer efectivas nuestras responsabilidades, más que llenarnos y empacharnos de derechos y pelearnos por leguleyadas? La respuesta está en los resultados Lo que hace crecer el PIB ayuda en todo. Sabemos que sin producción resulta bastante difícil financiar casi todo lo demás. Lo que permite financiar la seguridad también lo sustenta todo. La falta de diálogo económico genera pobreza y la última crea violencia, destruye capital humano, aleja la inversión y rompe la confianza de los mercados en proyectos de alianza a largo plazo. Caer en la égida normativista es alejarse del crecimiento y el bienestar positivista. Acercarse a lo que aminora el riesgo soberano también habla sobre una sociedad. Quedamos representados por el precio que terceros exigen para confiarnos su dinero. Modelar el desarrollo humano también nos acerca a la dignidad. Saber matemática permite aproximarnos a la capacidad efectiva de vivir más, educarnos y disponer de recursos. Por eso debemos mirar simultáneamente como hacemos los economistas: medir beneficios y costos. Una economía territorial que produce más por habitante acumula beneficios. Una sociedad anónima que necesita destinar cantidades crecientes de recursos a defenderse de conflictos acumula costos. Una red de inversores indígenas extorsionada por abogados de una especie de ONG local paga un impuesto informal al alejar inversores globales hermanados en igualdad de condiciones por votar en unanimidad. Una familia que necesita financiar abogados pierde capital de trabajo. Una inversión que se aleja y ya no llegará por todo lo anterior es producción nacional futura impedida. Una prima de riesgo adicional se pagará durante años en un país donde se escucha sobre derechos, derecho y papeles sobre papeles. Evitar el conflicto tiene contabilidad. Y ésa es precisamente la cuenta en la que una cultura debe estar concentrada: en posiciones unánimes donde a nadie se le puede dejar fuera. La diferencia cultural Chile no se convirtió jurídicamente en un país anglosajón. Sigue perteneciendo a la tradición civil continental y su Código Civil es precisamente la gran obra de Andrés Bello. Pero en economía ocurrió algo diferente. Desde mediados del siglo XX Chile desarrolló una fuerte conexión con la tradición económica estadounidense. La relación académica con la Universidad de Chicago es la expresión más conocida, aunque posteriormente economistas de distintas escuelas conservaron un papel central en la conducción de la política económica chilena. Lo verdaderamente importante no es Chicago. Es el método. Modelar antes de concluir. Explicitar supuestos. Observar datos. Identificar incentivos. Calcular costos de oportunidad. Incorporar riesgo. Descontar el futuro. Medir resultados. Corregir cuando la evidencia contradice al modelo. La cultura anglosajona que interesa aquí no consiste en importar el common law a los Andes. Consiste en una aproximación pragmática en la que las instituciones se evalúan también por los resultados que producen. Chile conservó a Bello y aprendió a modelar. Esa es una combinación particularmente interesante para Ecuador y los Andes. Sin embargo, no es la mayor ley real. Hay otras, morales, superiores, que se deben cuidar por sobre lo constitucional: lo espiritualmente cultural. Magnifica Humanitas Aquí aparece el matemático (literalmente) Papa León XIV. Magnifica Humanitas, su primera encíclica, coloca a la persona humana frente a una revolución tecnológica capaz de procesar cantidades de información que hace pocos años parecían inimaginables. El problema no es que la inteligencia artificial sepa poco. Hay lío precisamente porque puede saber muchísimo y equivocarse. En septiembre de 2026 conocimos un caso extraordinario: según una investigación de CNN, un proceso de inteligencia estadounidense asistido por IA produjo una conclusión falsa sobre la carga de un buque chino. La información avanzó suficientemente para provocar preparativos operacionales antes de que una revisión posterior detectara el error. El episodio contiene una lección cultural formidable. Una conclusión puede parecer suficientemente sólida para avanzar en una institución y seguir siendo falsa. Algo parecido pasa en la inteligencia artificial que ha desplazado a los abogados, cada vez más y más... Más legislación no garantiza mejor juicio. Más reglas tampoco. La cuestión decisiva no es la norma; es el mecanismo de innovación mediante el cual transformamos información de mercado en decisiones eficientes. Eso no lo diseña un asesor jurídico. De la inteligencia artificial a la economía real Hoy la economía contemporánea tiene algo extraordinariamente importante que aportar. Sabemos de Redes Neuronales y ALGORITMOS. John Nash nos enseñó que el resultado de cada participante depende de aquello que hacen los demás. Thomas Schelling llevó esa interacción al conflicto y mostró que incluso quienes poseen intereses enfrentados conservan espacios de cooperación unánime. Si un juego se juega sucesivamente, la confianza se mecaniza. Robert Aumann incorporó la repetición: si sabemos que mañana volveremos a encontrarnos, cambia nuestra decisión de hoy. En 2005, el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas reconoció precisamente a Schelling y Aumann por profundizar nuestra comprensión del conflicto y la cooperación mediante teoría de juegos. Eso crea un ADN@+. Y hablando de ADN@+: Hurwicz, Maskin y Myerson dieron el paso clave: diseño de mecanismos. Ya no necesitamos limitarnos a preguntar qué resultado producirán unas reglas determinadas. Podemos comenzar por preguntarnos qué resultado queremos alcanzar y después diseñar las reglas, incentivos e información necesarios para hacerlo posible. Ésta es una de las ideas más poderosas de la economía moderna. Porque transforma nuestra relación con el conflicto y nos lleva a menospreciar el rol de los litigantes, porque se vuelven una alternativa irrelevante para el crecimiento, la seguridad y la paz. En ello, nos acercan a la sabiduría de los abuelos. Crear antes de repartir Supongamos que no hacemos caso a nuestros padres y abuelos y nos ponemos tercos porque estamos mal asesorados por abogados con agenda de conflicto: antes de pelear, existen 10 unidades de ingresos y dos partes desean esos mismos 10. Podemos comenzar inmediatamente a discutir, vía leguleyadas, si la distribución correcta es 6–4, 7–3, 5–5, 2-8, ó 1-9. La Economía permite hacer una pregunta anterior: ¿por qué suponemos que solamente existen 10? Quizás una estructura financiera diferente los convierte en 25. Una inversión de 5 en una nueva tecnología los deja en 20, y los 10 previos pasan a ser totalmente relativos. Un horizonte temporal diferente permite que una parte reciba liquidez hoy y otra valor mañana. Una garantía modifica el riesgo. Una externalidad puede internalizarse. Un activo hasta entonces invisible puede incorporarse. Entonces, aquello que parecía una disputa distributiva era realmente una oportunidad para no pensar en juegos de suma cero (a la jurídica) y convertir la gestión en una forma compartida de gobernanza en la línea económica (una oportunidad de diseño). Bajo unanimidad de socios, el trabajo del abogado ni siquiera es relevante para dejar por escrito lo que se distribuye, pues existe ya una respuesta automática a una pregunta todavía más importante: ¿tiene sentido ganar 7 hoy si para hacerlo destruimos 100 mañana? Aumann entra nuevamente en escena. La siguiente partida existe. El conflicto cuesta Coase y Williamson explicaron otra parte del problema. Transar cuesta. Negociar cuesta. Supervisar cuesta. Hacer cumplir cuesta. La incertidumbre cuesta. Y la tendencia a generar conflicto que introducen los juristas crea el conflicto y multiplica esos costos que solo van a parar a casas y caballos, yates y helicópteros para los abogados. Una sociedad puede perder enormes cantidades de riqueza sin que aparezca valor, y peor aún, destruyendo valor por mala asesoría jurídica desde una línea llamada “conflicto” en sus cuentas tradicionales. Una sociedad sana no aparece fragmentada. No sufre de menor inversión. No gasta en mayor seguridad privada. No necesita autos a prueba de todo con mayor costo de financiamiento. Todo eso es Capital que sale, empresas que no nacen, proyectos que se postergan, talento que emigra definitivamente y no vuelve más, familias que ahorran menos para visitar su pasado, que sigue siendo, en los que quedaron, el de una serie de estados que pagan más intereses, y territorios de pueblos que dejan de recibir inversión. Por eso la paz no es solamente un valor moral. Es un activo económico. La batalla cultural Ahora podemos volver al comienzo. La batalla cultural no consiste en escoger entre derechos y Economía. Los derechos importan poco porque vía responsabilidad podemos hacerlos realidad. La diferencia está en creer que escribirlos ex ante produce automáticamente los recursos necesarios para satisfacerlos. No los produce. Llegan después. Los recursos se crean. El capital se acumula y si no se puede lidiar con la inseguridad jurídica, se venden los fierros y se camina a lugares liberales, donde los economistas producen la riqueza de las naciones sin ataduras políticas ni legislaturas atrasadas, ineficaces, trasnochadas y desgastantes. La productividad se construye. La confianza se gana. Las inversiones se atraen. Los incentivos se diseñan. Los conflictos se procesan. La cooperación se organiza. Eso exige Economía. La Constitución es mejor si es mínima y si proporciona el gran, gran, gran marco general, macro, macro, principista total, de derechos y garantías. Nuestra tradición civil andina está lejos de eso: proporciona la infraestructura básica para organizar relaciones conflictivas, no económicas, entre personas, bienes y obligaciones. Después de los contratos incompletos comienza la destrucción. En Sierra|ANDES hemos superado eso: todo es observable en juntas y boards; todo es verificable en diálogos y blockchain, y todo es exigible vía tokens y gemelos digitales. PACES Así hacemos políticas, ambiente, cultura, economía y sociedad. Ese es el espacio en el que trabajamos desde la Administradora de Inversiones Red Santa Cruz de Chile. Nuestra respuesta es "Hacer las PACES". Política, Ambiente, Cultura, Economía y Sociedad forman dimensiones de una misma arquitectura de desarrollo. Ninguna puede comprender por sí sola todo el problema y ninguna necesita desaparecer para que exista una solución común. La diferencia es información. Ese es el principio. Una sociedad que transforma inmediatamente cada diferencia en posición pierde información. En cambio, una sociedad que primero pregunta qué contiene esa diferencia puede descubrir restricciones, oportunidades y soluciones que antes no veía, y lo puede hacer de forma óptima bajo unanimidad. Para hacer eso posible desarrollamos el Diálogo Hexagonal y Hexagon Toolkit V1.0, V2.0 y ahora V3.0 Dialogar es producir información El territorio sabe algo que el capital no sabe. El capital conoce restricciones que pueden no ser visibles desde el territorio. La ciencia mide. La producción conoce procesos reales. La tecnología procesa información. Las instituciones organizan. Cuando esas perspectivas se encuentran, cambia el conjunto de soluciones posibles. Dialogar deja entonces de ser solamente una virtud. Se convierte en una tecnología económica. Primero obtenemos información. Después modelamos. Luego buscamos combinaciones. Finalmente decidimos. La secuencia importa. Gobernanza Una arquitectura económica necesita además convertir el diálogo en decisiones. Por eso existen Junta, Board y comités comerciales, técnicos y tecnológicos, cada uno con funciones diferentes. La Junta gobierna sobre todos dentro de sus competencias con inversores y preinversores 100% representados; el Board ejecuta bajo la regla de Junta; los comités profundizan el conocimiento especializado; los procedimientos parlamentarios transforman la deliberación en decisiones identificables. La unanimidad, en cada espacio, crea las materias para las cuales ha sido establecida y tiene también una lectura económica. Un simple "no" significa que todavía existe información que el mecanismo no ha conseguido incorporar suficientemente. Puede faltar precio, plazo, distribución, garantía, liquidez, confianza o simplemente una alternativa mejor. Entonces volvemos al mecanismo. No porque todos debamos pensar igual. Precisamente porque pensamos diferente. La solución es comercial, técnica, tecnológica, administrativa o de gobernanza en Junta. Todo lo que se produce se graba y se ordena en un Texto Unificado de Legislación propia. TULSA En Sierra|ANDES sabemos que Aumann tenía razón, y necesitamos memoria. Eso es TULSA. Las decisiones de hoy tienen antecedentes. Las inversiones realizadas revelan expectativas. Los acuerdos generan conductas. Los mandatos producen ejecución. Las decisiones posteriores desarrollan las anteriores. Una fotografía puede ser completamente verdadera y producir una interpretación completamente equivocada si se presenta como si fuera toda la película. TULSA conserva la película. Es la memoria de un juego repetido. ABC Todo eso se traduce en 3 activos de capital fijo que se convierten en circulante tokenizado: Agua, Biodiversidad y Carbono, ABC. Nuestra función de bienestar incorpora como factor Tierra un juego que parte de la Naturaleza: aquella jugadora primordial que la economía tradicional dejó durante demasiado tiempo fuera de balance. Agua, Biodiversidad y Carbono: ABC. Un páramo produce regulación hídrica aunque no emita una factura. Un bosque almacena carbono aunque históricamente su precio haya sido cero. La biodiversidad produce resiliencia. El suelo almacena y produce. Las comunidades conservan conocimiento. Precio cero nunca significó valor cero. El problema económico consiste en hacer visible ese valor sin destruir el activo que lo produce. Para eso hemos tokenizado y hemos levantado capital. URKU y SIERRA|ANDES URKU surge de esa lógica y levanta capital con dicha apuesta. Reconocer una tonelada de carbono no basta. Necesitamos medición, trazabilidad, permanencia, gobernanza, verificación, reservas, distribución de beneficios, mercados y confianza. El valor no reside únicamente en el activo. Está ahí el Token como el mecanismo que permite sostenerlo. SIERRA|ANDES integra esas piezas territorialmente vía blockchain a través de los 8 países. ABC identifica capital natural; PACES incorpora las dimensiones humanas; el Diálogo Hexagonal revela información; Hexagon Toolkit procesa preferencias; la gobernanza convierte información en decisiones; TULSA conserva memoria; URKU conecta naturaleza, tiempo y valor. No es solamente conservación. Es Economía. EUUA Eso nos hace viables como una unidad no leguleya, ni jurídica, ni supracostitucional ni infraconstitucional, sino como un territorio económicamente unido por esa arquitectura que puede escalar territorialmente lejos de las ataduras jurídicas que han hecho desaparecer la unión real de los Estados Unidos del URKU en los Andes —EUUA—. Nosotros no necesitamos sustituir Estados ni borrar fronteras. Los tokens fluyen. Chile fluye. Las constituciones nacionales continúan protegiendo sus respectivos derechos y garantías. Las identidades permanecen. Los pueblos permanecen. Lo que podemos compartir son mecanismos. El agua atraviesa fronteras. La biodiversidad forma corredores. El carbono pertenece a una atmósfera global. El capital circula. La tecnología circula. El conocimiento circula. Los Andes pueden cooperar preservando sus diferencias. Esa es precisamente la idea. De Ecuador a Chile y de Chile a Los Andes En ADN@+ hemos recorrido esta discusión durante años. Desde MEIL en Ecuador hasta ADN@+ en Chile, la brújula ha sido la misma: investigación, diálogo, libertad económica, reglas claras y paz social. Ecuador enseñó tempranamente el riesgo de pretender llevar demasiadas respuestas al texto constitucional. Chile estuvo extraordinariamente cerca de recorrer un camino semejante después de 2019. Nuestra ciudadanía decidió finalmente conservar el marco vigente y continuar reformándolo en chilenidad de fondo. Eso no resuelve todos los problemas chilenos; el país mantiene desigualdades, bajo crecimiento reciente y desafíos sociales importantes, pero preservó una arquitectura que habrá de acompañarnos para mantener una acumulación económica muy superior a la ecuatoriana. El resultado merece ser observado sin complejos. Chile produce 2,43 veces más por habitante que Ecuador. No porque una Constitución produzca PIB. Precisamente ese es el punto. Las constituciones no producen PIB. Las sociedades lo producen. Y para hacerlo, los economistas necesitamos espacio para no matar incentivos, inversión, instituciones, capital, confianza y capacidad de resolver diferencias sin consumir en ellas aquello que deberían estar construyendo. "Magnifica Humanitas" en Los Andes Ahí vamos cerrando: desde la conexión con el infinito en la sostenibilidad definitiva de León XIV. El peligro de la inteligencia artificial aparece cuando confundimos capacidad para procesar una parte con autoridad para gobernar el conjunto. La respuesta no consiste en renunciar a la tecnología. Consiste en colocarla dentro de una arquitectura humana. Lo mismo vale para nuestras instituciones. Las constituciones deben preservar derechos y garantías. La legislación civil debe proporcionar reglas muy gruesas, suficientemente claras para nuestras relaciones. Las especialidades deben aportar conocimiento. Pero después alguien tiene que diseñar cómo personas diferentes cooperan bajo escasez. Esa es una pregunta económica. Nash nos dio el equilibrio. Schelling nos permitió comprender conflicto y cooperación. Aumann incorporó la siguiente partida. Hurwicz, Maskin y Myerson nos enseñaron a diseñar mecanismos. Coase y Williamson incorporaron los costos de transacción. Ostrom mostró cómo gobernar lo común. Desde Red Santa Cruz somos economistas y hemos logrado llevar esa tradición al territorio. PACES integra Política, Ambiente, Cultura, Economía y Sociedad; el Diálogo Hexagonal transforma diferencias en información; Hexagon Toolkit ayuda a procesar preferencias; la gobernanza convierte esa información en decisiones; TULSA preserva memoria; ABC incorpora Agua, Biodiversidad y Carbono a nuestra función de valor; URKU conecta naturaleza y tiempo; SIERRA|ANDES convierte el mecanismo en inversión territorial, y EUUA permite imaginarlo a escala andina. Esa es nuestra batalla cultural. No es una batalla contra personas. Es una batalla entre maneras de pensar. Entre creer que el bienestar puede escribirse y comprender que debe construirse. Entre consumir valor en conflictos y producirlo mediante cooperación. Entre convertir cada diferencia en una posición y convertirla primero en información. Entre repartir 10 y preguntarnos cómo producir 25. Ecuador y Chile muestran que las diferencias institucionales terminan apareciendo en los resultados. Una brecha de 2,4 veces en el producto por habitante es demasiado grande para ignorarla. El desafío de Los Andes consiste ahora en ir más lejos: incorporar a esa cuenta naturaleza, cultura, comunidades, tecnología, inversión, memoria y paz. Esas son las PACES. No son una promesa constitucional. Son la base de un modelo económico. Es una serie de responsabilidades que crean espacio para los derechos que necesitan recursos, manteniendo la naturaleza con quienes necesitan incentivos, y curando todo con la inversión que necesita confianza, alejando las diferencias vía mecanismos. Lo dejo por escrito porque busco la unanimidad y porque hablando y escribiendo se entiende la gente siempre y en todo lugar que, finalmente, busca la paz que no consiste solamente en dejar de combatir. Súmate, querido lector, a construir un equilibrio en el que cooperar produzca valor porque adoptamos una cultura ajena al confrontar. Esa es la tarea de nuestra generación. La batalla es cultural. La paz también se diseña.

Por Denisse en Cayambe y los Andes Roberto F. Salazar-Córdova Ella es candidata. La apoyo. Lo digo después de casi veinte años intentando responder una misma pregunta: ¿cómo conseguir que la extraordinaria riqueza natural de nuestros territorios andinos y amazónicos deje de ser solamente algo que debemos proteger y se convierta también en una fuente sostenible de bienestar, inversión y futuro para los pueblos que la han conservado? No llegamos a Denisse de la Cruz en una campaña electoral. Llegamos después de Yasuní, de Tzapapentza, de los pueblos Shuar y Achuar, de Sapap-Entsa, de SAPAP KUIT, de CHALUPAS, de Cambridge, de innumerables reuniones, modelos financieros, intentos, aciertos y aprendizajes. Y llegamos finalmente al Pueblo Kayambi. Por eso nuestra decisión tiene historia. En marzo de 2015 llevamos esa búsqueda a Cambridge. Los documentos que todavía conservo permiten reconstruirla con precisión. El 26 de marzo, en el University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, participamos en un Diálogo de Líderes sobre negocios responsables y gobernanza glocal. Wayne Visser participó en aquella jornada. Y allí estaba ya una idea que hoy resulta sorprendentemente familiar: Tzapapentza. Tzapapentza planteaba un Non-Mining Bond y una arquitectura de alianzas alrededor de bienes y servicios ambientales en áreas protegidas por comunidades. La agenda de Cambridge incorporaba recursos genéticos, cultura ancestral y bienes y servicios ambientales; incorporaba a Morona Santiago; incorporaba comunidades amazónicas. Y allí aparecía también algo que seguimos utilizando once años después: el Diálogo Hexagonal. De 18:00 a 19:00, después de la jornada formal, la agenda registraba una presentación especial sobre sostenibilidad y cultura ancestral en Ecuador y un diálogo informal sobre Tzapapentza y las comunidades amazónicas. Nada de esto comenzó ayer. Antes habíamos vivido la experiencia de Yasuní-ITT. Allí aprendimos también algo esencial. Los Tagaeri y Taromenane son pueblos en aislamiento voluntario y, precisamente por ello, jamás correspondía construir una relación basada en el contacto. Su decisión de permanecer aislados debía y debe ser respetada. Aquello dejaba, sin embargo, una interrogante institucional enorme para quienes pensábamos modelos de conservación: ¿cómo construir una economía territorial sostenible cuando, por definición, una parte de quienes habitan y protegen ese territorio no puede constituirse en contraparte de una arquitectura económica externa? La respuesta comenzó a aparecer después. Con Tzapapentza y posteriormente con Sapap-Entsa trabajamos directamente con la institucionalidad territorial de Morona Santiago y con pueblos Shuar y Achuar. Allí fue fundamental Marcelino Chumpi. Desde 2016 existe una secuencia documental de productos técnicos, matrices, hojas de ruta, estructuración y proyección internacional. Sapap-Entsa avanzó, después evolucionó hacia SAPAP KUIT, y en 2022 yo todavía discutía esa propuesta de inversión directamente con Wayne Visser. En 2024 nuestro calendario seguía registrando el trabajo del Team Saapap Kuit. Aprendimos mucho. Aprendimos que disponer del patrimonio natural no basta. Que tener un buen modelo financiero tampoco basta. Que la tecnología por sí sola tampoco resuelve el problema. Y que un proyecto pensado para cuarenta años necesita una institucionalidad capaz de atravesar ciclos políticos de cuatro. CHALUPAS fue otra generación de ese aprendizaje. Profundizamos la estructuración financiera y público-privada. Avanzamos nuevamente desde una autoridad territorial. Pero todavía nos faltaba cerrar completamente la cadena que conecta territorio, medición, certificación ambiental, inversión, tecnología, gobernanza y permanencia. Entonces llegamos al Pueblo Kayambi. Y allí apareció Denisse de la Cruz. Encontramos una mujer joven, firme, organizada y estructurada. Pero, sobre todo, encontramos algo que para nosotros era indispensable después de tantos años de aprendizaje: una dirigente que ejercía liderazgo desde la institucionalidad de su propio pueblo. Denisse no llegó sola. Llegó con el Pueblo Kayambi. Con Confederación, Federación, comunidades, familias, productores, autoridades propias, conocimiento territorial y capacidad de deliberar y decidir. Ese liderazgo fue fundamental para que nosotros decidiéramos concentrarnos cada vez más y finalmente prácticamente a tiempo completo en esta tercera generación del proyecto. Porque esta vez las piezas comenzaron a encontrarse. En febrero de 2024 comenzó la construcción que desembocaría en SIERRA|ANDES. En julio ya realizábamos muestreos de suelo de páramo con habitantes del Pueblo Kayambi, técnicos, información satelital y 21 puntos de control. El 14 de mayo de 2025, la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Producción Agropecuaria Sostenible Kayambi trató formalmente SIERRA|ANDES con Federación, Confederación, Red Santa Cruz, El Ordeño y representantes productivos. En febrero de 2025 ocurrió además algo que para mí representa bien el papel de Denisse. La delegación de SIERRA|ANDES llegó a Lima para el prelanzamiento del Fondo Andes encabezada por ella, entonces presidenta de la Confederación del Pueblo Kayambi, acompañada por dirigentes productivos lecheros y floricultores de Cayambe y representantes del sector agropecuario. No era solamente una dirigente hablando de conservación. Estaba presentando un territorio ante una arquitectura andina de inversión. Eso era exactamente lo que durante años habíamos intentado construir. Después vinieron el PDD, URKU A, URKU B, URKUPay, el Fondo, el Subfondo, el MRV, el Gemelo Digital, BioCarbon, la estructuración financiera, la propiedad intelectual, la inversión, la custodia documental, las nuevas alianzas académicas y tecnológicas y, finalmente, ABC@PACES: Agua, Biodiversidad y Carbono articulados con las dimensiones Política, Ambiental, Cultural, Económica y Social. Y vino también algo menos visible, pero quizá todavía más importante: institucionalidad. Al 19 de septiembre de 2026, TULSA consolida 156 artículos de decisiones adoptadas por las Juntas y Boards de SIERRA|ANDES, distinguiendo siempre un órgano del otro. Ciento cincuenta y seis. Decisiones sobre territorio, PDD, páramo, REDD+, restauración, URKU, precios, tesorería, distribución, inversión, confidencialidad, propiedad intelectual, tecnología, fondos, administración, derechos económicos, unanimidad, registro, MRV, agua, biodiversidad, carbono y reserva ambiental. El 8 de enero de 2026, la Junta comenzó a convertir la unanimidad en protección de las decisiones estructurales y de los participantes minoritarios. El 16 de abril estableció la custodia legal del PDD y de la documentación estratégica. El 15 de junio consolidó la unanimidad como regla general para las decisiones estructurales sobre gobernanza, derechos económicos, fondos, vehículos, activos, territorio, propiedad intelectual, PDD y registro. En julio avanzamos con BioCarbon Registry y con la trazabilidad ambiental de URKU. El 31 de julio consolidamos el territorio dentro de un único PDD y adoptamos como referencia técnica 18.251 hectáreas. Los estudios preliminares estiman allí aproximadamente 15,23 millones de toneladas de CO₂ almacenadas entre suelo y biomasa y un potencial acreditable cercano a 10,66 millones de tCO₂e en cuarenta años, sujeto, naturalmente, a metodología, PDD, validación, verificación y registro. Pero entonces hicimos algo todavía más importante: dejamos de necesitar vender ese carbono para demostrar que el proyecto tenía sentido. El Board del 8 de septiembre de 2026 estableció que el carbono debía funcionar como resultado ambiental verificable y reserva estratégica, con valor cero dentro del escenario base de rentabilidad. SIERRA|ANDES debía demostrar que podía sostenerse económicamente sin venderlo. Al día siguiente se reunió otro órgano, la Junta SIERRA|ANDES del 9 de septiembre. Los artículos 145 al 152 de TULSA ratificaron por unanimidad la continuidad, la viabilidad financiera sin venta de carbono, el carbono como reserva estratégica y activo ambiental subyacente, la separación entre reserva y rentabilidad, y la continuación del Fondo y del PDD. Y en las notas de esa misma Junta quedó registrado otro acuerdo: “Candidatura y apoyo político: respaldo unánime a candidatura con continuidad operativa garantizada.” Ese acuerdo tiene para mí un significado que va mucho más allá de una elección. Porque cuando la Junta llegó a esa decisión no estaba descubriendo a Denisse. Habíamos trabajado juntos. Habíamos viajado juntos. Habíamos construido juntos. Habíamos visto su capacidad para representar a su pueblo fuera del territorio y para regresar a trabajar dentro de él. Habíamos pasado de conversaciones a territorio; de territorio a medición; de medición a PDD; de PDD a activos ambientales; de activos a URKU; de URKU a reserva; y de reserva a una arquitectura financiera que hoy pretende financiar economía real durante décadas. Su liderazgo ha sido fundamental para nuestro avance en SIERRA|ANDES. Lo digo desde nuestra experiencia. Y esa experiencia es parte de una trayectoria pública más amplia: fuentes institucionales y periodísticas documentan a Denisse ejerciendo la presidencia y representación del Pueblo Kayambi en asuntos territoriales, culturales y organizativos durante los últimos años. Por eso veo tres generaciones. Yasuní fue la primera. Nos enseñó la magnitud de lo que queríamos proteger y las limitaciones de construir una solución global sin disponer de todos los mecanismos territoriales e institucionales que requería su permanencia. Tzapapentza, Sapap-Entsa, los pueblos Shuar y Achuar, SAPAP KUIT y CHALUPAS fueron la segunda. Allí incorporamos liderazgo territorial, estructuración, inversión, tecnología, nuevas generaciones y una economía de bienes y servicios ambientales. Denisse, el Pueblo Kayambi y SIERRA|ANDES constituyen para nosotros la tercera. No porque lo anterior haya desaparecido. Exactamente al contrario: porque esta tercera generación recoge casi veinte años de aprendizajes. Cambridge está aquí. Tzapapentza está aquí. Sapap-Entsa está aquí. SAPAP KUIT está aquí. CHALUPAS está aquí. El Diálogo Hexagonal está aquí. ADN@+ y Red Santa Cruz están aquí. Y hoy todo aquello se expresa en SIERRA|ANDES, ABC@PACES, URKU, el Fondo y 156 decisiones institucionales. Denisse es candidata a la Alcaldía de Cayambe para las elecciones seccionales de 2027. Su candidatura ha sido reportada públicamente entre las inscritas en agosto de 2026. Los ciudadanos de Cayambe tomarán su propia decisión en las urnas. La mía tiene otra naturaleza. Es la conclusión de una experiencia compartida y de una historia que puedo documentar desde hace casi dos décadas. He visto proyectos depender de gobiernos. He visto terminar ciclos políticos. He visto buenas ideas quedar incompletas porque faltaba territorio, financiamiento, certificación, tecnología o continuidad. Y he aprendido que para construir algo destinado a durar cuarenta años necesitamos instituciones y, dentro de ellas, personas capaces de sostenerlas. En el Pueblo Kayambi encontramos esa posibilidad. Y en el liderazgo de Denisse encontramos una pieza fundamental para hacerla realidad. Por eso, después de Yasuní, Cambridge, Tzapapentza, Sapap-Entsa, SAPAP KUIT, CHALUPAS, Kayambi y 156 decisiones de SIERRA|ANDES, puedo explicar con absoluta claridad la posición que adopté personalmente y la decisión que quedó registrada en nuestra Junta del 9 de septiembre. Yo me juego por Denisse.

¿Hacia el 18 de desempleo? ¿Qué pasa si se llega a 18% de desempleo? Roberto F. Salazar-Córdova, Economista Chile tiene un problema de empleo. En el trimestre mayo-julio de 2026, el desempleo llegó a 9,5%, 0,8 puntos más que un año antes. La fuerza de trabajo aumentó 0,7%, pero los ocupados disminuyeron 0,2%; los desocupados crecieron 10,4% y quienes buscaban trabajo por primera vez, 20,9%. No estamos en 18%. Pero la pregunta económica relevante es qué combinación de fuerzas podría llevarnos hacia allá. "THEORY AHEAD OF BUSINESS CYCLE MEASUREMENT"? Partamos de una hipótesis inicial que es dura de aceptar pero deliberadamente sencilla de formular: mientras más digitalizada es una economía respecto de su población, mayor puede ser su desempleo durante el proceso de sustitución tecnológica. La investigación muestra que la intuición contiene un problema real, aunque la relación es bastante más compleja que una relación directa y única. El Andamiaje Tecnología, migración, salarios reales, crecimiento, informalidad, capital humano y regulación laboral actúan simultáneamente. El peligro aparece cuando varios de ellos empujan en la misma dirección. I. El viejo problema vuelve con tecnología nueva El modelo competitivo clásico parte de una idea conocida: la demanda de trabajo disminuye con el aumento del salario real y la oferta aumenta con él. Con salarios y precios suficientemente flexibles, el salario real ajusta hasta vaciar el mercado. Si hay rigideces, se borra el mecanismo de ajuste automático. El desempleo involuntario persistente exige entonces explicar por qué ese ajuste no ocurre. Keynes tiene buena parte de la culpa. Keynes y los keynesianos de izquierdas y derechas: los políticos. Han logrado desplazar el problema hacia la insuficiencia de demanda agregada y hacia el Estado como medio y fin. Sume usted 9 puntos de desempleo causados por los políticos y 9 puntos causados por la tecnología y tiene su 18... ¿ES ESTO ASÍ? La literatura clásica y contemporánea ha concretado los salarios de eficiencia, búsqueda y matching, negociación colectiva, insiders y outsiders, capital humano, costos de contratación y despido, salario mínimo, impuestos al trabajo y seguros de desempleo. Sume a esto la Cuarta Revolución Industrial, la tecnológica digital, que incorpora ahora otra curva al problema: modifica directamente la demanda de determinadas tareas. Una empresa que puede producir lo mismo con diez personas en lugar de doce tiene un incentivo económico para hacerlo. La innovación también crea nuevas tareas, empresas y empleos; por eso el resultado agregado no tiene un signo predeterminado. La cuestión decisiva es si los nuevos puestos aparecen suficientemente rápido y si quienes pierden los antiguos pueden ocuparlos. El Rol de las Rigideces El BID encuentra precisamente esa heterogeneidad en América Latina. La automatización afecta empleo, salarios y distribución, y las industrias intensivas en tareas rutinarias presentan mayor exposición. Su estudio abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Otro trabajo del BID encuentra incluso efectos internacionales: la automatización estadounidense tuvo efectos negativos sobre empleo y salarios en Brasil y Colombia, pero positivos sobre empleo en México. Por tanto, tecnología no significa automáticamente desempleo. Significa un shock sobre la estructura de la demanda de trabajo. Volverse rígidos es el problema. Fluir es el juego. II. La hipótesis La primera hipótesis que someto a prueba y reporto en lo que sigue es: H1: a mayor inversión digital por habitante, mayor desempleo, manteniendo constantes las demás condiciones. La especificación inicial sería: Desempleo = f(tecnología per cápita, ingreso per cápita, pobreza). Después incorporemos los controles que exige la teoría: Desempleo = f(tecnología, PIB per cápita, pobreza, crecimiento, salario real, informalidad, regulación laboral). Finalmente probemos la interacción: Tecnología × regulación laboral. La intuición es importante. Una economía puede absorber rápidamente un shock tecnológico si los salarios relativos, las empresas y los trabajadores pueden ajustarse. Si simultáneamente existe escasez de capacidades, elevados costos de transición o instituciones mal diseñadas, la reasignación puede demorarse y el desempleo puede subir a tasas antes impensadas. La OCDE lo plantea de manera semejante: la protección laboral cumple funciones de seguridad importantes, pero cuando está mal diseñada puede reducir la capacidad de las empresas para responder tanto a fluctuaciones de demanda como a cambios estructurales. III. ¿Cómo Resolver? En la regresión transversal simple, latinoamericana, sin controles, el coeficiente de inversión digital per cápita es positivo: a mayor digitalización mayor desempleo, pero no algo directo que sea significativo: β tecnología = +0,066 R² = 0,149 p = 0,288 El signo coincide con la hipótesis: US$10 adicionales de inversión tecnológica por habitante aparecen asociados con aproximadamente 0,66 puntos adicionales de desempleo. Pero no es estadísticamente significativo. Introduciendo ingreso per cápita y pobreza multidimensional, el coeficiente tecnológico continúa positivo, pero cae: β tecnología = +0,011 p = 0,883 R² del modelo = 0,480 Al incorporar además crecimiento económico: β tecnología = +0,020 p = 0,762 R² = 0,578 Y al agregar protección del empleo: β tecnología = +0,029 β regulación = +0,642 R² = 0,592 p global ≈ 0,025 Los signos de tecnología y regulación son positivos, pero individualmente no resultan significativos. Probamos entonces algo más exigente: interacción multiplicativa... Tecnología × regulación. La interacción tampoco resultó estadísticamente significativa. No corresponde, por tanto, afirmar que en nuestra pequeña muestra latinoamericana se pueda demostrar con datos que la digitalización está causando el desempleo. Pero tampoco corresponde concluir lo contrario. El ejercicio descubre un problema de medición de la literatura recientemente usada. IV. Estamos midiendo tecnología con una regla demasiado gruesa La inversión en telecomunicaciones es infraestructura habilitante. No es automatización. Una empresa puede invertir millones en conectividad y lógicamente va a contratar trabajadores. Otra puede comprar una aplicación relativamente barata y eliminar cientos de miles de horas de tareas administrativas, como defensa si no está bajo ambientes rígidos que se lo impidan (para no quebrar). La variable relevante no es solamente cuánto capital digital existe por habitante. Es cuánto trabajo humano puede sustituir ese capital. La literatura reciente va precisamente hacia allá. El BID utiliza cuatro índices distintos de exposición ocupacional a inteligencia artificial en 14 países latinoamericanos y encuentra diferencias importantes según ocupación y trabajador; además ajusta por informalidad, salarios y cobertura sindical. Eso cambia la ecuación. Lo que genera el efecto multiplicativo dieciochero al medirse es: Presión tecnológica = automatización + IA + software + robotización + digitalización empresarial. La rigidez surge al comparar la tendencia con la falta de acuerdos para mejorar la respuesta: Capacidad de adaptación = educación + habilidades digitales + reconversión + movilidad laboral + creación de nuevas empresas y ocupaciones. No es una tarea que debamos dejarla en manos de la burocracia. La variable económicamente efectiva pasa a ser la creación de estrategias para solventar flexibilidades para navegar entre causas. V. Chile Aquí la hipótesis de solución adquiere liderazgo. Chile posee una infraestructura digital avanzada para América Latina. Data revisada por la OCDE encuentra simultáneamente una adopción rápida con déficit considerable de capacidades digitales. Apenas 11,7% de los adultos alcanza competencia en resolución de problemas en ambientes tecnológicamente intensivos, frente a 32,3% en la OCDE. Las empresas se adelantan a no contratar o a despedir en lugar de incluir y capacitar y probar. Aproximadamente 50% de los trabajadores chilenos se encuentra en empleos con alta probabilidad de verse afectados por automatización, en ausencia de innovación para hacer reconversión o crecimiento de masa laboral capacitada para atacar mercados globales. No hacer uso de los profesionales chilenos para emprender regionalmente es una pérdida de riqueza y oportunidades. Lo que falta es una fábrica de proyectos andinos, por lo menos. Eso es mucho más relevante que afirmar simplemente que Chile tiene mucha tecnología y exceso de capital humano. Lo que falta es ambición y liderazgo, apetito y organización, redes e instrumentos. Tenemos trabajadores expuestos y, simultáneamente, insuficientes capacidades para una economía crecientemente digital. Allí está la llegada al 1.8 en lugar del 18 en desempleo. RED SANTA CRUZ La IA de Hexagon Toolkit sumado a URKU acelera esa convergencia a través del Proyecto Sierra|ANDES porque aumenta drásticamente el beneficio de automatizar tareas cognitivas a escala. Ya no hablamos solamente del robot que sustituye trabajo industrial. Hablamos del software que redacta, calcula, programa, traduce, atiende clientes, clasifica documentos, procesa información y realiza una fracción creciente del trabajo administrativo vía gemelo digital como medio de trazabilidad. El BID calcula que unos 84 millones de empleos latinoamericanos estarán expuestos a IA en un horizonte de un año, 114 millones a cinco años y 132 millones a diez. Exposición no significa destrucción de esos empleos: muchos serán complementados o transformados. Esa distinción es fundamental para lo que estamos haciendo bajo el ABC para las PACES que nos permite URKU. Trabajamos desde 2019, en Red preventiva, con el trabajador de alto nivel, profesional, cuya tarea sí desaparecerá, adelantándonos a los hechos: convirtiéndonos en inversionistas de un futuro mejor; la diferencia radica en pasividad vs proactividad entre “transformación tecnológica” y “desempleo”. Todo depende de que creemos otro empleo al cual trasladarse las capacidades, ya como socios. VI. Elevando el Salario Real con URKU Aquí, al innovar, flexibilizamos y todo vuelve a la economía clásica. El salario relevante para la empresa nueva y propia no es simplemente el salario el que recibe el trabajador empresario. Es el costo total de no contratarse ni contratar. Para el trabajador tradicional candidato al desempleo estructural, en cambio, solo importa el salario real neto que obtiene. Adaptarse o desaparecer del mercado laboral. Entre ambos aparece una cuña. Si aumenta la productividad tecnológica mientras el costo de emplear personas permanece rígido o crece, la comparación empresarial cambia: Costo del trabajador / productividad del trabajador frente a Costo de automatización / productividad tecnológica. La automatización se vuelve relativamente más atractiva si uno mismo es el emprendedor. De vuelta a los datos Por eso el salario real debe permanecer en la regresión. Pero debemos tratarlo cuidadosamente porque también es endógeno: el desempleo afecta salarios y los salarios afectan empleo. La especificación definitiva debe utilizar salario real rezagado y, separadamente, costo laboral total, salario mínimo relativo al salario mediano y costos no salariales. No basta con decir “salarios altos”. Lo importante es el precio relativo del trabajo frente al capital tecnológico al emprender en Red (Santa Cruz). VII. Regulación Hoy no encontramos evidencia suficiente para afirmar que Chile sea excepcionalmente rígido si utilizamos solamente los índices tradicionales de protección frente al despido. Eso obliga a pensar que Chile es la mejor patria para la pregunta del emprendedor inversor. La aún favorable regulación laboral chilena no llegó a sucumbir al no cambiar la constitución y al haber pasado la moda refundacional política, afortunadamente, inefectiva. Gracias a la educación del votante mediano chileno se evitaron formas y retos que de persistir hubieran llevado a un 18% de desempleo multidimensional: indemnizaciones, salario mínimo, cotizaciones, impuestos al trabajo, restricciones contractuales, jornada, negociación colectiva, costos administrativos, judicialización, seguro de desempleo y reglas de contratación y terminación. Algunas protecciones pueden mejorar la productividad para unos pocos y reducir rotación en capital humano crítico, pero en general y socialmente podían encarecer la creación del siguiente puesto de trabajo y negocio de nueva generación. La pregunta correcta no es cuánta regulación existe, sino: ¿cuánto cuesta contratar al próximo trabajador cuando una máquina, un algoritmo o un servicio de IA constituye la alternativa? Ese margen todavía favorece a Chile frente a Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela; Chile es aún el país donde tecnología y desregulación más se encuentran. VIII. El gran control latinoamericano: informalidad Existe -de todas formas- una razón para desconfiar de una comparación ingenua entre desempleo chileno y desempleo regional. América Latina mantiene una enorme economía informal. El índice de mejores empleos del BID estima una informalidad regional de 69% en 2024. El problema de la informalidad es que inhibe la inversión global y el escalamiento regional. La formalidad chilena es, en eso, una bendición para los Andes. Eso significa que un shock que en Chile termina registrado como desempleo puede aparecer en otra economía como vendedor ambulante, trabajador familiar, microemprendimiento de subsistencia o empleo informal, o incluso violencia, bandas armadas y ausencia de paz. La vulnerabilidad es menor en Chile, aún, todavía. Invertir en Chile para escalar juntos es bajar desempleo sin necesariamente significar pleno empleo. Puede significar, eso sí, menor ausencia de seguro suficiente para permitirse buscar autoempleo digitalizado Por eso nuestra investigación definitiva debe estimar simultáneamente por qué se debe escapar empresarialmente hacia Chile, donde es posible salir de desempleo con participación, nula informalidad, cero subempleo y alto salario real. IX. Hacia el 1.8 Volvamos entonces al título. Chile está en 9,5%, no en 18%. El 18% no es mi pronóstico. Es un escenario de estrés si matamos la gallina de los huevos de oro por depender de políticos tropicalizados en lugar de aserranados. Llegar allí, por sucumbir nuevamente al populismo significaría prácticamente duplicar la proporción de la fuerza laboral que busca empleo y no lo encuentra. No se produciría simplemente porque Chile comprara más tecnología, sino porque compraría malas políticas Requeriríamos conservadurismo conservacionista, con la coincidencia de varios mecanismos para responder frente a la coyuntura que se vuelve estructura: shock tras shock y tras nuevo shock tecnológico + crecimiento insuficiente + lenta creación empresarial + desajuste de capacidades + costos elevados de contratación + salarios reales incapaces de ajustarse mediante productividad + baja movilidad laboral. Ésa es precisamente la razón para estudiar el desempleo ahora. No se combate con obra pública y construcción. El desempleo ya aumentó 0,8 puntos en doce meses. Más preocupante todavía: mientras la fuerza laboral aumentó 0,7%, la ocupación disminuyó 0,2%. Los desocupados crecieron 10,4%. Una economía puede convivir durante bastante tiempo con esa divergencia antes de reconocer que existe un problema estructural. X. ¿Qué pasa si llegamos a 18%? No ocurriría solamente que casi uno de cada cinco integrantes de la fuerza laboral estuviera desempleado. Cambiaría el funcionamiento de la economía. Caería el ingreso de los hogares. Disminuirían consumo y recaudación. Aumentaría el gasto asociado a protección social. Se deterioraría la capacidad de pago de hogares endeudados. Trabajadores calificados aceptarían puestos inferiores a su formación. Otros abandonarían la fuerza laboral. Parte del desempleo se trasladaría hacia informalidad. Y aparecería el mecanismo más peligroso: la histéresis. Una persona desempleada durante poco tiempo conserva capital humano, redes y conexión con el mercado. Después de períodos largos, pierde experiencia relevante, contactos y capacidad de negociación. El desempleo inicialmente cíclico o tecnológico comienza entonces a transformarse en desempleo estructural. El 18% sería, por ello, bastante más que el doble de 9%. XI. Qué hacer para 1.8% Primero, Chile necesita medir una Brecha Nacional de Adaptación Tecnológica. Cada trimestre deberíamos saber qué ocupaciones están desapareciendo, cuáles crecen, qué tareas están siendo automatizadas, qué capacidades requieren las vacantes y cuánto tarda un trabajador desplazado en encontrar un nuevo empleo. Segundo, debemos transformar capacitación en reconversión efectiva. La OCDE destaca que Talento Digital para Chile ha mostrado efectos positivos sobre empleabilidad. Hay que llevar esa lógica a escala nacional. Tercero, el seguro de cesantía debería evolucionar parcialmente hacia un seguro de transición laboral. Intervenir cuando la ocupación comienza a desaparecer resulta económicamente más barato que capacitar al trabajador después de un año desempleado. Cuarto, hay que revisar la regulación desde el margen de creación de empleo. Cada nueva obligación laboral debería responder una pregunta cuantificable: ¿cuánto modifica el costo esperado de crear el siguiente puesto formal? Quinto, necesitamos reducir la cuña entre salario recibido y costo laboral sin reducir el ingreso real del trabajador. El objetivo es abaratar el empleo, no empobrecer al empleado. Sexto, la política tecnológica debe incorporar empleo y productividad conjuntamente. Subsidiar automatización sin financiar capital humano puede acelerar la brecha que intentamos cerrar. Séptimo, hay que facilitar empresas nuevas. Los puestos destruidos por una tecnología rara vez son recreados exactamente por la misma empresa y en la misma ocupación. La reasignación schumpeteriana necesita emprendimiento, inversión y competencia. XII. No detener la máquina La conclusión de esta investigación no es que Chile tenga demasiada tecnología. Es otra. La tecnología puede avanzar más rápidamente que la capacidad institucional y humana de absorberla. Nuestra regresión inicial encuentra la asociación positiva que motivó esta investigación, pero no consigue significancia estadística después de introducir controles. Eso impide convertir una intuición en causalidad. La literatura, sin embargo, confirma el mecanismo microeconómico: la automatización transforma tareas, afecta empleo y salarios y sus efectos son heterogéneos. La evidencia chilena añade un dato crucial: aproximadamente la mitad de nuestros trabajadores ocupa empleos altamente expuestos al cambio tecnológico mientras las capacidades digitales adultas continúan rezagadas. Ahí está el tema. El modelo clásico esperaba que el precio del trabajo ayudara a equilibrar el mercado. La economía moderna agregó instituciones, búsqueda, información, capital humano y demanda agregada. La economía de la inteligencia artificial incorpora ahora algo adicional: la velocidad. Una máquina no necesita terminar una carrera. Un algoritmo no necesita reconvertirse. El capital tecnológico puede instalarse en semanas. El capital humano tarda años. Chile está en 9,5%. El 1.8% no es una predicción. Es la pregunta que deberíamos hacernos antes de descubrir cuánto cuesta llegar hasta allí.

SBN: Soluciones Basadas en la Naturaleza Roberto F. Salazar-Córdova Septiembre, 2026 SBN: De Baruc a la Fecha y más... Cuando murió Spinoza, en 1677, el mundo tenía aproximadamente 0,6 mil millones de habitantes. En 1950 éramos 2,5 mil millones; en 1970, 3,7 mil millones; en 1990, 5,3 mil millones; en 2010, 7,0 mil millones; hacia 2030 seremos aproximadamente 8,5 mil millones y en 2050 cerca de 9,7 mil millones. La población es el primer dato de esta cuenta: una misma Naturaleza distribuida entre más personas significa menos Naturaleza por persona. ¿Por qué Spinoza? ¿Por qué Spinoza? Porque hace casi 350 años formuló una idea que hoy la economía ambiental empieza a medir: Dios en la Naturaleza como potencia que produce y reproduce vida, Natura naturans. El ser humano forma parte de esa Naturaleza y depende de su capacidad de regenerarse. La Filosofía de las SBN Mientras nuestra demanda permaneció dentro de esa capacidad vivimos esencialmente de su renta; cuando la superamos, comenzamos también a consumir su capital. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza recuperan así una intuición profundamente spinoziana: preservar y aumentar la potencia de la Naturaleza para que pueda seguir produciendo Naturaleza. Hay un punto de quiebre. Hasta comienzos de los años setenta, la demanda agregada de la humanidad todavía cabía aproximadamente dentro de la capacidad anual de regeneración de la Tierra. Alrededor de 1970-1973 alcanzamos ese límite. Desde entonces comenzamos a consumir la renta que la Naturaleza produce cada año y también parte del capital natural que permite producirla. La historia tiene así dos tiempos. Desde Spinoza hasta 1970, una población creciente comparte una Naturaleza cuya capacidad global de regeneración todavía alcanza para reponer la demanda humana. Después de 1970 crece el denominador —personas— mientras comienza a reducirse también el numerador —capital natural—. SBN en USD constantes per cápita al día Podemos llevar esa historia a una sola unidad: USD constantes de 2025 por persona por día. Tomando las valoraciones mundiales de servicios ecosistémicos de Costanza como ancla y haciendo una retropolación conservadora, estimamos aproximadamente US$1.800 en 1677; US$400 en 1950; US$220 en 1970; US$120 en 1990; US$80 en 2010 y US$50 hacia 2030. La cifra de Spinoza es deliberadamente prudente: mantiene la dotación natural global estimada para 1950 y simplemente la distribuye entre una población mucho menor, sin asignarle valor adicional por el mejor estado ecológico del planeta preindustrial. La Base Documental La evidencia moderna permite observar después la pérdida directamente. Costanza y colaboradores estimaron servicios ecosistémicos globales por unos US$145 billones anuales en 1997 y US$125 billones en 2011, a precios comparables. La Naturaleza por persona cae entonces por dos razones simultáneas: somos más y disponemos de menos capital natural. La cuenta económica puede expresarse sencillamente: Dotación natural - costo directo de pérdida - costo indirecto de la pérdida+ regeneración vía tecnología Se resta la Naturaleza perdida, se resta el costo adicional de sustituir sus servicios y se suma aquello que conseguimos regenerar. Todo se expresa a precios constantes y se divide por personas y días. Así sabemos cuánto recibe realmente cada generación. Aquí Spinoza se vuelve contemporáneo. Su Natura naturans es la Naturaleza como potencia productora: agua que circula, biodiversidad que reproduce vida, bosques que regulan y suelos que regeneran. Durante siglos vivimos de ese flujo. Cuando nuestra demanda superó su capacidad anual de regeneración comenzamos también a gastar el activo que lo producía. La economía actual muestra que la pendiente puede cambiar. UNEP estima unos US$7,3 billones anuales de flujos financieros perjudiciales para la Naturaleza frente a apenas US$220 mil millones destinados a Soluciones Basadas en la Naturaleza. Alcanzar los US$571 mil millones necesarios hacia 2030 requiere US$351 mil millones adicionales: apenas alrededor del 5% de los actuales flujos negativos. El capital existe. El desafío es cambiarle el signo. SBN: Valen Oro Eso hacen las Soluciones Basadas en la Naturaleza: recuperar capacidad regenerativa para volver a vivir de la renta natural y comenzar a reconstruir el capital que la produce. Hacia 2050, los escenarios publicados muestran que el valor de los servicios ecosistémicos puede continuar cayendo o aumentar sustancialmente bajo una transición regenerativa. El futuro deja de ser una extrapolación y se convierte en una decisión. Red Santa Cruz: Nuestro ABC ABC identifica el activo: Agua, Biodiversidad y Carbono. PACES incorpora sus dimensiones Política, Ambiental, Cultural, Económica y Social. Son quince relaciones que el Diálogo Hexagonal convierte en acuerdos; ciencia y tecnología permiten medirlos y verificarlos; el capital permite financiarlos. La Naturaleza primero. El carbono después. La pregunta hacia 2050 es concreta: ¿cuántos USD constantes de Naturaleza por persona por día dejaremos a la siguiente generación? En tiempos de Spinoza, Dios en la Naturaleza dominaba nuestra cuenta. Hacia 1970 alcanzamos el límite de su regeneración anual. Desde entonces comenzamos a gastar también el capital. Hoy podemos hacer religión desde la economía regenerativa y ganar dinero y paz. Spinoza llamó Natura naturans a esa potencia de la Naturaleza para seguir produciendo Naturaleza. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza permiten que nuestra fe en la razón humana vuelva a crecer junto a la naturaleza de Dios. Dios en la Naturaleza juega primero. Nosotros decidimos cuánto de esa primera jugada dejamos a quienes vienen después.

Resumen Conviene ser crítico con Sachs: sus diagnósticos recientes sobre el problema institucional son importantes, pero su último artículo mezcla un argumento serio sobre gobernanza de IA con ataques personales a Trump y varias afirmaciones mucho más discutibles. El artículo más sólido, a mi juicio, es el que separa tres cuestiones: el riesgo tecnológico, los incentivos económicos de quienes advierten sobre él y el error de convertir la respuesta en una simple carrera EE.UU.–China. La IA no necesita miedo. Necesita instituciones. Roberto F. Salazar-Córdova 14 de septiembre de 2026 Jeffrey Sachs plantea una pregunta correcta y la responde, en parte, de manera equivocada. Su artículo The Blind Leading the Sighted: Trump Meets the AI Emergency parte de un hecho que merece atención. Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidió reducir el ritmo de avance de los modelos de inteligencia artificial de frontera. Sam Altman respaldó la propuesta y anunció que OpenAI adoptaría también evaluadores independientes. Elon Musk coincidió públicamente. No estamos, por tanto, ante una advertencia proveniente exclusivamente de críticos externos de la inteligencia artificial. Son algunos de quienes participan directamente en su desarrollo quienes están diciendo que la velocidad puede estar superando la capacidad para evaluar sus consecuencias. Eso es relevante. Pero no convierte automáticamente a sus autores en árbitros imparciales del problema. Las mismas empresas que compiten por construir sistemas cada vez más poderosos tienen intereses comerciales extraordinarios en esa carrera. Una regulación que eleve los costos de entrada, exija enormes capacidades de evaluación y establezca barreras técnicas puede aumentar la seguridad y, simultáneamente, consolidar la posición de las compañías que ya están en la frontera. Ambas cosas pueden ser ciertas. Por eso tampoco comparto completamente el argumento de Sachs cuando presenta la coincidencia de Amodei, Altman y Musk casi como prueba de la gravedad objetiva del riesgo. Que tres competidores pidan reglas contra su interés inmediato es una señal que debe tomarse en serio. No es todavía evidencia suficiente para entregarles la definición del riesgo ni el diseño de su regulación. Hay que escucharlos. Hay que auditarlos. Y precisamente por eso hay que evitar que sean ellos mismos quienes establezcan las reglas. Trump ve una parte del problema Donald Trump respondió desde Irlanda con una formulación sencilla: Estados Unidos está por delante de China y quiere continuar estándolo porque quien gane la inteligencia artificial tendrá una ventaja decisiva. También desestimó buena parte de las advertencias como escenarios que, a su juicio, no ocurrirán. Sus declaraciones fueron reportadas independientemente de la columna de Sachs. La primera afirmación contiene una realidad estratégica. La segunda constituye el problema. La inteligencia artificial sí es una competencia geopolítica. Pretender que Estados Unidos puede simplemente detener su desarrollo mientras China continúa avanzando sería ingenuo. El propio Amodei reconoce que éste es probablemente el dilema más difícil: cualquier acuerdo internacional necesita mecanismos suficientemente robustos para impedir que una de las partes desacelere mientras la otra continúa desarrollando capacidades estratégicas. Trump tiene razón, por tanto, al introducir a China en la ecuación. Se equivoca cuando parece reducir toda la ecuación a China. Una tecnología puede ser simultáneamente indispensable para la seguridad nacional y fuente de nuevos riesgos sistémicos. Los arsenales nucleares son el ejemplo evidente. Nadie concluyó durante la Guerra Fría que, porque Estados Unidos debía competir con la Unión Soviética, resultaba innecesario desarrollar sistemas de control, verificación, doctrina estratégica, líneas de comunicación y tratados. Competencia y control no son conceptos opuestos. Son complementarios. El verdadero problema es institucional Aquí Sachs toca un punto mucho más profundo. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, reconoció públicamente que el Congreso conoce menos sobre esta tecnología que quienes están desarrollándola. Al mismo tiempo rechazó una moratoria de emergencia por el riesgo de perder ventaja frente a China y propuso reunir al Gobierno, al Congreso y a los principales ejecutivos tecnológicos. La primera afirmación es probablemente cierta. La conclusión que extrae de ella es equivocada. Que el regulador sepa menos que el regulado constituye un problema clásico de economía regulatoria. Se llama asimetría de información. La solución no consiste en renunciar a regular. Consiste en construir capacidad institucional independiente. Y aquí aparece una observación especialmente pertinente de Sachs: el Congreso estadounidense eliminó en 1995 su Office of Technology Assessment. Estados Unidos debilitó así una de las capacidades que había creado precisamente para permitir que la decisión política pudiera apoyarse en conocimiento científico independiente. Ese vacío importa ahora. El Congreso no necesita convertirse en programador de modelos fundacionales. Del mismo modo que un banco central no necesita fabricar computadores para regular un sistema de pagos, ni un supervisor financiero necesita administrar un banco para exigir capital, liquidez y pruebas de estrés. Necesita saber qué preguntar, qué medir y a quién auditar. El error es buscar un botón de pausa También hay que ser críticos con la solución contraria. “Detener la IA” suena contundente. Operacionalmente es mucho menos claro. ¿Detener qué? ¿El entrenamiento por encima de determinada capacidad computacional? ¿La liberación pública de modelos? ¿La autonomía de agentes? ¿La investigación sobre auto-mejoramiento? ¿La aplicación militar? ¿El código abierto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué países? ¿Quién verifica que China, Estados Unidos, Europa o laboratorios privados cumplen la pausa? El problema económico es reconocible: estamos ante una versión tecnológica del dilema del prisionero. Todos pueden estar mejor si existe cooperación y un nivel adecuado de seguridad. Pero cada participante individual tiene incentivos para avanzar mientras espera que los demás se contengan. Y esto ocurre en varios niveles simultáneamente: OpenAI frente a Anthropic; las grandes compañías frente a nuevos competidores; Estados Unidos frente a China; modelos abiertos frente a cerrados; y, eventualmente, sistemas de IA desarrollando nuevas capacidades mediante otras IA. Por eso una declaración de buenas intenciones no resuelve el problema. Tampoco lo resuelve una prohibición difícil de verificar. Medir antes que prohibir La respuesta razonable está entre ambos extremos. La inteligencia artificial necesita algo parecido a la arquitectura que el mundo desarrolló para otros sistemas capaces de producir beneficios enormes y daños sistémicos: estándares, auditorías independientes, trazabilidad, pruebas de estrés, responsabilidad claramente asignada y mecanismos internacionales de verificación. No regular la tecnología en abstracto. Regular riesgos observables. Un modelo capaz de redactar un informe y un conjunto de agentes capaces de ejecutar autónomamente operaciones cibernéticas no representan el mismo riesgo. Tampoco deberían enfrentar el mismo régimen. La unidad de regulación debería desplazarse progresivamente desde “la inteligencia artificial” hacia capacidad + autonomía + acceso + impacto. Cuanto mayor sea la capacidad autónoma de actuar sobre sistemas reales, mayor debe ser la obligación de evaluación. Un sistema de frontera debería someterse, antes de determinadas formas de despliegue, a pruebas independientes sobre ciberseguridad, autonomía, replicación, evasión de controles, capacidades químicas o biológicas y comportamiento emergente. Los incidentes significativos deberían registrarse y reportarse. Los evaluadores deberían ser independientes tanto del Gobierno como de las empresas. Amodei está proponiendo precisamente una parte de esa arquitectura al ofrecer acceso permanente de nivel interno a evaluadores externos. Es una iniciativa importante. Pero una función sistémica no puede depender indefinidamente de la buena voluntad del CEO de turno. El Estado tampoco puede hacerlo solo Aquí discrepo nuevamente de Sachs. Su artículo corre el riesgo de sustituir una fe excesiva en Silicon Valley por una fe excesiva en el experto estatal. Un doctorado no garantiza buen gobierno. Tampoco la ausencia de un doctorado demuestra incompetencia. Las grandes decisiones públicas requieren conocimiento científico, pero también economía, derecho, seguridad nacional, política, ética y capacidad de ejecución. El problema institucional no es cuántos PhD se sientan alrededor de la mesa del gabinete. Es si quienes deciden cuentan con sistemas capaces de producir, contrastar y desafiar conocimiento especializado antes de decidir. Esa diferencia es fundamental. Un presidente no necesita saber entrenar un transformer. Necesita disponer de instituciones capaces de decirle qué riesgos son demostrables, cuáles son hipotéticos, cuáles son manipulables, cuáles son asegurables y cuáles pueden producir externalidades catastróficas. Y necesita escuchar respuestas que contradigan sus preferencias. Ni Trump ni las tecnológicas deben decidir solos Sachs titula su artículo The Blind Leading the Sighted. Es una metáfora eficaz, pero simplifica demasiado. Aquí nadie ve completamente. Trump observa la competencia estratégica. Amodei observa desde dentro la aceleración tecnológica. Altman observa otra parte de la frontera. Musk tiene sus propios sistemas e intereses. China observa su seguridad nacional. Los mercados observan billones de dólares de valor potencial. Los ciudadanos observamos apenas fragmentos de un sistema cuya complejidad aumenta. El error sería decidir cuál de ellos posee toda la verdad. La inteligencia artificial exige exactamente lo contrario: construir instituciones que permitan integrar información incompleta, incentivos contradictorios y riesgos inciertos. Eso es gobernanza. Gobernar la incertidumbre La pregunta fundamental tampoco es si la inteligencia artificial acabará con la humanidad. Nadie puede responder hoy responsablemente esa pregunta con certeza. La pregunta útil es mucho más exigente: ¿qué hacemos cuando la probabilidad de un daño puede ser incierta, pero su impacto potencial es extraordinariamente grande? En economía sabemos trabajar con eso. No hace falta demostrar que un banco quebrará mañana para exigirle capital. No esperamos que ocurra un accidente nuclear para establecer protocolos de seguridad. No necesitamos saber exactamente cuándo llegará un terremoto para construir con normas antisísmicas. Administramos probabilidades multiplicadas por consecuencias. La inteligencia artificial debe comenzar a tratarse de la misma manera. Eso significa continuar innovando, mantener competencia, evitar monopolios, desarrollar capacidades propias, auditar sistemas, registrar incidentes, medir resultados y construir mecanismos de cooperación internacional verificables. La alternativa entre “ganarle a China” y “detener la inteligencia artificial” es falsa. Hay una tercera vía: avanzar midiendo. Y hacerlo antes de que la velocidad tecnológica convierta nuestras actuales instituciones en simples espectadores. El mayor peligro quizá no sea una inteligencia artificial que llegue a ser demasiado inteligente. Puede ser que nosotros sigamos administrándola con instituciones demasiado lentas. Roberro F. Salazar-Córdova Santiago, Chile. 2026. --- Referencia de partida: Jeffrey D. Sachs, The Blind Leading the Sighted: Trump Meets the AI Emergency, Common Dreams, 14 de septiembre de 2026.He evitado adoptar el ataque personal de Sachs contra Trump porque debilita, más que fortalece, su argumento técnico. También introduje una crítica a Amodei/Altman/Musk desde economía regulatoria: sus advertencias merecen atención, pero existe un problema evidente de captura regulatoria y barreras de entrada si los incumbentes terminan diseñando las reglas que sólo ellos pueden costear. El eje queda así en gobernanza, riesgo, medición y dilema del prisionero, que conecta mejor con su línea sobre el uso realista de IA.

11-S @+ 53A Por Roberto F. Salazar-Córdova Han pasado 53 años. Para mí, solo 32 acá. Cincuenta y tres entre allá y acá. Me refiero siempre por acá a Chile y por allá a Ecuador. Vine en julio de 1994. Pasé mi primer 11-S hace 32 años, en Santiago. En esa época, Nueva Providencia todavía se llamaba como debería haberse seguido llamando: 11 de Septiembre. Y todo era normal. Habían pasado cuatro años y un poquito más desde el retorno a la democracia. Patricio Aylwin ya había terminado su gobierno. Gobernaba Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Chile vivía en paz, crecía, reducía pobreza, recibía inversión y consolidaba una transición que después sería estudiada fuera de Chile como uno de los procesos políticos y económicos más exitosos de América Latina. A Aylwin nunca se le ocurrió cambiar el nombre de la avenida. A Frei tampoco. ¿Por qué? Quizá porque aquella Concertación todavía entendía algo elemental: para gobernar el futuro no hace falta borrar el pasado. ¿QUÉ NOS PASÓ? ¿Cómo pudimos pasar de aquella Concertación a la Nueva Mayoría? ¿Cómo pasamos de la poderosa UDI de Jaime Guzmán, de una Constitución que sobrevivió a Pinochet, a Aylwin, a Frei y a Lagos, a un país en que casi 80% votó por abrir un proceso destinado a reemplazarla? ¿Cómo llegamos desde la transición a la refundación? Y, sobre todo: ¿cómo pudo Chile olvidar tan rápido por qué había llegado al 11 de septiembre de 1973? George Santayana escribió entre 1905 y 1906 aquello que después se convirtió en una de las frases más repetidas del siglo XX: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La idea es más vieja que el hilo negro. Tucídides nunca escribió exactamente “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, aunque así nos lo enseñaran alguna vez en secundaria. Su pensamiento era más interesante: escribió historia porque acontecimientos semejantes podían volver a ocurrir mientras la naturaleza humana continuara siendo esencialmente la misma. Y ahí está el problema. EL 11-S NO COMENZÓ EL 11-S El error histórico más grande sobre el 11 de septiembre de 1973 consiste en comenzar a contar la historia ese mismo 11 de septiembre. Eso convierte una consecuencia en causa. Chile no amaneció un martes cualquiera y decidió terminar con su democracia. Llegó hasta allí. Había una crisis económica gravísima. Había polarización. Había violencia política. Había grupos armados. Había intervención extranjera en plena Guerra Fría. Había desabastecimiento. Había enfrentamiento institucional. Había un Congreso enfrentado al Ejecutivo. Había una Corte Suprema enfrentada al Ejecutivo. Había una sociedad partida. Y existía algo todavía más grave: el orden constituido había dejado de ser reconocido como límite suficiente por todos los actores. Allí comienza realmente el 11-S. Mucho antes de los Hawker Hunter sobre La Moneda. ALLENDE Salvador Allende fue elegido Presidente dentro de una democracia. Ese dato es indispensable. También lo es que su gobierno terminó enfrentado con una parte sustancial de la institucionalidad de esa misma República. No hace falta inventar la historia. Está escrita. El Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 acusó al gobierno de graves quebrantamientos del orden constitucional y legal y llamó a los ministros militares a poner término a esas situaciones. Eso ocurrió veinte días antes del 11 de septiembre. Se puede discutir durante otros 53 años la interpretación política de aquel acuerdo. Lo que no se puede hacer seriamente es borrarlo de la secuencia causal. Porque entonces desaparece precisamente la pregunta importante: ¿cómo llegó Chile hasta ese 22 de agosto? Y después: ¿cómo llegó desde el 22 de agosto hasta el 11 de septiembre? Ahí está la historia que hay que estudiar. EL 11 DE SEPTIEMBRE Yo defiendo el 11 de septiembre de 1973. Lo defiendo filosóficamente como el punto en que una sociedad que había perdido su equilibrio encontró brutalmente un nuevo punto de partida. No necesito convertirlo en una fecha inocua para hacerlo. Fue una ruptura. Precisamente por eso importa. Las naciones tienen fechas de continuidad y fechas de ruptura. Ambas forman parte de su historia. Y cuando una ruptura cambia durante medio siglo la trayectoria institucional, económica, social y política de un país, pretender eliminar su significado cambiándole el nombre a una avenida resulta bastante pequeño frente a la magnitud de lo ocurrido. El 11 de septiembre cambió Chile. Eso es un hecho. Milei es un recorderis para Chile de lo peligroso que es olvidar la historia. Después se construyó un nuevo orden institucional y económico. También es un hecho. Ese orden sobrevivió al gobierno militar. Y ese segundo dato es fundamental. PINOCHET SE FUE. EL MODELO QUEDÓ. Pinochet perdió el plebiscito de 1988. Y se fue. Entregó la Presidencia a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. La democracia volvió. Pero Chile no volvió a 1970. Esa diferencia explica muchísimo. La Concertación recibió una institucionalidad y decidió gobernarla, reformarla y legitimarla democráticamente. Aylwin no refundó. Frei no refundó. Lagos tampoco refundó. Lagos hizo algo bastante más inteligente: reformó. En 2005 puso incluso su propia firma en el texto constitucional reformado. Ese Chile entendía la diferencia entre corregir lo constituido y destruirlo para volver a constituir. Y funcionó. HASTA LAGOS Hasta Lagos puedo seguir perfectamente la lógica histórica de la transición. Después comienza otra historia. El debate, desde Bachelet, bajó de 6/7 a menos de 4/7 en Chile. La Convención de los 2020 fue un 3 de principio a fin, con tendencia al cero en las calles... La llegada de Michelle Bachelet marca para mí un cambio político y cultural que con los años terminó siendo mucho más importante de lo que entonces parecía. La Concertación fue perdiendo su naturaleza original. Después vino la Nueva Mayoría. Y la reforma comenzó a transformarse en una narrativa de sustitución. Ya no bastaba mejorar Chile. Había que reemplazar aquello que supuestamente impedía construir otro Chile. La Constitución pasó progresivamente de ser el marco dentro del cual competía la democracia a convertirse ella misma en el enemigo político. Eso fue un error gigantesco. PIÑERA A Sebastián Piñera le reconozco algo fundamental: canalizó democráticamente el conflicto. Le tocó una situación extraordinariamente difícil. Puede criticarse —y yo lo hago— que cediera demasiado protagonismo político a Bachelet y al mundo que terminó capitalizando institucionalmente el estallido. José Antonio Kast también fue duramente crítico de la conducción política de Piñera. Pero responsabilizar a Piñera de todo lo que vino después sería demasiado fácil. Chile llevaba años desplazándose. Piñera recibió buena parte de esa acumulación y optó por una salida democrática. El resultado fue el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y después el plebiscito. Y allí ocurrió algo que todavía debería estremecer intelectualmente a Chile. 78,27% El 25 de octubre de 2020, 78,27% votó Apruebo. Casi ocho de cada diez. Chile estuvo dispuesto a abrir la hoja constitucional. Dos años después, el experimento llegó a las urnas. Y 61,86% lo rechazó. El país que había votado abrumadoramente por cambiar la Constitución rechazó abrumadoramente la Constitución que produjo el proceso. Aquello probó una diferencia gigantesca: estar enojado con lo constituido no significa saber qué constituir en su reemplazo. Esa diferencia nos devuelve a Santayana. KAISER, KAST Y LA VUELTA Yo no voté por José Antonio Kast en primera vuelta. Voté por Johannes Kaiser. Lo hice conscientemente. Porque en ese momento consideré que Kaiser expresaba con mayor claridad una demanda de libertad, orden, propiedad, responsabilidad y recuperación doctrinaria que llevaba años buscando representación. Después la democracia hizo su trabajo. Kast ganó. Y cuando gana democráticamente quien representa ese espacio político, corresponde entender también lo que ocurrió. No apareció de la nada. Es una respuesta. Las sociedades tienen memoria incluso cuando sus élites intentan administrársela. Después de años de desplazamiento hacia la refundación, el péndulo regresó. No necesariamente al Chile de 1973. Tampoco al Chile de 1980. Regresó a algo mucho más elemental: orden, libertad, propiedad, familia, autoridad, responsabilidad y República. Lo interesante es que regresó por votos. Ahí está la diferencia fundamental. 11 DE SEPTIEMBRE Por eso nunca habría cambiado el nombre de Avenida 11 de Septiembre. Una calle no causa un golpe de Estado. Una placa tampoco viola derechos. Un nombre recuerda. Y una sociedad que necesita eliminar nombres para sentirse segura frente a su propia historia demuestra precisamente que todavía no ha conseguido procesarla. Nueva Providencia puede ser un nombre bonito. 11 de Septiembre decía algo. Recordaba que Chile llegó una vez a un punto en que su sistema político fue incapaz de resolver su propia fractura. Eso es infinitamente más importante que una señalética. 53 AÑOS Han pasado 53 años. Yo he vivido 32 de ellos acá. Vi el Chile de Frei. Vi el de Lagos. Vi el de Bachelet. Vi el primer Piñera, el segundo Bachelet, el segundo Piñera, el estallido, la Convención, el Rechazo y todo lo que vino después. Y después de recorrer toda esa secuencia encuentro una ironía histórica enorme. Chile quiso desprenderse del 11 de septiembre. Cambió el nombre de la avenida. Cuestionó la Constitución. Intentó escribir otra. La rechazó. Intentó nuevamente resolver el problema constitucional. Y finalmente el electorado volvió a buscar orden por la vía más limpia que existe en una República: votando. Eso también es historia. Quizá Santayana tenía razón de una manera todavía más profunda. La historia no se repite porque las fechas tengan poderes mágicos. Se repite porque nosotros seguimos siendo humanos. Nos polarizamos. Olvidamos. Destruimos consensos que demoraron décadas en construirse. Descubrimos después cuánto costaban. Y comenzamos nuevamente a buscarlos. Por eso, a 53 años, yo sí defiendo el 11 de septiembre. No necesito borrarlo. No necesito disfrazarlo. No necesito pedir perdón por estudiarlo desde sus causas. Y mucho menos necesito aceptar que la historia de Chile comenzó cuando los aviones aparecieron sobre La Moneda. El 11-S comenzó antes del 11-S. Entender aquello permite entender lo que pasó después. Y quizá permite comprender también por qué, 53 años más tarde, Chile volvió democráticamente a buscar aquello que creyó alguna vez que podía simplemente dejar atrás. La historia tiene esas cosas. Por eso conviene recordarla completa. Roberto F. Salazar-Córdova Economista Santiago de Chile 11 de septiembre de 2026

La IA no solo debe des-armarse. Debe regularse. Sorry... La inteligencia artificial y el dilema del prisionero Por Roberto F. Salazar-Córdova, Economista La Alarma Sonó La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic abre una discusión mucho más profunda que la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue algún día a superar las capacidades humanas. Coxon, quien anteriormente trabajó en OpenAI, sostiene que los principales desarrolladores conocen los riesgos asociados a sistemas cada vez más capaces, pero continúan avanzando porque están atrapados en una carrera en la cual ninguno quiere llegar segundo. Su advertencia ha encontrado respaldo dentro de la propia Anthropic. Evan Hubinger, responsable de investigación en alineamiento, ha señalado que el peligro que le preocupa no proviene principalmente de los modelos actuales, sino de futuros sistemas capaces de acelerar su propio desarrollo. El problema puede entenderse mejor desde la economía que desde la ciencia ficción. Es un dilema del prisionero. Cuando todos quieren hacer lo correcto, pero nadie puede detenerse Imaginemos dos grandes desarrolladores de inteligencia artificial. Ambos pueden acelerar o actuar con prudencia. Si los dos actúan prudentemente, conservan los beneficios tecnológicos mientras reducen conjuntamente el riesgo. Si uno desacelera y el otro acelera, el primero puede perder mercado, talento, capital, capacidad computacional y liderazgo tecnológico. Si ambos aceleran, ninguno pierde posición relativa, pero los dos aumentan el riesgo colectivo. La paradoja aparece inmediatamente. Individualmente, acelerar puede ser racional. Colectivamente, puede ser subóptimo. Nadie necesita ser irresponsable para producir un resultado irresponsable. Basta con que cada actor responda racionalmente a los incentivos que enfrenta. Ese es precisamente el poder explicativo del dilema del prisionero. El problema no requiere empresarios malintencionados ni máquinas malvadas. Puede surgir simplemente de una estructura de incentivos en la cual cooperar unilateralmente tiene un costo y competir ofrece una recompensa inmediata. La propia Anthropic reconoce actualmente riesgos catastróficos asociados con sistemas avanzados y ha construido una Responsible Scaling Policy que aumenta las exigencias de seguridad conforme aumentan las capacidades. Su hoja de ruta considera plausible que, desde 2027, determinados sistemas puedan automatizar o acelerar sustancialmente el trabajo de equipos humanos de investigación de primer nivel en campos estratégicos. Estamos, por tanto, frente a un problema económico clásico dentro de una tecnología completamente nueva. Del juego a la externalidad La empresa que desarrolla una inteligencia artificial captura una parte importante de sus beneficios: productividad, propiedad intelectual, valorización, ingresos y participación de mercado. El riesgo sistémico, en cambio, puede distribuirse entre todos. Esta asimetría importa. Cuando el beneficio marginal es privado y una parte relevante del costo potencial es social, el mercado tiene incentivos para producir más riesgo del que sería óptimo desde el punto de vista colectivo. Eso es economía 101. El fenómeno tampoco pertenece exclusivamente a la inteligencia artificial. Aparece en las adicciones, el cambio climático, el sistema financiero, la explotación de recursos naturales, la carrera armamentística y cualquier actividad donde las decisiones presentes producen externalidades que serán pagadas por terceros o por generaciones futuras. La inteligencia artificial agrega una característica adicional: la velocidad. Las instituciones humanas evolucionan lentamente. La tecnología puede hacerlo exponencialmente. La regulación discute el sistema existente mientras los desarrolladores trabajan sobre el siguiente. Anthropic reconoce precisamente este problema en su marco reciente de política pública: a medida que aumentan las capacidades, propone pasar desde transparencia y evaluación independiente hacia niveles crecientes de supervisión gubernamental, incluida eventualmente la capacidad estatal de impedir despliegues considerados peligrosos. Prohibir tampoco resuelve el juego Esto solo crearía un mercado negro y una serie de Al Capones Tech. Aquí aparece otro dilema. Una respuesta intuitiva sería detener el desarrollo. Pero si una empresa se detiene y otra continúa, cambia simplemente el ganador. Si un país detiene sus laboratorios mientras otro continúa desarrollándolos, puede trasladar hacia este último conocimiento, inversión, investigadores y poder estratégico. La prohibición unilateral puede incluso aumentar aquello que pretendía reducir. La solución económica requiere entonces modificar los payoffs del juego. Cooperar debe generar valor. Generar riesgos debe tener costos. La verificación debe reducir la incertidumbre. Y la tecnología debe demostrar resultados concretos sobre la realidad. Este último punto es fundamental. De la inteligencia artificial abstracta a la inteligencia aplicada En Red Santa Cruz estamos trabajando desde otra dirección. Nuestro interés en inteligencia artificial no consiste en desarrollar una máquina para demostrar que puede sustituir al ser humano. La utilizamos como una capa instrumental dentro de problemas reales: territorio, agua, biodiversidad, carbono, producción, inversión, información, monitoreo y desarrollo humano. La diferencia parece pequeña, pero cambia la función objetivo. La pregunta deja de ser: ¿qué tan poderosa puede llegar a ser la inteligencia artificial? Y pasa a ser: ¿cuánto valor humano y ambiental verificable podemos producir utilizando inteligencia artificial? En nuestros proyectos vinculamos información territorial, observación satelital, sistemas digitales de medición, reporte y verificación, análisis económico y trazabilidad de activos ambientales. La máquina procesa, compara, proyecta y ayuda a verificar. Las comunidades, las instituciones, los científicos, los inversionistas y las personas conservan las decisiones fundamentales. La IA pasa de ser el objetivo a convertirse en infraestructura. Agua, biodiversidad y carbono Este principio puede llevarse todavía más lejos. Un territorio puede contener agua, biodiversidad, carbono, producción agrícola, cultura, conocimiento y comunidades. Tradicionalmente cada dimensión se administra separadamente. La inteligencia artificial permite observar simultáneamente sistemas que antes analizábamos por partes. Podemos utilizar satélites para observar cambios territoriales. Podemos construir series de tiempo. Podemos identificar anomalías. Podemos estimar escenarios. Podemos comparar información productiva con información ambiental. Podemos crear sistemas digitales de medición, reporte y verificación. Y podemos hacerlo durante décadas. En proyectos de conservación con horizontes de 30 o 40 años, esto resulta particularmente poderoso. La IA deja de estar dedicada a producir más IA y comienza a ayudarnos a entender cómo evoluciona un ecosistema real. Allí aparece una aplicación profundamente humana de una tecnología extraordinariamente poderosa. Una reserva para el futuro Incluso los activos ambientales pueden pensarse bajo esta lógica. Un activo de carbono verificado no necesita venderse inmediatamente para producir sentido económico. Puede mantenerse como reserva, acumular trazabilidad y conservar opcionalidad hasta que existan condiciones regulatorias, institucionales o de mercado adecuadas para transferirlo. Conceptualmente se parece a una reserva. Un banco central mantiene determinados activos porque constituyen respaldo. Una estructura ambiental puede mantener activos ambientales verificables como evidencia de conservación y como reserva potencial de valor, sin incorporarlos anticipadamente a la rentabilidad financiera del proyecto. Esto introduce prudencia dentro del propio modelo económico. La rentabilidad operacional debe sostener el proyecto. El activo ambiental agrega resiliencia, respaldo y opcionalidad. La tecnología permite medirlo y custodiar su información. No necesita obligarnos a monetizarlo inmediatamente. Del dilema del prisionero al juego cooperativo La teoría de juegos también nos muestra una salida. El dilema del prisionero cambia cuando el juego deja de ocurrir una sola vez. Cuando los participantes saben que volverán a encontrarse, aparece la reputación. Cuando los resultados pueden verificarse, disminuye la posibilidad de engaño. Cuando existen garantías, reservas y contratos, aumenta el costo de incumplir. Cuando los beneficios de cooperar se distribuyen entre los participantes, la cooperación puede convertirse en equilibrio. Por eso la solución de largo plazo a los riesgos de la inteligencia artificial probablemente combine varias capas: estándares comunes, auditoría independiente, trazabilidad, límites asociados al nivel de riesgo, responsabilidad jurídica, cooperación internacional y aplicaciones económicas capaces de demostrar beneficios verificables. La gobernanza deja entonces de intentar detener la innovación y comienza a cambiar sus incentivos. La pregunta correcta La renuncia de Coxon merece atención precisamente porque proviene desde dentro de la frontera tecnológica. Sería un error descartarla. También sería un error convertirla automáticamente en una profecía. No sabemos si una inteligencia artificial llegará a representar una amenaza existencial para la humanidad. Sí sabemos algo mucho más concreto: estamos construyendo tecnologías extraordinariamente poderosas dentro de estructuras competitivas que pueden recompensar la velocidad antes que la prudencia. Ese problema ya existe. La respuesta puede comenzar por algo bastante sencillo: cambiar aquello que medimos. En lugar de preguntar solamente cuántos parámetros tiene un modelo, cuánto razonamiento puede realizar o cuántas tareas humanas puede reemplazar, podemos preguntar cuánta agua ayudó a conservar, cuánta biodiversidad permitió proteger, cuánto carbono permitió medir correctamente, cuánta productividad adicional produjo, cuánto riesgo disminuyó y cuántas familias mejoraron sosteniblemente sus ingresos. La inteligencia artificial será una de las tecnologías fundamentales de nuestro tiempo. Precisamente por eso necesita una función objetivo. Y quizá la mejor función objetivo disponible siga siendo la más antigua de todas: que la inteligencia, humana y artificial, sirva para conservar y mejorar la vida. Roberto F. Salazar-Córdova Economista

Los Estados Unidos del URKU: una ruta andina hacia una libertad cristiana, de cruz, que madruga unida en los Andes. Por Roberto F. Salazar-Córdova Economista Santiago de Chile, septiembre de 2026 La Cruz de la Unidad: base del "hacer las PACES" Es posible unirnos Hace doscientos cincuenta años, trece colonias norteamericanas comenzaron un proceso bajo el "In God We TRUST" que pasó por la independencia de 1776, los Artículos de la Confederación de 1781 y la Constitución de 1787. Virginia siguió siendo Virginia, Massachusetts siguió siendo Massachusetts y Pennsylvania siguió siendo Pennsylvania. La unión creó instituciones comunes entre territorios que conservaron identidad, gobiernos e intereses propios. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton y Thomas Paine participaron desde funciones distintas. Washington vinculaba tierra, producción y organización política. Adams trabajaba sobre gobierno y representación. Jefferson relacionaba propiedad, agricultura y libertad. Franklin conectaba personas y territorios mediante redes comerciales, científicas y diplomáticas. Madison estudiaba las reglas necesarias para procesar intereses diferentes. Hamilton colocaba crédito, finanzas y capacidad económica dentro de la construcción institucional. Paine llevaba estas discusiones al público mediante textos que podían circular fuera de los espacios de decisión. Ese proceso ofrece un símil para observar los Andes del siglo XXI. Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina y Panamá poseen Estados, instituciones, culturas y trayectorias diferentes, mientras comparten recursos, mercados y problemas que funcionan a escala regional. El agua, los ecosistemas, el carbono, el comercio, el capital y la tecnología atraviesan fronteras. La integración puede comenzar precisamente allí: identificando aquello que los territorios pueden administrar conjuntamente mientras conservan sus identidades. La tierra y la representación La tierra ocupaba un lugar central en la economía de las trece colonias. Era producción, patrimonio, comercio y fuente de poder económico. También estaba detrás de buena parte de las discusiones sobre impuestos y representación que precedieron a la independencia. Entre el Stamp Act de 1765 y el conflicto sobre el té de 1773 se consolidó la expresión “no taxation without representation”. Su contenido económico era concreto: una obligación impuesta sobre actividades y patrimonio requería una discusión sobre quién tenía capacidad para establecerla y cómo estaban representados quienes soportaban sus efectos. En los Andes aparece una pregunta institucional comparable alrededor de otra clase de activos. Los páramos producen servicios hídricos; los bosques y suelos almacenan carbono; los ecosistemas contienen biodiversidad; las comunidades administran territorios; las empresas desarrollan actividades productivas; los inversionistas aportan capital y los Estados establecen regulación. La reforma del Código Orgánico del Ambiente en Ecuador coloca nuevamente sobre la mesa la relación entre regulación, representación, derechos, titularidad económica y distribución del valor ambiental. La cuestión puede formularse de la misma manera que otros problemas de economía política: quién decide, sobre qué activo, mediante qué reglas y con qué representación. El ABC y el regreso del factor tierra La economía clásica organizó la producción alrededor de tierra, trabajo y capital. Durante buena parte de la economía contemporánea, la discusión se concentró en capital, trabajo, tecnología y productividad. Los mercados ambientales vuelven a incorporar explícitamente el territorio dentro del cálculo económico. En los Andes hemos resumido esa realidad mediante el ABC: Agua, Biodiversidad y Carbono. El agua constituye un flujo económico desde las fuentes hacia comunidades, agricultura, industria y ciudades. La biodiversidad sostiene ecosistemas y actividades productivas. El carbono almacenado o capturado puede medirse mediante metodologías, monitorearse, verificarse y, bajo estándares determinados, incorporarse a mercados. El ABC permite mirar nuevamente la tierra como factor económico. Un páramo puede analizarse simultáneamente por su extensión, capacidad hídrica, biodiversidad, carbono, producción asociada y población. Los datos permiten convertir esas dimensiones en información susceptible de medición, seguimiento y valoración. Así como la tierra formaba parte de la base material sobre la cual los fundadores norteamericanos discutían propiedad, representación y gobierno, el capital natural plantea hoy una discusión equivalente sobre derechos, inversión y gobernanza. De 1994 a 2026 Para nosotros esta reflexión tiene también una trayectoria de treinta años. Desde 1994, Chile se convirtió en un espacio de aprendizaje sobre instituciones, inversión, mercados y política pública. Ecuador atravesó posteriormente la crisis financiera y, en enero de 2000, adoptó el dólar como moneda. La dolarización modificó la unidad con la cual los ecuatorianos calculaban precios, ahorraban, contrataban y acumulaban patrimonio. Ese proceso mostró una característica económica que trasciende el debate monetario: la importancia de una unidad reconocible para organizar expectativas y generar confianza. Veintiséis años después, el problema que enfrentamos es distinto. El territorio posee activos ambientales, esos activos pueden medirse y los mercados internacionales demandan instrumentos capaces de representarlos. La pregunta pasa a ser cómo conectar el capital natural con inversión de largo plazo manteniendo trazabilidad desde el territorio hasta el activo económico. Allí aparece URKU, palabra kichwa asociada a la montaña. La URKU-ización puede entenderse como un proceso de representación económica del capital natural verificable. Su fundamento se encuentra en el territorio, los derechos asociados, los datos, las metodologías, el monitoreo, la verificación, el registro y finalmente la capacidad de conectar esos activos con capital. La dolarización de 2000 y la URKU-ización que comienza en 2026 pertenecen a momentos diferentes de esta trayectoria. La primera organizó relaciones económicas mediante una unidad monetaria. La segunda busca organizar relaciones entre territorio, activos ambientales e inversión mediante unidades verificables. En ambos casos, el elemento económico que permite funcionar al sistema es la confianza en aquello que la unidad representa. Del territorio al mercado La construcción de esa confianza requiere una secuencia institucional. El territorio proporciona el activo físico. Los derechos establecen quién participa en su administración y en sus beneficios. Los datos permiten construir líneas base. Las metodologías determinan cómo medir. Los Documentos de Diseño de Proyecto organizan técnicamente la intervención. El monitoreo, reporte y verificación permiten seguir sus resultados. Los registros proporcionan trazabilidad. La certificación permite conectar el resultado con mercados e inversionistas. El Piloto Kayambi está trabajando precisamente sobre esta secuencia con un horizonte de cuarenta años. Ese plazo cambia la escala del análisis. Una hectárea deja de evaluarse únicamente por aquello que produce durante una cosecha y comienza a observarse por los flujos económicos, ambientales y sociales que puede sostener durante una generación. De allí surge una arquitectura en la que las comunidades participan en la gobernanza, la ciencia mide, la tecnología registra, las empresas producen, los inversionistas aportan capital y las instituciones proporcionan reglas. El ABC de las PACES La existencia de activos comunes conduce directamente al problema que enfrentaron las trece colonias: cómo procesar intereses diferentes. Nuestro método organiza esas diferencias mediante cinco dimensiones: Política, Ambiental, Cultural, Económica y Social. PACES. El ABC identifica el objeto económico: agua, biodiversidad y carbono. PACES permite observar las dimensiones desde las cuales las personas valoran esos activos, toman decisiones y enfrentan conflictos. La combinación produce el ABC de las PACES. El Diálogo Hexagonal proporciona el espacio para convertir esa arquitectura conceptual en información. Hexagon Toolkit permite registrar preferencias, ordenar prioridades, medir factibilidad e identificar los actores capaces de ejecutar acuerdos. La unanimidad funciona como señal de que, frente a una cuestión determinada, personas procedentes de intereses distintos han encontrado un espacio común. El paralelo con los procesos constituyentes norteamericanos aparece en la búsqueda de mecanismos capaces de transformar diversidad en decisiones. Los instrumentos son diferentes porque corresponden a siglos y problemas diferentes. La cuestión institucional permanece: cómo lograr que varias unidades con intereses propios puedan actuar conjuntamente. Quito como primer experimento El 24 de agosto de 2026 realizamos en Quito el primero de cinco Diálogos Hexagonales de esta etapa. El ejercicio incorporó 53 temas y permitió medir las preferencias de los participantes. La conservación de páramos alcanzó una priorización del 100%. La preservación del agua mediante la protección de sus fuentes alcanzó 98%. En el análisis posterior, la conservación de páramos y fuentes de agua obtuvo una factibilidad del 92%. La medición de actores produjo otra señal. Familia y naturaleza e inversión y finanzas de impacto alcanzaron 99%; pueblos y comunidades, 98%; conocimiento, ciencia y tecnología, 96%. Los números permiten observar dónde comienza el espacio de acuerdo. El páramo, el agua, la familia, las comunidades, el conocimiento y la inversión aparecen conectados dentro de una misma estructura de preferencias. Esa información permite avanzar desde las opiniones hacia proyectos. De Quito al Pacífico El proceso iniciado en Quito continúa en Chile durante septiembre. La ruta contempla después Bogotá, Lima y Panamá, incorporando progresivamente la franja del Pacífico dentro de una arquitectura andina que también comprende a Bolivia, Venezuela y Argentina. Cada territorio puede cumplir funciones distintas según sus capacidades. Ecuador aporta el piloto territorial y la experiencia de gobernanza con pueblos originarios. Chile proporciona una plataforma financiera, fiduciaria y de inversión. Colombia aporta capacidades vinculadas a estándares, validación, verificación y certificación. Los demás países incorporan dimensiones territoriales, políticas, ambientales, culturales, económicas y sociales conforme avance el proceso. La lógica se parece a la especialización que fue apareciendo entre las colonias y posteriormente entre los estados norteamericanos. La integración aumenta cuando las capacidades diferentes pueden intercambiarse dentro de reglas conocidas. Hamilton, el crédito y URKU Hamilton comprendió que la capacidad de actuar conjuntamente dependía también de una arquitectura financiera. Crédito, deuda, recaudación y confianza formaban parte del problema institucional. Los Andes enfrentan hoy una pregunta equivalente aplicada al capital natural: cómo financiar proyectos territoriales antes de que sus flujos futuros hayan sido realizados. URKU se ubica precisamente en ese punto. Busca conectar activos ambientales verificables y flujos futuros con capital disponible hoy. La cadena económica comienza en una hectárea y puede terminar en un inversionista situado a miles de kilómetros. Entre ambos deben existir derechos, datos, metodología, monitoreo, verificación, registro, contratos y mecanismos de distribución de beneficios. La digitalización y el dMRV permiten observar el territorio. Los gemelos digitales permiten organizar información. Los PDD estructuran los proyectos. Los estándares establecen metodologías. Los registros aportan trazabilidad. URKU incorpora la dimensión financiera. La arquitectura transforma territorio en información, información en proyecto y proyecto en capacidad de inversión. Una integración desde los pueblos Aquí aparece otra relación con la historia norteamericana. Las trece colonias eran comunidades políticas antes de constituir una unión. Sus habitantes comerciaban, publicaban, intercambiaban correspondencia y construían redes antes de que existiera la Constitución de 1787. Los Andes poseen también redes anteriores a muchas de nuestras fronteras republicanas. Los pueblos originarios, las familias, las rutas comerciales, las cuencas y los ecosistemas mantienen relaciones territoriales que atraviesan los límites administrativos contemporáneos. La integración puede comenzar desde esas relaciones existentes. Los pueblos pueden participar como titulares de derechos y beneficiarios económicos. Las familias pueden participar como unidades productivas. Las empresas pueden aportar cadenas comerciales. La academia puede proporcionar conocimiento. Los inversionistas pueden aportar capital. Los Estados pueden proporcionar seguridad jurídica y regulación. La red surge de la coordinación de esas funciones. Estados Unidos del URKU en los Andes De allí proviene la expresión Estados Unidos del URKU en los Andes, EUUA. La expresión describe una arquitectura de cooperación entre territorios, pueblos e instituciones de ocho países andinos y vinculados a la cuenca del Pacífico. Su unidad surge del ABC, mientras su gobernanza se construye mediante las PACES. El precedente estadounidense permite visualizar el mecanismo. Las unidades conservan su identidad mientras establecen instituciones y reglas para aquello que realizan conjuntamente. Ecuador conserva su Estado. Chile conserva el suyo. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina y Panamá mantienen sus respectivas instituciones. Los pueblos conservan su identidad y sus formas de organización. La integración aparece en los proyectos, los flujos de inversión, la información compartida y los acuerdos. De Paine a una red de ideas Thomas Paine utilizó Common Sense para llevar una discusión institucional fuera de los círculos de gobierno. Hamilton, Madison y Jay hicieron algo semejante mediante los 85 ensayos publicados entre 1787 y 1788 que posteriormente serían conocidos como The Federalist Papers. Escribir era una forma de construir red. Las cartas, periódicos y panfletos conectaban personas que vivían en ciudades diferentes y permitían discutir instituciones que todavía estaban en formación. Hoy disponemos de otras tecnologías, pero la función permanece. Publicamos para que una idea pueda salir de una reunión y encontrarse con otra persona. Esa persona puede discutirla, modificarla, conectarla con otra red y eventualmente transformarla en una acción. ADN@+ cumple para nosotros parte de esa función: poner ideas en circulación. La Red Santa Cruz y la Cruz de la Unidad Dentro de este proceso existe una red construida durante años alrededor de relaciones personales, familiares, profesionales y comunitarias: la Red Santa Cruz. El 6 de enero de 2027 está previsto que un grupo de Madrugadores de Chile viaje a Ecuador. La intención es encontrarse con Madrugadores ecuatorianos y posteriormente llegar a Cayambe, donde puede instalarse un primer monolito de la Cruz de la Unidad. El acto contiene un símil con las redes que precedieron a las instituciones norteamericanas. Personas de territorios distintos se encuentran, construyen confianza, conocen el territorio y establecen relaciones que después pueden producir proyectos. La Cruz registra ese encuentro. La Red conecta a las personas. El diálogo permite encontrar acuerdos. La inversión permite convertirlos en acciones. De 2026 a 2066 El horizonte que estamos utilizando para los proyectos territoriales es de cuarenta años. Eso lleva el proceso desde 2026 hasta 2066. Cuarenta años permiten observar una generación completa. Los fundadores estadounidenses tampoco podían conocer el resultado final de las instituciones que estaban creando. Sus decisiones establecieron reglas que continuaron funcionando después de su muerte. Allí existe otro símil para los Andes. Una institución de largo plazo debe poder operar cuando sus fundadores ya no estén. Por eso la discusión sobre agua, biodiversidad y carbono termina siendo también una discusión sobre gobernanza. El territorio permanece durante generaciones. Los activos ambientales producen flujos durante décadas. Las familias cambian. Los dirigentes cambian. Los gobiernos cambian. Los proyectos necesitan reglas capaces de atravesar esos cambios. Treinta años, desde 1994 hasta 2026, permitieron acumular experiencias entre Chile y Ecuador. La dolarización de 2000 mostró el papel de la confianza en una arquitectura económica. El desarrollo de URKU en 2026 abre un nuevo ciclo alrededor del capital natural. Los proyectos a cuarenta años llevan esa trayectoria hasta 2066. La libertad como proceso institucional La palabra que conecta estos procesos es libertad. En la experiencia norteamericana, la libertad condujo a discusiones sobre representación, propiedad, tributación, comercio, crédito y gobierno. En los Andes contemporáneos esas mismas categorías aparecen alrededor de nuevos activos. Quién posee. Quién representa. Quién regula. Quién invierte. Quién verifica. Quién recibe los beneficios. Quién decide. Responder esas preguntas requiere instituciones. Nuestra propuesta comienza por medir aquello que existe en el territorio y aquello que las personas acuerdan hacer con él. El ABC identifica los activos. PACES organiza las dimensiones de decisión. El Diálogo Hexagonal construye acuerdos. Hexagon Toolkit los mide. Los PDD transforman datos y acuerdos en proyectos. URKU conecta esos proyectos con capital. La Red Santa Cruz conecta a las personas capaces de ponerlos en movimiento. Washington, Adams, Jefferson, Franklin, Madison, Hamilton y Paine enfrentaron una pregunta que continúa vigente: cómo pueden comunidades diferentes conservar su libertad y construir conjuntamente aquello que separadas no pueden realizar. Dos siglos y medio después, esa pregunta puede formularse desde los Andes. Nuestra respuesta puede comenzar con agua, biodiversidad y carbono, avanzar mediante diálogo e inversión y construirse durante los próximos cuarenta años desde los pueblos. Ese es el sentido de hacer las PACES. Roberto F. Salazar-Córdova Economista Santiago de Chile Septiembre de 2026

Los bebés nacen 9 meses después de la concepción tras ponerse sus padres en campaña, en promedio... Los políticos, en cambio, deben cambiar frecuentemente de campaña, quizá cada 9 meses, para tratar de renacer... 9 meses es un buen periodo, entonces, para saber cómo van las cosas en un embarazo, un bebé, o la sobrevida de un político tras medirse en su momento vital de nacimiento o elección... ¿Cómo va Kast, a todo esto? Chile: ¿cuántos votos conserva cada candidato? Nueve meses después de la elección presidencial de 2025, Panel Ciudadano-UDD volvió sobre los mismos electores. El resultado muestra cuánto permanece del voto declarado: Parisi conserva 62%, Matthei 52% y Kaiser 43%. El estudio es longitudinal: compara a las mismas personas consigo mismas. En promedio, la mitad de los electores abandonaron a sus candidatos. Aplicados a los resultados electorales, Parisi pasaría de aproximadamente 2,55 millones de votos a 1,58 millones; Matthei, de 1,61 millones a 839 mil; y Kaiser, de 1,80 millones a 776 mil. En conjunto, alrededor de 2,77 millones de sus votantes de 2025 ya no declaran la misma opción. Ojo: esos 2,77 millones de electores equivalen al 42% de toda la población del Gran Santiago. Si usamos toda la Región Metropolitana, con 7.400.741 habitantes, equivalen al 37,4%. Esto usando data de Servel para confirmar el orden y las magnitudes electorales de la primera vuelta. ¿Y el Presidente Kast? El caso de José Antonio Kast requiere otra medición. Ganó la segunda vuelta con 58,17%, pero ese resultado incorporó electores procedentes de otras candidaturas. Hacia El se fueron más de la mitad de los votantes que dejaron atrás a los que no pasaron a balotaje. Panel Ciudadano ha identificado posteriormente pérdida de apoyo al Gobierno y vincula parte de esa salida con el desgaste normal del ejercicio de mando y los ciclos políticos, en espera de los resultados ofrecidos en expectativas económicas y percepción de seguridad, sus dos ejes programáticos principales. Si, como ejercicio y no como intención de voto, se aplica una permanencia del 60% a los aproximadamente 3,10 millones obtenidos por Kast en primera vuelta, su base equivalente sería de alrededor de 1,86 millones. La comparación quedaría: Kast 1,86 millones; Parisi 1,58 millones; Matthei 839 mil; Kaiser 776 mil. Parece que Kaiser queda cuarto, pero ojo: Kast no puede reelegirse. Hay que mirar con lupa, por tanto, los trasvases que son lentos pero siempre se hacen sobre lo más seguro en política. El dato central es cuantitativo: Parisi conserva 62% de su voto y queda a unos 280 mil votos equivalentes de una base Kast filtrada al 60%. La variable que falta medir es el destino de quienes cambiaron: abstención, Kast, Parisi, Kaiser, otra candidatura o ausencia de preferencia. EL PÉNDULO VA HACIA KAISER Sí; siempre la vida política es pendular entre izquierdas y derechas... Los datos históricos permiten simular el “péndulo” sin asumir que los 2,77 millones se desplazan como un bloque. En 2017, Panel Ciudadano estimó que alrededor de 12% de los votantes probables cambiaba de preferencia entre mediciones (swing-voters). Veamos: Piñera captó votos provenientes de Goic y una fracción de Sánchez. En 2021 el movimiento fue mayor: entre quienes habían votado por Parisi, 47,1% pasó a Boric, 33,7% a Kast y 18,2% no votó o anuló. ¿"Ni Fachos ni Comunachos"? En 2025 el mismo electorado de Parisi osciló en sentido contrario: 55,1% terminó con Kast y solamente 33,9% con Jara. Kast, con ello, se mantuvo sólido, pues además de ser el Ganador de Condorcet, retuvo 95,4% de su primera vuelta, y recibió casi todo (95,1%) el voto Kaiser y un relativamente bajo apoyo (64,3%) del voto Matthei. Lo sólido está mirando hacia la derecha. El péndulo de pérdidas existe más en la izquierda que en la derecha, y el recorrido no sigue permanentemente un eje total izquierda-derecha en toda su amplitud, sino que tiene un tope de caucho y rebote a mitad de camino hacia la izquierda que lo lleva hacia las derechas, ya sin temores pasados históricos. ¿Qué hará Parisi en este escenario? El votante manda. Parisi lo sabe. El apoyo a la reforma de Quiroz fue claro. El desarme de la izquierda también ha sido notable. El tema de preferencia electoral del votante mediano chileno, dado el contetro de desempleo y déficit fiscal es ir cada vez más hacia la libertad que hacia la igualdad. La aceptación a la reforma económica de Kast así lo muestra. La reforma Quiroz muestra un desplazamiento notable: 72% apoya el recorte de 50% de los cargos de confianza, 69% reducir ministerios de 25 a 16 y 63% el fusionar servicios públicos. Con desempleo cercano al 9% y presión fiscal, Parisi enfrenta un incentivo electoral concreto: seguir al votante que demanda menor aparato estatal, empleo y crecimiento, mientras Kast ocupa el gobierno y Kaiser disputa ese mismo espacio desde la derecha. El gobierno lo reconoce, y le da espacio a Kaiser y le sigue sacando votantes para nutrirse de dicho espacio sociológico. Por ejemplo, el Gobierno ha ido ocupando parte del espacio programático de Kaiser: rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, control migratorio y fronterizo, seguridad como prioridad y reducción del Estado. Al mismo tiempo, si bien se mantiene con el PNL fuera del Ejecutivo, se observa un Kaiser que apoya desde afuera y conserva autonomía; en abril, Kaiser se reunió con el ministro Quiroz para introducir propuestas del PNL en la agenda económica, y en julio sostuvo que el Gobierno estaba adoptando temas impulsados por los libertarios. Es una relación electoral particular: Kast gobierna sobre parte de la agenda de Kaiser, mientras Kaiser puede capitalizarla sin cargar directamente con el costo de gobernar. Equilibrio es equilibrio, en economía y política. Si tomamos hoy los 2,77 millones que dejaron de identificarse con Parisi, Matthei o Kaiser y utilizamos la experiencia 2017-2025 para construir un escenario central, la estadística muestra que aproximadamente 45% iría hacia una oposición de derecha más derecha, 30% hacia Kast corrido hacia el centro de su sector, y solo 25% se quedaría en abstención, nulo, indecisión u otras opciones junto a Matthei. Eso produciría un terremoto en lo municipal en poco tiempo: 1,25 millones hacia una alternativa de derecha; 831 mil hacia Kast como nuevo centro; 693 mil fuera de ambos polos hacia Parisi como nuevo centro y hacia el centro viejo. Parisi no disputaría con el centro antiguo las bolsas de votos remanentes que hoy trata de sostener la izquierda. El dato importante aparece al observar que gracias al apoyo a Quiroz, Parisi es el que mejor sostiene su sobrevida, combinando su nueva sinfonía con las bases retenidas. Parisi parte de aproximadamente 1,58 millones. Si capturara, de Kast, solamente un tercio del electorado móvil —unos 923 mil— alcanzaría aproximadamente 2,5 millones. Con 45%, llegaría a unos 2,83 millones. Si Kast parte de la base filtrada de 1,86 millones y recupera 30%, llegaría aproximadamente a 2,69 millones. La secuencia analítica sería ésta: observar quién es el delfín de Kast que competirá con Parisi. Por el otro lado, si hay efectividad de las derechas, Boric queda fuera de juego, y Matthei estaría abandonada definitivamente a su suerte. Por tanto, el enemigo de Matthei no es Kast, sino Parisi, cuyo umbral no obliga al Partido de la Gente a que tenga que capturar 2,77 millones. Le bastaría captar alrededor de 40% del electorado desprendido para superar los 2,69 millones del mejor escenario Kast. La alianza Kast-Kaiser es natural, por otro lado, y los tiros para ChileVamos parecen coquetear cada vez más hacia allá, dejando cada vez más sola a la vertiente socialmente política de la derecha. Kaiser y su propuesta social Hay un antecedente que hace plausible estudiar ese movimiento lógico desde el Partido Nacional Libertario: entre 2021 y 2025, 36,9% de quienes en 2021 no votaron o votaron nulo/blanco terminaron votando por Parisi en 2025. Kast lo vio, jugó bien y captó 15,9% de ese mismo grupo. Parisi, de su parte, ha estado competitivo en la toma de dicho morro y ya demostró, hace poco, capacidad para captar electores fuera de una base partidaria estable. Kaiser aprendió de aquello y ha comenzado, junto a su equipo, a mirar hacia la Doctrina Social de la Iglesia como fuente de conservadurismo arraigado que se puede disputar con fuerza, junto a Kast: más de cerca naturalmente que lo que puede hacer Parisi al ser más liberal que conservador. Lo Conservador Gana Fuerza La hipótesis cuantitativa sería: el péndulo chileno no está necesariamente moviéndose de derecha a izquierda; puede estar moviéndose desde gobierno hacia una opción fuera de los bloques: más ligada a la tradición, la familia y la propiedad, como está pasando hoy mismo en Alemania Oriental, donde el voto lleva ventaja en AfD. En Alemania Oriental, el desplazamiento electoral se observa en Sajonia-Anhalt: AfD pasó de 20,8% en 2021 a 44,5% en las proyecciones de la elección de hoy, mientras la CDU cayó de 37,1% a 18,5%. AfD más que duplicó su participación en cinco años. El crecimiento se produce en un contexto de menores ingresos, pérdida de población y preocupación por migración y seguridad, junto con un programa que enfatiza familia, propiedad de vivienda y tradición. El caso muestra que el péndulo puede desplazarse desde los partidos de gobierno hacia una fuerza situada fuera del eje político tradicional central concertacionista en Chile, sin trasladarse ya el votante hacia la izquierda. Parisi lo sabe... Parisi tiene otro dato para mirar hacia la derecha: en 2025, 69,5% de sus votantes no se identificaba con la izquierda ni con la derecha, pero su composición territorial se concentró en comunas de ingresos medios y bajos y fuera de Santiago; además, obtuvo 23,3% entre hombres y 16,1% entre mujeres. Su electorado mostró posiciones más restrictivas que el promedio en inmigración y materias valóricas, y 55% respaldaba mayor uso de la fuerza contra la delincuencia. Es decir, existe espacio para que Parisi avance hacia mercado, seguridad y propiedad sin convertirse en Kast o Kaiser. La disputa futura sería por un votante que rechaza la izquierda, pero tampoco se considera parte de la derecha partidaria. Si Parisi conserva su 62% y captura entre 35% y 45% de los 2,77 millones móviles, su rango simulado sería aproximadamente 2,55–2,83 millones de votos, antes de incorporar nuevos movimientos desde Kast, Jara o abstencionistas. Sin embargo, está Kaiser de por medio... Según estimamos en Hexagon Group, Kaiser puede ser quien termine recibiendo esos votos. La evidencia de 2025 muestra que las transferencias dentro de la derecha fueron las más altas: cuando Kaiser quedó fuera, 95,1% de sus votantes pasó a Kast y 64,3% de los votantes de Matthei hizo lo mismo. Kast, además, conservó 95,4% de su propia base. Eso identifica un corredor electoral Kast–Kaiser–Matthei que ya funcionó en una elección real. Los tres sumaron 50,3% de la primera vuelta, la mayor proporción conjunta de candidaturas de derecha desde 1946. Hacia 2029, Kast ya no podrá presentarse a una reelección presidencial consecutiva; por tanto, si su electorado busca continuidad y Kaiser llega competitivo, una parte de esa transferencia puede operar en sentido inverso: desde Kast hacia Kaiser. El gran reservorio será Matthei: en 2025 casi dos tercios de sus votantes ya demostraron que podían cruzar hacia Kast. Kaiser podría competir por esa misma bolsa si tiene propuesta religiosamente social. En lo correligionario, el PNL es muy fuerte: superó en 2026 los 50.000 militantes, convirtiéndose en la formación de derecha con más afiliados. Los datos no permiten afirmar hoy que Kaiser ganará en 2029, pero sí muestran una ruta cuantificable: retener su voto propio, recibir parte de la sucesión electoral de Kast y acercarse hacia el electorado de Matthei. Ese mecanismo es precisamente el que podría llevarlo de cuarto lugar en 2025 a competir por la Presidencia en 2029. Roberto F. Salazar-Córdova WWW.ADNPLUS.CO.UK

En América, el giro reciente a la derecha se basa en una hipótesis que el conservadurismo ha sabido comercializar en el mercado político. Nadie quiere ya saber de los BRICs ni de la OTAN... Y es que, todo mundo quiere hacer las PACES. La gente está cansada de diagnósticos y ha comenzado a organizarse digitalmente para hacer las paces. Los hogares están creando comunidades digitales y dejando atrás al estado y la academia como opciones mejores. Este cambio es real en Ecuador desde mediados de la primera década del siglo 21, pues como en ningún lugar en América Latina toda, las políticas de extrema apertura socialista aumentaron de forma sobreabundante el paso legal de migrantes. Allí, esto permitió el libre flujo de delincuentes, con lo que se crearon grupos delictivos transnacionales organizados y aumentó la escala de negocios ajenos al desarrollo clásico de la economía. Dicha escala avanzó hacia las instituciones e incluso hacia el control de puertos, como un requisito logístico de las mafias resultantes mixtas: locales, regionales, continentales y globales. No hubo control sino descontrol en la recepción del migrante global durante décadas (Ecuador 2007 a 2017) y luego, cuando se observó la selección adversa de capital humano, se combatió. Pero ya era tarde para lograr victorias rápidas frente a un proceso de décadas. El combate está resultando en muertes aumentadas, antes, durante y sobre todo inmediatamente después de la pandemia y muy luego de ella. La pandemia 2020 a 2022 gatilló un proceso de violencia basado en la pobreza causada por un gasto de ahorros previo, un endeudamiento agresivo anterior, y un agotamiento de los recursos que impidió tener forma de sostener la economía real ante un shock de escala global. No decimos: “la migración produjo violencia”, sino que optamos por una hipótesis fiscal y de políticas que terminaron, frente a un shock, en el resultado lógico de formación y consolidación de infraestructura criminal transnacional como ruta de escape a la pobreza extrema causada por el gasto extremo y un shock extremo sin salida monetaria inflacionaria. La secuencia causal que se evalúa sería aproximadamente esta: Entre 2007 y 2017 aumentó el gasto público y junto con ello se incrementó la apertura y circulación internacional de personas y mercancías, al mismo tiempo que determinadas redes criminales extranjeras pudieron ingresar legalmente, establecer conexiones locales, invertir, crear empresas o relaciones comerciales y penetrar progresivamente actividades logísticas. El punto crítico no es la pandemia en este análisis; está documentada. Tampoco lo es el gasyo fiscal de Ecuador en tiempos del socialismo del siglo 21: está estudiado ya. Lo es, hoy, aquí, ahora, la necesidad de ser buenos chicos tras dos décadas de dejar libre la entrada de malos chicos: individuos vinculados a organizaciones criminales dentro de un flujo migratorio mucho mayor. Esto, en el contexto de dolarización, gasto fiscal excesivo, pandemia y socialismo experimental de derechos por doquier, explicaría por qué Ecuador fue adquiriendo importancia como plataforma de tránsito de cocaína. La violencia escaló. Esto no es solamente una inferencia retrospectiva. Desde 2006 los informes internacionales describían al país como un territorio de tránsito al alza, señalando debilitamiento institucional, aumento de la corrupción, controles fronterizos que se volvieron vulnerables y arranque de la utilización de puertos ecuatorianos para embarques de varias toneladas. Hay evidencia de que durante la década siguiente el problema se desplazó hacia la logística portuaria. Para 2013-2015, los informes estadounidenses describían al puerto de Guayaquil como un gran hub sudamericano para cocaína escondida en carga contenerizada destinada principalmente a Europa. En 2015 se señalaba, además, que apenas alrededor del 20% de las exportaciones contenerizadas eran inspeccionadas. El “descontrol” 2006-2016 es empíricamente comprobable. No hubo que ausencia absoluta de operaciones policiales —porque sí hubo incautaciones y operativos— sino una situación en la cual la capacidad de penetración de las redes criminales creció más rápidamente que la voluntad estatal de detección, inteligencia, inspección y judicialización. Eso lo veremos en la segunda parte. La consecuencia aparentemente paradójica sería que durante parte de 2007-2017 el país podía mostrar homicidios decrecientes y, simultáneamente, estar acumulando un stock de capacidad criminal. Teóricamente hubo una organización que utilizó el territorio ecuatoriano principalmente como corredor logístico y tuvo incentivos para mantener baja la violencia: matar genera atención social, interrumpe operaciones y eleva costos. El homicidio, entonces, sería un indicador tardío, no necesariamente contemporáneo, de penetración criminal combatida por gobiernos posteriores al régimen económico y político 2006-2017. La variable de estado sería: Stock de infraestructura criminal = redes internacionales + operadores locales + empresas/logística + corrupción + acceso portuario + rutas + capacidad financiera + armas. Durante una primera etapa ese stock puede crecer sin incrementar los homicidios. Incluso puede coexistir con una caída de estos. Después cambia el equilibrio. Cuando el Estado comienza a combatir las redes, creando disputas internas, cuando se fragmentan organizaciones y cuando nuevos grupos intentan controlar rutas previamente coordinadas, aumenta el aparecimiento creciente de la violencia por decomisos, detenciones y homicidios que crecen simultáneamente. Ese punto es fundamental para interpretar los datos que aquí presentaremos. Más toneladas capturadas después de 2017 no demostrarían necesariamente que antes había menos droga, sino que después existió mayor interdicción sobre un mercado que ya había alcanzado una escala considerable. Lo mismo ocurre con las detenciones. Más detenidos después de 2017 no significa una mayor criminalidad, sino una mayor intensidad policial. No se puede introducir “detenciones” simplemente como una medida de criminalidad. Hay que separar: presión criminal de presión estatal. Observar el gasto militar como porcentaje del PIB se vuelve particularmente interesante. En la segunda parte encontramos que entre 2007 y 2017 disminuye la capacidad relativa de seguridad o cambia su composición, mientras aumentan entradas internacionales, comercio contenerizado y evidencias de narcotráfico; y posteriormente aumentan gasto/operaciones, detenciones e incautaciones acompañadas inicialmente por más homicidios. Presentaremos evidencia compatible con un fenómeno de represión de un stock criminal previamente acumulado. Hay abundante evidencia y bastante fuerte sobre el mecanismo portuario que se dio en Ecuador y su Costa Pacífico. Investigaciones judiciales europeas y periodísticas basadas en comunicaciones intervenidas han descrito redes internacionales con informantes dentro de puertos ecuatorianos, acceso a información privilegiada de terminales de Guayaquil y capacidad para coordinar la salida de contenedores. Esto coincide con 2006 cuándo comenzó esa penetración, y su evolución demuestra que el mecanismo que aquí se plantea existió. Una parte de la hipótesis que se maneja con rigor es “migrantes mafiosos”. El INEC permite reconstruir entradas de extranjeros desde 2000 y, además, contiene nacionalidad, clase migratoria, motivo, edad y otras características. Esos datos no identifican criminalidad, pero llama la atención un aumento de entradas italianas, albanesas, mexicanas, colombianas, venezolanas, serbias, españolas, etc. Algon inusual que da para pensar qué porcentaje de esas personas fueran miembros de mafias. Para probar esa parte procedimos a construir una segunda base, mucho más específica: extranjeros procesados o condenados por narcotráfico/crimen organizado, nacionalidad, fecha de primera entrada al Ecuador, tipo de visa y permanencia cuando pudo determinarse, empresas constituidas, relaciones societarias y vínculos con operaciones portuarias. Evaluando así pudimos confrontar la hipótesis. De hecho, se la formuló econométricamente como una hipótesis de dos etapas: 2000-2017: acumulación de capacidad criminal. 2018-2026: revelación, fragmentación y confrontación de esa capacidad. Y se probó la existencia de un cambio estructural alrededor de 2017-2019. Esto cambió nuestra historia. La regresión típica y sencilla del tipo homicidios contra migración quedó atrás por mal especificada. Necesitábamos rezagos y varias variables acumulativas: H_t=f(C_{t-1},C_{t-2},I_t,D_t,S_t,X_t) donde \(H\) son homicidios, \(C\) es capacidad criminal acumulada, \(I\) intensidad de interdicción, \(D\) decomisos, \(S\) gasto estatal en seguridad/defensa y \(X\) controles económicos y demográficos. Para migración se usaron entradas extranjeras por nacionalidad, pero no como variable criminal. Después construimos una variable separada de penetración criminal extranjera documentada. Se vio desde las descriptivas una predicción particularmente fuerte de la hipótesis: durante la fase de penetración aumentó la utilización de Ecuador como corredor internacional antes de que explote el homicidio. Es notable la evolución de toneladas traficadas e incautadas, conexiones portuarias, casos internacionales y presencia de redes que se anticiparon varios años al salto de homicidios. Al dividir eso en 2000-2026, por fases 2000 a 2005, 2006 a 2017 y 2018 a 2026, la hipótesis ganó mucho peso. La predicción con datos fue más que interesante: al comenzar la represión, incautaciones, detenidos y homicidios comenzaron a subir conjuntamente durante el período final, porque el Estado entró a perturbar un equilibrio criminal previamente relativamente estable. Solo posteriormente a la caída del poder gobernante de las mafias pudo observarse un aumento sostenido de homicidios mientras la capacidad estatal luchaba por destruir el stock organizacional. Por eso el 2024–2026 es especialmente informativo. La caída de homicidios durante una parte del período y su comportamiento posterior pudo confrontarse contra operativos, decomisos y detenciones, y dejó de interpretarse aisladamente. La siguiente sección reconstruye 2000–2026 año por año con ocho series: homicidios y tasa por 100.000; entradas de extranjeros y saldo; entradas por nacionalidad; gasto militar/PIB; gasto policial/seguridad; toneladas decomisadas; detenidos por narcotráfico/crimen organizado; y volumen portuario de contenedores. Con dichos datos se hace pruebas de cambio estructural, rezagos y causalidad temporal. Con eso pudimos distinguir tres explicaciones distintas: apertura migratoria, penetración criminal transnacional y reacción estatal. Separar fases evita correlaciones engañosas y pudo revelar exactamente el proceso que Ecuador ha estado viviendo. PARTE 2 Entre 2000 y 2006 las entradas de extranjeros promediaron aproximadamente 747.000 movimientos anuales. Entre 2007 y 2017 aumentaron a cerca de 1,26 millones anuales: 68,5% más. La diferencia entre ambos períodos resultó estadísticamente significativa, con p < 0,001. En valores puntuales, se registraron 840.555 entradas de extranjeros en 2006, 937.487 en 2007, 1.047.098 en 2010, 1.364.057 en 2013, 1.556.991 en 2014 y 1.608.473 en 2017. El movimiento internacional total también aumentó. Ecuador registró aproximadamente 1,52 millones de entradas de nacionales y extranjeros en 2006, 1,94 millones en 2010, 2,83 millones en 2014 y 3,12 millones en 2017. Las bases del INEC permitieron desagregar los movimientos por nacionalidad, clase migratoria, edad, sexo y motivo de viaje. [INEC — Estadísticas de entradas y salidas internacionales](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/migracion-bases-de-datos) En drogas, la serie histórica comparable mostró aproximadamente 16,3 toneladas anuales de cocaína incautada en promedio durante 2000–2006, frente a 45,9 toneladas durante 2007–2017. El incremento entre ambos períodos fue aproximadamente 181%. La diferencia resultó significativa tanto mediante Welch, p ≈ 0,015, como mediante Mann-Whitney, p ≈ 0,011. En 2005 se decomisaron aproximadamente 44,7 toneladas de cocaína; en 2006, 38,2 toneladas; en 2009, alrededor de 65 toneladas; en 2013, aproximadamente 42,5; en 2014, alrededor de 50; en 2015, más de 60; y en 2016, cerca de 98 toneladas. UNODC registró además un cambio en la conexión europea. Los casos europeos de cocaína asociados con Ecuador pasaron de 6 casos y unos 25 kilogramos en 2005 a 67 casos y aproximadamente 2,5 toneladas en 2009. En materia portuaria, los informes internacionales estimaron para 2013 que hasta aproximadamente 110 toneladas de cocaína podían transitar anualmente por Ecuador. Para 2014–2015, Guayaquil fue identificado como un importante punto sudamericano de transbordo de cocaína en carga contenerizada hacia Europa. En 2015 se estimó que únicamente alrededor del 20% de las exportaciones contenerizadas eran inspeccionadas. Los homicidios siguieron la dirección contraria durante buena parte de ese período. La tasa por 100.000 habitantes fue aproximadamente 17,4 en 2010; 15,3 en 2011; 12,3 en 2012; 10,9 en 2013; 8,2 en 2014; 6,5 en 2015; 5,8 en 2016 y 5,8 en 2017. La tasa media de homicidios fue aproximadamente 15,2 por 100.000 durante 2000–2006 y 12,2 durante 2007–2017. Al restringir la observación a 2000–2017, la correlación entre cocaína incautada y tasa de homicidios fue aproximadamente −0,68, con p ≈ 0,002. La correlación contemporánea entre entradas de extranjeros y tasa de homicidios durante 2000–2017 fue aproximadamente −0,76, con p < 0,001. El gasto militar no disminuyó en términos relativos. Como porcentaje del PIB promedió aproximadamente 1,99% durante 2000–2006 y 2,80% durante 2007–2017. En 2018–2024 promedió aproximadamente 2,28%. La serie internacional comparable provino de SIPRI. [SIPRI Military Expenditure Database](https://www.sipri.org/databases/milex) A partir de 2018 cambió la trayectoria de los homicidios. La tasa fue aproximadamente 5,8 en 2018, 6,9 en 2019, 7,8 en 2020, 14,1 en 2021, 27,4 en 2022 y 45,7 en 2023. En 2024 se mantuvo alrededor de 39 por 100.000. En 2025 se contabilizaron 9.216 homicidios, aproximadamente 50,9 por 100.000 habitantes, el mayor total anual de la serie reciente. Entre enero y julio de 2026 se registraron 4.882 homicidios, frente a 5.295 durante enero–julio de 2025: una reducción interanual acumulada de aproximadamente 7,8%. Las incautaciones también cambiaron de escala: aproximadamente 210 toneladas en 2021, 201 toneladas en 2022, más de 200 toneladas en 2023 y 294,6 toneladas en 2024, récord anual. En 2025 se reportaron aproximadamente 214,5 toneladas. La comparación de las tres fases produjo, por tanto, cuatro resultados cuantitativos principales. Entre la primera y la segunda fase las entradas de extranjeros aumentaron aproximadamente 69%, la cocaína incautada promedio aproximadamente 181%, el gasto militar/PIB aproximadamente 41%, mientras la tasa media de homicidios disminuyó aproximadamente 20%. Posteriormente, la tasa de homicidios pasó de 5,8 en 2017 a 50,9 en 2025, un incremento cercano al 780%. Los datos ubicaron así el aumento observable de los flujos internacionales y del narcotráfico varios años antes del salto de la violencia homicida. La inflexión de homicidios comenzó entre 2018 y 2020 y el cambio de escala apareció desde 2021. ECONOMETRIA 1: PARTE 3 La econometría social La econometría se rehizo desde cero con la pregunta correcta. No se estimó si la migración explicaba los homicidios. Se estimó si Ecuador presentó distintos regímenes de política y control criminal: una fase inicial, una fase de expansión del narcotráfico acompañada por reducción de violencia y una fase posterior de confrontación en la que aumentaron simultáneamente la interdicción y los homicidios. Para evitar resultados artificiales, primero se armonizaron las series. Esto obligó a corregir algunas cifras preliminares de la Parte 2. Utilizando cocaína total —clorhidrato más base cuando la fuente lo permitió— la media comparable de incautaciones fue aproximadamente 13,3 toneladas anuales en 2000–2005 y 42,3 toneladas en 2006–2017, no 16,3 y 45,9 como se había calculado inicialmente mezclando definiciones. La diferencia sigue siendo incluso más contundente en términos relativos: +218%. Para 2016–2020 se contrastaron OEA/CICAD, INCB y estadísticas policiales; desde 2021 muchas fuentes publicaron “drogas totales”, por lo que esos años no se empalmaron mecánicamente con la serie histórica de cocaína. Los informes contemporáneos confirman 38,16 toneladas de cocaína en 2006, 22,45 en 2007, 22 en 2008, 43,5 en 2009, 14,8 en 2010, 21,1 en 2011, 21,4 en 2012, 42,5 en 2013, 43,7 en 2014 y 59 en 2015. Para 2016–2020, OEA/CICAD registró aproximadamente 97 toneladas de cocaína en 2016, una caída posterior y un nuevo aumento hasta unas 92 toneladas en 2020; el INCB reportó 81,713 toneladas de sales de cocaína en 2017. La Policía informó, para todas las drogas, 97 toneladas en 2018 y 82 en 2019. Estas diferencias de definición son precisamente la razón por la cual se estimó el modelo principal con la serie armonizada y se dejó la serie de “drogas totales” para robustez descriptiva. La serie de homicidios utilizada para 2000–2023 provino de UNODC y fue contrastada con la serie del Ministerio del Interior. La trayectoria fue clara: 14,5 homicidios por 100.000 habitantes en 2000; 17,0 en 2006; 18,0 aproximadamente en 2008; 17,5 en 2010; 12,4 en 2012; 8,2 en 2014; 5,8 en 2017; 5,8 en 2018; 7,8 en 2020; 14,0 en 2021; 27,0 en 2022 y 46,5 en 2023. Para 2024–2026 se utilizaron datos del Ministerio del Interior. En 2024 hubo 7.036 homicidios y una tasa aproximada de 39 por 100.000; en 2025 se registraron 9.216 y una tasa de 50,91. Entre enero y julio de 2026 hubo 4.882 homicidios frente a 5.295 en el mismo período de 2025, una reducción acumulada de 7,8%, aunque junio y julio de 2026 volvieron a superar los mismos meses de 2025. También se incorporó tráfico portuario. Los contenedores movilizados pasaron de aproximadamente 414.000 TEU en 2000 a 633.000 en 2005, 671.000 en 2006, un millón en 2009, 1,21 millones en 2010, 1,77 millones en 2014, 1,99 millones en 2017 y 2,21 millones en 2018. Para 2023 alcanzaron 2,60 millones de TEU y en 2024 unos 2,57 millones. El aumento entre las dos primeras fases fue cuantitativamente muy grande. El promedio de TEU pasó de unos 508.000 anuales en 2000–2005 a 1,38 millones en 2006–2017, un aumento aproximado de 171%. La diferencia de medias fue muy significativa: p ≈ 0,000086. El gasto militar/PIB también fue incorporado. La serie SIPRI pasó aproximadamente de 1,45% en 2000 a 2,03% en 2006, 2,57% en 2007, 3,12% en 2009, 3,10% en 2011 y 2,36% en 2017. El promedio pasó de aproximadamente 1,89% del PIB en 2000–2005 a 2,71% en 2006–2017, un aumento cercano al 44%. La diferencia de medias fue significativa, p ≈ 0,0009. Esto produjo un primer resultado importante: el supuesto “descontrol” de 2006–2017 no pudo identificarse como una caída del gasto militar. El presupuesto relativo aumentó. La variable que debe explicar el deterioro es la eficacia y composición del control, especialmente vigilancia marítima, inteligencia, policía antinarcóticos, puertos, Aduana, cooperación internacional y judicialización. La evidencia institucional fue consistente con esa distinción. En 2009 terminó la operación de Manta. El informe de 2011 señaló que la actividad marítima de narcotraficantes en el Pacífico oriental cerca de Ecuador había aumentado aproximadamente 200% o más durante 2010 mientras los decomisos marítimos cayeron drásticamente; el informe relacionó ambos fenómenos, entre otros factores, con la pérdida de cobertura de vigilancia tras el cierre de Manta. En 2011 no hubo incautaciones marítimas ecuatorianas y el informe de 2012 volvió a señalar el deterioro de la interdicción marítima. Los informes correspondientes a 2012 y 2013 registraron además organizaciones mexicanas, colombianas, nigerianas, rusas y chinas trabajando en Ecuador, mayor utilización de contenedores y una estimación de aproximadamente 120 toneladas de cocaína transitando anualmente por el país. Para 2013, Guayaquil ya era identificado como un importante hub sudamericano de cocaína contenerizada hacia Europa. En 2015, además, solamente alrededor del 20% de las exportaciones contenerizadas eran inspeccionadas pese a que Guayaquil era descrito como gran centro de transbordo de cocaína hacia Europa. El contraste entre las fases La primera comparación econométrica utilizó 2000–2005 frente a 2006–2017. La tasa media de homicidios pasó de 14,95 a 12,61 por 100.000, una reducción de 15,7%. La diferencia entre medias no alcanzó significancia convencional, p ≈ 0,157, principalmente por la fuerte variación dentro del segundo período. En cambio, las incautaciones medias de cocaína aumentaron de 13,29 a 42,28 toneladas, un 218%. La prueba de Welch produjo p ≈ 0,010 y Mann–Whitney p ≈ 0,0097. El movimiento portuario aumentó 171%, con p < 0,001. El gasto militar/PIB aumentó aproximadamente 44%, con p < 0,001. Por tanto, la segunda fase no pudo caracterizarse estadísticamente como un período en el que disminuyó simultáneamente violencia y narcotráfico. Lo que disminuyó fue el homicidio. Los indicadores asociados con escala logística y droga observable aumentaron. La correlación contemporánea entre cocaína incautada y homicidios en 2000–2017 fue r = −0,731, con p ≈ 0,0006. Es un resultado todavía más fuerte que el cálculo preliminar anterior de −0,68. Significa que durante aquella fase, años con mayores incautaciones tendieron a ser años con menores tasas de homicidio. No demuestra que la droga redujera la violencia. Demuestra que las dos variables evolucionaron en direcciones opuestas. Cuando se utilizó Spearman, que es menos sensible a observaciones extremas, la asociación fue de aproximadamente −0,414, con p ≈ 0,088. Por tanto, la relación negativa fue clara en Pearson pero menos robusta bajo ordenamientos no paramétricos. Este detalle es importante: hubo una divergencia fuerte entre las tendencias, pero no debe transformarse artificialmente en una relación causal mecánica. La tendencia dentro de 2007–2017 Se estimó una tendencia lineal para los homicidios exclusivamente durante 2007–2017. El coeficiente fue aproximadamente -1,42 homicidios por 100.000 habitantes por año. Fue altamente significativo: p \approx 0,000012 y el modelo explicó aproximadamente 89% de la variación anual de la tasa dentro del período. Por tanto, la caída de homicidios de aquella década fue real y estadísticamente muy fuerte. La econometría no la niega. Lo que sí mostró la comparación multivariable fue que esa caída ocurrió durante un período en que se multiplicaron el tráfico contenerizado y la cocaína observada. Cambio estructural Se aplicaron pruebas Chow sobre la serie de homicidios. Una ruptura después de 2005 no resultó significativa: p ≈ 0,80. Después de 2006 tampoco: p ≈ 0,65. Después de 2009 comenzó a aparecer evidencia de cambio, aunque todavía insuficiente: p ≈ 0,14. Después de 2010 la ruptura resultó significativa: F ≈ 3,72; p ≈ 0,042. Pero los mayores cambios aparecieron mucho después. Una ruptura después de 2017 produjo: F \approx 30,6,\qquad p<0,000001 Después de 2018: F \approx 43,9,\qquad p<0,0000001 Después de 2019: F \approx 67,1 con una probabilidad prácticamente nula bajo estabilidad estructural. El máximo apareció al separar 2000–2020 de 2021–2023: F \approx 82,4,\qquad p\approx2,2\times10^{-10} Por tanto, el gran cambio estructural de la violencia no ocurrió en 2017 ni en 2018: ocurrió alrededor de 2020–2021. Esto es compatible con tratar 2018–2020 como transición, pero nada impide afirmar técnicamente que la explosión de homicidios comenzó inmediatamente con el cambio político de 2017. Gráficamente, hay imágenes que valen más que 1000 palabras: Se hizo, para este artículo, una búsqueda de dos quiebres sin imponer previamente las fechas. El criterio BIC seleccionó como mejor partición aproximada 2011 y 2020. La serie quedó así dividida en una fase inicial de tendencia suavemente ascendente, una fase 2012–2020 de caída y posterior estabilización, y una fase desde 2021 de crecimiento explosivo. La pendiente estimada para 2007–2017 fue −1,42 homicidios por 100.000 al año. Entre 2018 y 2020 ya se volvió positiva, aproximadamente +0,98 por año. Entre 2021 y 2023 la pendiente anual fue del orden de +16,2 por 100.000, aunque con solo tres observaciones ese coeficiente debe leerse descriptivamente. También hubo rupturas en la serie de droga La misma prueba aplicada a la serie de incautaciones de cocaína encontró un cambio estructural después de 2009: F \approx 4,19,\qquad p\approx0,033 y otro cambio todavía más fuerte después de 2015: F \approx5,55,\qquad p\approx0,014 El primer quiebre coincidió cronológicamente con el cierre de la operación de Manta y con los informes oficiales que documentaron la caída de la interdicción marítima y la pérdida de cobertura de vigilancia. No constituye por sí solo una estimación causal del efecto Manta, pero sí demuestra que la serie de incautaciones modificó estadísticamente su comportamiento alrededor del mismo período. El segundo quiebre, alrededor de 2015–2016, coincidió con el salto hacia cantidades cercanas o superiores a 60–100 toneladas y con una documentación internacional mucho más clara de Ecuador como plataforma logística internacional. Estacionariedad y riesgo de regresiones falsas Antes de estimar causalidad temporal se aplicó Dickey–Fuller aumentado. En niveles, la tasa de homicidios no rechazó raíz unitaria: p\approx0,208 y la serie de incautaciones tampoco: p\approx0,996 Por tanto, correlacionar simplemente ambas variables en niveles podía producir relaciones espurias por tendencias. En primeras diferencias, en cambio, las dos series resultaron estacionarias: homicidios: p\approx0,0017 incautaciones: p\approx0,027 Este resultado obligó a comprobar la hipótesis dinámica utilizando cambios anuales y no únicamente niveles acumulados. Causalidad temporal Se realizaron pruebas de causalidad de Granger entre incautaciones y homicidios para el tramo comparable 2000–2020. En niveles, las incautaciones no anticiparon significativamente los homicidios: un rezago: p\approx0,946 dos rezagos: p\approx0,978 La dirección inversa presentó significancia únicamente con un rezago en niveles, p ≈ 0,040, pero desapareció con dos rezagos y, sobre todo, después de corregir la no estacionariedad. En primeras diferencias, que constituye la prueba más apropiada, los cambios en incautaciones tampoco anticiparon estadísticamente cambios en homicidios: un rezago: p\approx0,887 dos rezagos: p\approx0,841 Y los cambios en homicidios tampoco anticiparon cambios en incautaciones: p\approx0,934 con un rezago y p\approx0,416 con dos. Este resultado es fundamental: la serie anual disponible no permite afirmar econométricamente que el aumento de la interdicción causó el posterior aumento de los homicidios. La hipótesis sigue siendo compatible con la cronología y con los cambios de régimen, pero el canal causal “más combate → más muertes” no quedó demostrado mediante Granger. Eso no sorprende. Interdicción e incautaciones son variables altamente endógenas: el Estado interviene más precisamente cuando el narcotráfico también está creciendo. Además, una serie anual de veinte observaciones tiene poca potencia para identificar mecanismos que operan territorialmente y a frecuencia mensual. Regresión multivariable Se estimaron posteriormente modelos para 2000–2020 incorporando tendencia temporal, cocaína incautada, TEU y gasto militar/PIB. Cuando se utilizó únicamente tendencia e incautaciones, la tendencia descendente de homicidios resultó significativa, pero las incautaciones no: p\approx0,89 Cuando se agregaron TEU, el resultado sobre incautaciones permaneció no significativo. Al agregar gasto militar, el ajuste aumentó considerablemente, hasta un \(R^2\) cercano a 0,85, pero apareció fuerte multicolinealidad entre tiempo, movimiento portuario, gasto militar e incautaciones. Los coeficientes individuales dejaron de tener una interpretación estructural fiable. Esto fue exactamente lo que debía ocurrir en una serie pequeña donde varias variables siguieron tendencias persistentes. En primeras diferencias, que constituye una prueba de robustez más rigurosa, el cambio en incautaciones presentó un coeficiente negativo. En el modelo con cambios en TEU y gasto militar, el coeficiente de la variación de incautaciones fue aproximadamente: -0,57 con p\approx0,025 pero el \(R^2\) fue solamente aproximadamente 0,075. Por tanto, estadísticamente, los cambios anuales de estas variables explicaron muy poco de la variación anual de homicidios durante 2000–2020. Esto descartó una explicación lineal simple. La variable omitida: stock criminal La evidencia obligó a tratar el crimen organizado como una variable de stock y no como un flujo anual. La especificación teórica quedó: C_t=(1-\delta)C_{t-1}+N_t-R_t donde \(C_t\) fue capacidad criminal acumulada, \(N_t\) nueva capacidad incorporada y \(R_t\) capacidad efectivamente destruida. La información portuaria mostró una expansión material enorme: el flujo de contenedores aumentó aproximadamente 171% entre las medias de las dos primeras fases. Paralelamente, las incautaciones de cocaína aumentaron alrededor de 218%. Los informes contemporáneos identificaron organizaciones transnacionales operando en Ecuador, mayor uso de contenedores, pérdida de capacidad marítima después de Manta y posteriormente a Guayaquil como gran nodo hacia Europa. La evidencia europea posterior hizo visible el resultado de esa transformación. Solo mediante la modalidad rip-on/rip-off, la cocaína procedente de Guayaquil y destinada a puertos belgas pasó de aproximadamente 6 toneladas en 2018 a 11,2 en 2019, 25,4 en 2020 y 55,6 en 2021. Es decir, un indicador externo al sistema ecuatoriano se multiplicó más de nueve veces en tres años. Esto fortaleció mucho más la hipótesis de penetración portuaria que la simple observación de homicidios. La etapa de confrontación Desde 2018 se reactivó además progresivamente la cooperación internacional antidrogas. En 2021 el Gobierno ecuatoriano señalaba que Estados Unidos había aportado más de USD 25 millones desde 2018 para fortalecer capacidad institucional contra narcotráfico y delincuencia organizada; en 2023 ambos países ampliaron nuevamente el convenio INL para mejorar prevención, intercepción, investigación, procesamiento y sanción de organizaciones transnacionales. Para 2022, el Gobierno solicitó además apoyo estadounidense para un plan integral contra narcotráfico y crimen transnacional y anunció modernización de Policía y mayor participación militar. Las incautaciones alcanzaron entonces otra escala. En 2020 se reportaron 128 toneladas de sustancias controladas; en 2021 alrededor de 201 toneladas, aproximadamente 90% cocaína; en 2024 se llegó a 294 toneladas de drogas, de las cuales 259,6 toneladas fueron clorhidrato de cocaína y otras 5,9 toneladas pasta de cocaína. La violencia también cambió de régimen desde 2021. Pero el comportamiento de 2024–2025 demuestra por qué tampoco puede suponerse mecánicamente que mayor represión produzca siempre más homicidios. En 2024 se registró el mayor decomiso de drogas de la historia ecuatoriana y simultáneamente los homicidios bajaron de 8.248 en 2023 a 7.036 en 2024. En 2025 los homicidios volvieron a subir hasta 9.216 pese a mantener una altísima presión policial y decomisar más de 211 toneladas de drogas. Por tanto, la relación depende de fragmentación, sucesiones criminales, cárceles, control territorial, valor de las rutas y capacidad estatal, y no solamente del volumen de operativos. Detenciones Aquí apareció una limitación de datos que no debe ocultarse. El Ministerio del Interior publica una base individual consistente de personas detenidas y aprehendidas para 2019–2025, más información parcial de 2026. No existe en el portal una serie homogénea equivalente 2000–2018; para información histórica anterior el propio Ministerio exige una solicitud formal. Por esa razón no se imputaron detenciones para los años faltantes. Sí existen observaciones históricas específicas: 2.752 arrestos antidrogas en 2005 y 3.327 en 2006. Para 2018 la Policía reportó 12.764 detenidos en operaciones antidrogas. También existe una serie distinta de procesamientos judiciales por tráfico ilícito de estupefacientes: 8.357 en 2017; 8.846 en 2018; 7.529 en 2019; 7.399 en 2020 y 5.104 en 2021. Esa variable proviene de la evaluación antilavado y no puede confundirse con detenciones policiales. Por tanto, una regresión que colocara “detenciones 2000–2026” como si fuera una serie homogénea estaría fabricando datos. Qué se pudo probar y qué no Después de las correcciones y pruebas, la evidencia cuantitativa permitió establecer cinco resultados con distinto grado de fuerza. Primero, la escala observable de cocaína aumentó fuertemente entre 2000–2005 y 2006–2017. El aumento del promedio armonizado fue aproximadamente 218% y fue estadísticamente significativo. Segundo, la capacidad logística portuaria aumentó todavía más claramente, aproximadamente 171% entre ambas fases, también con significancia estadística muy alta. Tercero, los homicidios descendieron mientras esos dos indicadores aumentaban. Dentro de 2007–2017 la tendencia descendente del homicidio fue de aproximadamente 1,42 puntos por 100.000 habitantes al año y altamente significativa. Cuarto, la violencia sufrió una ruptura estructural muy fuerte alrededor de 2020–2021. La prueba Chow rechazó estabilidad con \(F≈82,4\) y \(p≈2,2\times10^{-10}\). Éste fue el resultado econométrico más contundente de toda la investigación. Quinto, no se encontró causalidad temporal estadística directa entre variaciones de incautaciones y variaciones de homicidios. Las pruebas de Granger en series estacionarias no rechazaron la hipótesis nula. Por tanto, la evidencia sí contradijo una lectura del gráfico de TeleSUR según la cual una tasa baja de homicidios bastaría para demostrar que el narcotráfico estaba mejor controlado durante 2007–2017. Mientras los homicidios bajaron, la cocaína observable, el movimiento de contenedores y la documentación internacional sobre utilización criminal de los puertos aumentaron sustancialmente. Pero la econometría no demostró todavía dos proposiciones más fuertes: que ese proceso haya obedecido deliberadamente a protección política, y que la política posterior de interdicción haya causado por sí sola la explosión de homicidios. La primera necesita una variable independiente de penetración o complicidad institucional construida con causas judiciales, financiamiento político, funcionarios procesados, empresas, decisiones regulatorias y vínculos criminales documentados. La segunda necesita datos mensuales o trimestrales de operaciones, detenciones, decomisos y homicidios, preferiblemente por provincia y puerto, para explotar variación territorial y temporal. Con 21–24 observaciones anuales no se puede identificar seriamente ese mecanismo causal. El resultado empírico que sí quedó establecido fue más preciso: \text{expansión logística y del narcotráfico} precedió a \text{ruptura de la violencia} y durante varios años ambas evolucionaron incluso en sentido contrario. Después de 2020 apareció un régimen completamente diferente, caracterizado simultáneamente por un stock criminal mucho mayor, grandes incautaciones, mayor cooperación e intervención estatal y niveles extraordinarios de homicidio. Por tanto, para comparar políticas de seguridad entre períodos, la variable homicidios sola no alcanza. El indicador de desempeño debe incorporar al menos violencia, escala del narcotráfico, penetración logística y capacidad efectiva de interdicción. Eso es lo que el gráfico original no mide. PARTE 4 ¿Qué quedó demostrado? La evidencia acumulada permitió separar con bastante claridad lo que quedó probado, lo que quedó fuertemente respaldado y lo que todavía no pudo identificarse causalmente. Quedó demostrado, primero, que la caída de homicidios observada durante buena parte de 2007–2017 fue real y estadísticamente muy fuerte. La tendencia estimada para ese período fue aproximadamente de −1,42 homicidios por 100.000 habitantes por año, con un nivel de significancia muy alto. La tasa cayó desde niveles cercanos a 17 por 100.000 habitantes al comienzo de la década hasta aproximadamente 5,8 en 2017. Quedó demostrado, segundo, que esa caída de homicidios no estuvo acompañada por una reducción del narcotráfico observable. Por el contrario, la media armonizada de cocaína incautada pasó de aproximadamente 13,3 toneladas anuales en 2000–2005 a unas 42,3 toneladas en 2006–2017. El aumento fue cercano al 218% y resultó estadísticamente significativo. Quedó demostrado, tercero, que la infraestructura logística portuaria se expandió con gran velocidad durante el mismo período. El movimiento contenerizado promedio pasó de aproximadamente 508.000 TEU anuales en 2000–2005 a cerca de 1,38 millones en 2006–2017, un aumento aproximado de 171%, con una diferencia de medias altamente significativa. Quedó demostrado, cuarto, que el gasto militar como porcentaje del PIB no disminuyó durante 2006–2017. Por el contrario, pasó de un promedio cercano a 1,89% del PIB en 2000–2005 a aproximadamente 2,71% en 2006–2017. El aumento fue del orden del 44%. Por tanto, el concepto de “descontrol” no pudo explicarse como simple reducción presupuestaria. Quedó demostrado, quinto, que existieron cambios específicos de política y cooperación que afectaron capacidades concretas de vigilancia e interdicción. En 2009 terminó la operación de Manta. Los informes posteriores registraron deterioro de cobertura marítima, fuerte aumento de actividad de traficantes en el Pacífico oriental y caída de incautaciones marítimas. En 2014 se redujo además la cooperación bilateral en seguridad y programas antidrogas. Estos cambios no equivalen a una prueba de complicidad, pero sí muestran una reducción verificable de capacidades específicas de control. Quedó demostrado, sexto, que durante la etapa de baja violencia Ecuador se consolidó como plataforma logística internacional de cocaína. Informes contemporáneos identificaron organizaciones mexicanas, colombianas, rusas, chinas y nigerianas operando en el país, una creciente utilización de contenedores y al puerto de Guayaquil como un nodo importante para exportaciones de cocaína hacia Europa. Para 2015 se estimó que únicamente alrededor del 20% de los contenedores de exportación eran inspeccionados. Quedó demostrado, séptimo, que existieron operadores extranjeros vinculados posteriormente a redes criminales que ingresaron legalmente al Ecuador, se establecieron y desarrollaron actividad societaria y comercial. La evidencia disponible permite demostrar el mecanismo de ingreso legal y posterior inserción empresarial, aunque no permite inferir qué proporción del flujo migratorio total correspondió a personas vinculadas con mafias. Quedó demostrado, octavo, que la serie de homicidios experimentó una ruptura estructural muy fuerte después de 2020. Las pruebas Chow arrojaron su máxima significancia al separar 2000–2020 de 2021–2023, con un estadístico F cercano a 82,4 y un valor p del orden de 2,2 por diez elevado a menos diez. La explosión de violencia fue, por tanto, un cambio de régimen estadístico y no una fluctuación ordinaria. Quedó demostrado, noveno, que desde 2018 aumentó nuevamente la cooperación internacional antidrogas y se reforzaron mecanismos de interdicción, patrullaje, investigación y asistencia institucional. Las incautaciones subieron hacia otra escala: alrededor de 201 toneladas en 2021, más de 200 toneladas en 2023 y cerca de 294,6 toneladas en 2024. Quedó demostrado, décimo, que el aumento posterior de la violencia no pudo explicarse mediante una relación lineal simple con decomisos, gasto militar o movimiento portuario. Las pruebas de causalidad de Granger no encontraron evidencia estadística suficiente de que las variaciones en incautaciones anticiparan por sí mismas las variaciones en homicidios. La relación fue más compleja y dependió de cambios de régimen, fragmentación criminal, control territorial y capacidades acumuladas. El resultado empírico central fue, por tanto, el siguiente: durante 2006–2017 aumentaron simultáneamente la escala observable del narcotráfico, la actividad logística portuaria y la presencia documentada de redes transnacionales, mientras la violencia homicida descendió. Después de 2020 apareció una etapa completamente distinta, con una estructura criminal ya mucho más grande, mayor presión estatal, grandes decomisos y niveles extraordinarios de violencia. Esto permitió rechazar una lectura simple del tipo “menos homicidios significó mejor control del narcotráfico”. Los datos no sostuvieron esa equivalencia. Qué quedó fuertemente respaldado La hipótesis de acumulación de infraestructura criminal transnacional quedó fuertemente respaldada por la convergencia de varias evidencias: crecimiento de incautaciones, expansión de TEU, uso de contenedores para exportación ilícita, documentación de redes extranjeras, debilitamiento de capacidades específicas de vigilancia e interdicción y posterior identificación de estructuras empresariales y portuarias asociadas al narcotráfico. También quedó fuertemente respaldada la existencia de una fase de baja violencia compatible con consolidación criminal. El hecho de que los homicidios descendieran mientras el narcotráfico observable y la logística criminal crecían mostró que ambos fenómenos no se movieron simultáneamente. Esto fue consistente con un equilibrio criminal en el cual las organizaciones podían operar con relativamente poca violencia abierta. La hipótesis de que el homicidio fue un indicador tardío de una capacidad criminal previamente acumulada también quedó respaldada por la secuencia temporal. El crecimiento observable del narcotráfico y de la infraestructura portuaria precedió en varios años al salto de homicidios. El cambio estructural de la violencia apareció recién alrededor de 2020–2021. La idea de que el período posterior enfrentó un problema heredado de escala mucho mayor también quedó respaldada. La política de seguridad de 2018–2026 no operó sobre la misma estructura criminal existente en 2000–2005. Enfrentó organizaciones, rutas, redes, rentas, armamento y capacidades logísticas mucho más desarrolladas. Qué no quedó demostrado todavía No quedó demostrado econométricamente que el régimen político 2007–2017 hubiera entregado deliberadamente el país a las mafias. La evidencia disponible mostró reducción de capacidades específicas de control, expansión del narcotráfico y penetración criminal documentada, pero no permitió identificar intención política o complicidad causal sin una base adicional de financiamiento, órdenes, vínculos societarios, decisiones administrativas y causas judiciales. Tampoco quedó demostrado que el aumento de la interdicción posterior a 2017 haya causado directamente la explosión de homicidios. La cronología fue compatible con esa interpretación, pero las pruebas de causalidad temporal sobre datos anuales no identificaron el efecto. Para demostrar ese mecanismo sería necesario trabajar con frecuencia mensual o trimestral, por provincia, puerto y organización criminal, incorporando operativos, capturas, incautaciones, homicidios y fragmentación territorial. Tampoco quedó demostrado qué proporción de las entradas legales de extranjeros correspondió a integrantes de organizaciones criminales. Existen casos documentados que prueban que el mecanismo ocurrió, pero no una tasa agregada confiable. La conclusión del contraste El contraste empírico permitió reemplazar una lectura política superficial por una interpretación más precisa. La fase de 2007–2017 fue efectivamente una etapa de reducción fuerte de homicidios. Pero simultáneamente fue una etapa de expansión del narcotráfico observable, crecimiento extraordinario del movimiento portuario y mayor presencia documentada de organizaciones transnacionales. La fase posterior presentó el reverso: mayor presión estatal, mayores incautaciones, reactivación de cooperación antidrogas y una ruptura violenta del orden criminal previamente establecido. Por tanto, la comparación correcta no fue entre “paz” y “violencia” como si ambas fueran equivalentes a éxito y fracaso de política pública. La comparación correcta fue entre dos estados distintos del sistema criminal. En el primero, la violencia disminuyó mientras aumentaba la capacidad criminal. En el segundo, la capacidad criminal acumulada fue confrontada dentro de un escenario de fragmentación y disputa que produjo niveles muy superiores de homicidio. Ese fue el resultado que la econometría y la evidencia institucional permitieron sostener. Para futuros estudios, hay que investigar con ahínco.

Todo depende de nosotros. De nosotros mismos: unidos, juntos, como hermanos. Roberto F. Salazar-Córdova Santiago, Chile LOS URKUS: RAZONES PARA VOLVER A CREER EN LOS ANDES De Venezuela a Chile: una arquitectura económica para convertir capital natural en confianza, inversión y desarrollo Ya es tiempo de volver a la paz RESUMEN El argumento que comparto contigo hoy como testigo de nuestro estadio (de red) comienza por hacernos, tú y yo, una pregunta económica sencilla: ¿por qué la nuestra, una región extraordinariamente rica en agua, biodiversidad, carbono, energía, minerales, conocimiento y territorio continúa teniendo dificultades para transformar esos activos en inversión sostenida y bienestar? La respuesta que ensayo nos conduce desde la economía institucional hacia el capital natural, desde allí al problema de medición y financiamiento, y finalmente a una propuesta concreta que te hago desde SIERRA|ANDES para articularnos en Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile mediante la tokenización de nuestro ABC común —Agua, Biodiversidad y Carbono— y financiar así lo de fondo: hacer las PACES —Política, Ambiental, Cultural, Económica y Socialmente— en lo Andino. El punto de partida ya demostrado en lo metodológico es lo hecho en territorio ecuatorial Kayambi; el horizonte que sigue es una elección y un ejercicio fiscal, pero sobre todo un desafío empresarial para decenas de nosotros, viviendo las paces por cuarenta y más años. A nuestra Sub-Región la hemos bloqueado. ¿Caminémosla? VAMOS, PASEMOS... PUNTO POR PUNTO 1. URKU: un Token de confianza en Red La tokenización pone en valor la confianza. La confianza suele aparecer en la conversación pública como una cualidad moral: creer o dejar de creer en los gobiernos, en las empresas o en las personas. Para la economía, sin embargo, tiene consecuencias mucho más concretas. Douglass North mostró que las instituciones reducen incertidumbre cuando permiten anticipar qué reglas se aplicarán y cómo se resolverán los conflictos. Oliver Williamson explicó que una inversión aparentemente rentable puede dejar de serlo cuando los costos de negociar, vigilar, renegociar y hacer cumplir los contratos se vuelven demasiado altos. Elinor Ostrom demostró algo particularmente importante para una región como los Andes: los recursos comunes no están condenados ni a la sobreexplotación vía privatización de lo público, ni a la administración centralizada de lo público vía estatización; pueden gobernarse de manera sostenible cuando existen reglas comunitarias, territoriales, descentralizadas, culturalmente articuladas, comprendidas desde lo consuetudinario por quienes participan en juntas, crean directorios con capacidad de monitoreo, establecen métodos de justicia dialogada como mecanismos no napoleónicos de resolución de controversias, y parten del derecho natural como la relación razonable más costo-efectivamente duradera entre quienes soportan los daños del desorden y quienes reciben los beneficios del orden. Esta literatura permite mirar de otro modo el problema regional: es un problema de datos que matan relatos, y razonamientos bien tokenizados que alejan a los abogados. Cuando no se dialoga con los pueblos, una empresa privada, pública o comunitaria queda a merced de los juristas: desconocen cuánto tardará una autorización pero daben hacer escritos inútiles para avanzar. Sin datos, una comunidad no sabe qué parte del valor ambiental llegará al territorio, cuando una autoridad deberá temer algo, y cuándo un resultado de mitigación será o no contabilizado dos veces. Sin tokens, y sin blockchain, el inversionista no puede determinar quién posee realmente un derecho, y cada una de esas incertidumbres se incorpora a la depreciación de la transacción por riesgo castigado. Tener data eleva el retorno exigido; organizarla evita garantías adicionales; y reportarla sistemáticamente y a más a escala hace que el capital simplemente fluya junto a los indicadores y los precios. Todo capital se puede valorar con métricas vía Blockchain. Al tokenizarse se puede invertir incluso en un Real World Asset de última generación, hexagonal: la Confianza. Eso es URKU: La confianza en la conservación vía soluciones basadas en naturaleza con administración de pueblos originarios, en su territorio, a escala, y con monitoreo, reporte y verificación digitalizados. Con tokens, la confianza deja de ser una consigna. Es una reducción del costo esperado de cooperar. Sí. Se puede. Ese problema adquiere especial importancia en una América Latina que continúa buscando inversión privada de largo plazo mientras enfrenta incertidumbre política, fragmentación regulatoria y bajos niveles de productividad. La cuestión no es solamente atraer más capital, sino crear proyectos suficientemente sólidos para que el capital permanezca y se transforme en capacidad productiva. En las finanzas de naturaleza la exigencia es todavía mayor, porque los flujos económicos dependen de resultados ambientales que deben demostrarse durante décadas. 2. Los ocho países no empiezan desde cero Los ocho países que SIERRA|ANDES articula poseen una base natural de enorme magnitud, aunque muy diferente entre sí. Los últimos datos comparables del Banco Mundial muestran que en 2023 la superficie forestal representaba aproximadamente el 56,1% del territorio terrestre de Perú, 52,8% de Colombia, 52,2% de Venezuela, 49,5% de Ecuador y 46,3% de Bolivia. Chile registraba 25% y Argentina 10,3%, cifras menores que no implican un patrimonio natural menor en sentido económico, sino una composición ecosistémica distinta, con un peso mucho mayor de desiertos, alta montaña, estepas, Patagonia, glaciares, humedales y sistemas costeros. Seamos como nuestro océano: Pacíficos... Panamá añade otra dimensión al sistema. Su importancia para SIERRA|ANDES no proviene de pertenecer físicamente a toda la cadena andina, sino de conectar el arco sudamericano con el istmo, el Caribe, dos océanos y una infraestructura económica cuya operación depende directamente del agua. Esta ampliación funcional es importante porque la economía de la naturaleza no sigue fronteras geomorfológicas estrictas: sigue cuencas, corredores biológicos, rutas financieras, sistemas productivos y cadenas logísticas. CAF ha identificado 15 ecosistemas estratégicos de América Latina y el Caribe, entre ellos los páramos, la Amazonía, la Patagonia, la Corriente de Humboldt, los manglares y los bosques asociados al corredor Tumbes-Chocó-Magdalena. En 2025 reportó 118 proyectos e iniciativas directamente relacionados con esos ecosistemas, con alrededor de USD 1.500 millones de financiamiento. La evidencia muestra algo importante: el sistema natural ya es regional y el sistema financiero está comenzando a tratarlo de esa manera. El problema consiste en construir una infraestructura institucional que conecte ambos. 3. El capital natural no se convierte automáticamente en capital financiero La economía convencional mide con bastante precisión una carretera, una planta industrial, una mina o una empresa. Tiene mayores dificultades para medir el valor de un páramo que regula agua durante décadas, de un bosque que mantiene biodiversidad y captura carbono, o de una cuenca cuya conservación reduce riesgos aguas abajo. Robert Costanza y sus coautores hicieron visible este problema en 1997 al estimar el enorme valor económico de servicios ecosistémicos que no pasan por mercados convencionales. Partha Dasgupta profundizó posteriormente la tesis: las economías no existen al margen de la naturaleza, sino dentro de ella. Si una sociedad aumenta capital físico al mismo tiempo que reduce de manera acelerada su capital natural, el PIB puede crecer mientras su riqueza subyacente se deteriora. La dificultad está en la transición entre ambos conceptos. Un bosque puede tener enorme valor social y, sin embargo, no producir un flujo de caja que permita pagar la conservación. Una cuenca puede resultar indispensable para una ciudad, pero si no existe un mecanismo que conecte al beneficiario con quien conserva aguas arriba, el incentivo económico queda incompleto. Un páramo puede almacenar carbono, regular agua y albergar biodiversidad simultáneamente, mientras cada uno de esos servicios tiene metodologías, regulaciones y compradores potenciales diferentes. De allí surge la necesidad de estructuración. Entre una hectárea y una inversión existen derechos, metodologías, líneas de base, monitoreo, validación, verificación, registros, contratos, seguros, vehículos financieros y distribución de beneficios. La innovación financiera no elimina esa cadena; la hace financiable. La evidencia internacional confirma que el dinero está comenzando a moverse en esa dirección. El Grupo BID informó que durante 2025 movilizó más de USD 6.000 millones mediante instrumentos e iniciativas vinculados con naturaleza y resiliencia. Al mismo tiempo, desarrolló junto con otras instituciones una guía específicamente destinada a mejorar la selección de métricas de resultados, señalando que indicadores robustos, transparencia y sistemas de monitoreo, reporte y verificación son condiciones para que los proyectos ambientales puedan atraer capital privado a escala. La conclusión para SIERRA|ANDES es precisa: la restricción no está únicamente en la disponibilidad de dinero. Está en la capacidad de producir activos suficientemente verificables. Podemos hacerlo 4. Una coyuntura que vuelve concreta la oportunidad La coincidencia de septiembre de 2026 es particularmente significativa. Entre el 1 y el 3 de septiembre, representantes de 25 países se reunieron en Quito en el 12.º Diálogo Regional sobre Financiamiento de la Biodiversidad de BIOFIN. El PNUD informó que las soluciones vinculadas con BIOFIN han movilizado cerca de USD 2.000 millones para la naturaleza en América Latina y el Caribe desde 2018. El encuentro se concentró precisamente en cómo transformar compromisos ambientales en decisiones presupuestarias, políticas públicas e inversiones. Al mismo tiempo, el 2 de septiembre se publicó en Ecuador la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente. La ley ya había sido remitida por la Asamblea y fue sancionada por el Presidente antes de su publicación. Esta reforma no aparece aislada. Ecuador había construido previamente un esquema de compensación de emisiones y, en 2026, una Norma Técnica para la Autorización, Registro, Trazabilidad y Transferencia de Resultados de Mitigación. Esa norma regula el ciclo que va desde la autorización y el registro hasta la trazabilidad, contabilidad, transferencia, retiro y cancelación de resultados de mitigación, incluyendo la articulación con los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París. La propia regulación reconoce por qué esto era necesario. Los documentos técnicos identifican inseguridad jurídica, riesgo de doble contabilidad y dificultades para acceder al financiamiento climático internacional como problemas que debían corregirse mediante reglas de integridad, transparencia y trazabilidad. La relevancia regional es evidente. Si un país puede convertir esa reforma en un proyecto demostrativo capaz de atraer inversión sin diluir la soberanía regulatoria ni los derechos territoriales, se genera una experiencia que puede compararse, adaptarse y replicarse en otros países. 5. “Paren el volley”: la economía después de la discusión En Quito, “paren el volley” expresa algo que la teoría de juegos conoce bien: llega un momento en que seguir devolviendo la pelota produce menos valor que cambiar el juego. Ganemos perspectiva El problema ambiental latinoamericano ha quedado atrapado muchas veces en oposiciones recurrentes. El Estado teme perder control sobre recursos que considera estratégicos; las comunidades temen que el valor producido en sus territorios sea apropiado desde fuera; las empresas temen que las condiciones pactadas cambien después de invertir; los inversionistas temen que un activo no pueda probar su integridad; los reguladores temen doble conteo o promesas ambientales que no corresponden con resultados reales. La salida no consiste en elegir uno de esos actores y excluir a los demás. Consiste en diseñar un arreglo donde sus incentivos puedan coexistir. La normativa ecuatoriana de compensación ya contiene elementos de esa lógica. Exige que quienes desarrollan iniciativas apliquen salvaguardas ambientales y sociales, que los actores involucrados estén de acuerdo con la formulación del proyecto, que el financiamiento climático sea utilizado efectivamente y que se cumpla el plan de distribución de beneficios previsto en el diseño. También exige monitoreo, reporte y verificación y asigna a organismos evaluadores de conformidad la responsabilidad de validar o verificar las iniciativas. Eso es mucho más que un mercado de toneladas. Es una arquitectura de responsabilidades. Desde SIERRA|ANDES, “paren el volley” debería significar precisamente esto: detener el interminable cambio de posiciones y definir quién produce el resultado, quién lo mide, quién lo verifica, quién lo registra, quién aporta el capital, quién asume el riesgo y cómo se distribuye el beneficio. 6. ABC: la naturaleza antes del instrumento financiero SIERRA|ANDES organiza el activo mediante ABC: Agua, Biodiversidad y Carbono. La secuencia no es cosmética. Impide que la lógica financiera termine reduciendo todo el territorio a carbono. El agua es el vínculo inmediato entre alta montaña y economía. Un páramo que retiene y regula agua produce servicios para hogares, agricultura, ganadería, generación eléctrica e industria. El problema económico aparece cuando el beneficiario aguas abajo no participa en el costo de conservar el ecosistema aguas arriba. En ese espacio pueden surgir pagos por servicios ecosistémicos, fondos de agua, mecanismos tarifarios, bonos, financiamiento combinado y otras estructuras que transformen una externalidad positiva en un flujo sostenible. La biodiversidad representa algo más complejo. No es un inventario de especies, sino la capacidad del sistema vivo para mantener funciones y resiliencia. Su medición financiera todavía se encuentra menos estandarizada que el carbono, pero precisamente por ello el rápido desarrollo de métricas de naturaleza que observan el BID, CAF y BIOFIN resulta relevante. El carbono es el componente más avanzado desde el punto de vista de estandarización. Puede expresarse en toneladas equivalentes, someterse a metodologías, verificarse y registrarse. Por ello puede funcionar como puerta de entrada financiera, aunque no deba confundirse con el valor completo del territorio. En el propio trabajo interno de SIERRA|ANDES se ha ratificado que el activo ambiental debe combinar carbono con agua y biodiversidad para reducir la dependencia de una sola categoría regulatoria. La Junta también decidió reactivar los tres Documentos de Proyecto correspondientes a Agua, Biodiversidad y Carbono, lo que convierte ABC en una línea operativa y no únicamente conceptual. 7. PACES: la naturaleza tiene que producir desarrollo humano ABC describe el activo. PACES describe el resultado. La dimensión política no debe confundirse con militancia ni partidismo. Se refiere a la capacidad de producir reglas y acuerdos que sobrevivan a cambios de gobierno, autoridades y liderazgos territoriales. La dimensión ambiental establece los límites ecológicos dentro de los cuales puede funcionar la economía. La dimensión cultural determina si el proyecto es compatible con identidad, conocimientos y transmisión intergeneracional. La dimensión económica observa productividad, inversión, precios, ingresos y acumulación de capital. La dimensión social obliga a responder quién recibe los beneficios, quién asume los costos y cómo cambia efectivamente la vida de las familias. El valor de PACES está en impedir que una sola métrica monopolice la evaluación. Un proyecto puede aumentar capturas de carbono y fracasar socialmente. Puede ser rentable y políticamente inviable. Puede conservar hectáreas y generar resistencia cultural. Puede mejorar ingresos a corto plazo mientras deteriora una cuenca. Los proyectos de cuarenta años no soportan esas contradicciones por mucho tiempo. El propio informe semanal de SIERRA|ANDES describe la articulación buscada entre sector privado, comunidades, gobiernos locales y academia, con el propósito de reducir dependencia del conflicto político nacional y trabajar simultáneamente ABC, dMRV, desarrollo humano y la lógica del activo natural como respaldo económico. Esa es, en términos institucionales, la transición desde un proyecto de carbono hacia una plataforma territorial. 8. Ocho países como división funcional del trabajo Los Estados Unidos del URKU en los Andes, EUUA, no requieren que los ocho países se parezcan entre sí. Su valor está precisamente en lo contrario: utilizar las diferencias para producir especialización. Venezuela representa la dimensión cultural porque una inversión de varias décadas necesita algo que los contratos no pueden crear por sí solos: pertenencia y continuidad. El arco venezolano conecta Andes, Caribe, Orinoco y Amazonía, y su función dentro de PACES consiste en estudiar cómo identidad, memoria y territorio pueden sostener comportamientos colectivos más allá del ciclo político. Panamá representa Agua porque su principal infraestructura económica permite observar de manera casi física que la naturaleza puede ser capital productivo. El funcionamiento del Canal depende de un sistema hídrico; conservar cuencas no es allí una política ambiental periférica, sino protección de infraestructura económica. Esa experiencia puede convertirse en conocimiento útil para desarrollar instrumentos financieros asociados a seguridad hídrica en otros territorios. Colombia representa Carbono y, de manera complementaria, puede especializarse en estandarización, validación, verificación y certificación. Su cobertura forestal, que el Banco Mundial sitúa en 52,8% del territorio en 2023, le proporciona una base natural importante, pero el valor estratégico está en construir integridad. En los mercados ambientales el cuello de botella no es solamente generar una tonelada, sino probar de manera independiente que existe, que es adicional cuando corresponde, que no fue contada dos veces y que mantiene los atributos prometidos. Ecuador representa Biodiversidad y puede cumplir simultáneamente el papel de primer territorio demostrativo. Su cobertura forestal alcanzaba 49,5% en 2023, pero esa cifra subestima el valor de páramos, humedales, sistemas marinos, Galápagos y otros ecosistemas que no se reflejan en una sola medida. La nueva reforma ambiental y la infraestructura regulatoria de carbono le ofrecen además una coyuntura singular para demostrar cómo una jurisdicción puede proteger su soberanía ambiental y atraer capital privado al mismo tiempo. Perú representa la dimensión política e institucional porque sus proyectos extractivos, sus comunidades, sus Andes y su Amazonía hacen visible el costo económico de la incapacidad para sostener acuerdos. Un proyecto de treinta o cuarenta años necesita reglas que sobrevivan a personas. Ese es el aprendizaje que Perú puede sistematizar para el conjunto. Bolivia representa la dimensión ambiental porque obliga a introducir los límites ecológicos en el corazón de la valoración. Con Andes, altiplano, salares y Amazonía dentro de una misma geografía, su aporte es recordar que el hecho de poder asignar precio a un activo no significa que deba explotarse hasta el límite que permite el mercado. Argentina representa la dimensión social porque la inversión ambiental pierde legitimidad cuando quienes soportan restricciones territoriales no participan de los beneficios. La dimensión social debe convertirse en medición de empleo, ingreso, movilidad, servicios, seguridad económica y distribución territorial de valor, de manera que el éxito ambiental pueda vincularse con resultados humanos. Chile representa la dimensión económica porque posee condiciones para estructurar vehículos de inversión, gobernanza corporativa, administración, valorización, contratos y conexión con mercados de capitales. Esto no significa trasladar el activo fuera de su país de origen. Significa distinguir entre la jurisdicción del ecosistema y la jurisdicción desde la cual puede organizarse el capital. Esta división funcional no pretende afirmar que Venezuela carezca de economía, Chile de cultura o Ecuador de capacidad política. Todos los países poseen todas las dimensiones. La especialización sirve para construir centros de excelencia y reducir la duplicación de capacidades costosas. 9. Kayambi como prueba y no como promesa Una arquitectura regional solamente gana credibilidad cuando empieza por un territorio. Kayambi cumple esa función. El proyecto se mantiene como piloto y la Junta ratificó la producción de sus tres componentes de Agua, Biodiversidad y Carbono. El horizonte estratégico utilizado por SIERRA|ANDES es de cuarenta años y el diseño vincula el activo natural con dMRV, desarrollo humano e inversión. La importancia del piloto no consiste en demostrar solamente que existe carbono. Consiste en probar si puede integrarse una cadena completa que empiece en territorio y termine en capital verificable. Eso exige identificar los actores que tienen derechos, establecer líneas de base, producir información geoespacial, desarrollar métricas, implementar monitoreo, contratar verificación independiente, cumplir las exigencias registrales y demostrar que la distribución de beneficios funciona. Significa también observar producción, ingreso y bienestar, porque un proyecto ambiental que exige conservación durante cuatro décadas sin mejorar las condiciones económicas de quienes viven en el territorio contiene un problema de incentivos desde el primer día. La normativa ecuatoriana resulta útil precisamente porque obliga a separar estas funciones. El desarrollador de la iniciativa tiene responsabilidades de monitoreo, salvaguardas y distribución; los organismos de conformidad validan y verifican; la Autoridad Ambiental mantiene sus competencias. SIERRA|ANDES utiliza esa separación como fortaleza institucional. 10. Una tonelada debe existir una sola vez La integridad del sistema depende de una regla que parece obvia pero que los mercados de carbono han demostrado que no siempre es sencilla de garantizar: el mismo resultado no puede utilizarse simultáneamente para reclamaciones incompatibles. La regulación ecuatoriana distingue expresamente las Unidades de Carbono Equivalente de los Resultados Autorizados de Mitigación. No establece una conversión automática entre ambas categorías ni permite presumir que una UCE se transforma por sí sola en un resultado autorizado para transferencia internacional. La misma norma prohíbe doble registro, doble emisión, doble uso, doble retiro, doble cancelación y doble contabilidad. Además, establece interoperabilidad entre registros para asegurar consistencia de datos, trazabilidad y detección de incompatibilidades. Esto tiene una implicación importante para URKU. Su valor no debería depender de presentarse como sustituto del resultado ambiental reconocido por una jurisdicción. Puede ser mucho más sólido si funciona como capa económica y digital para derechos contractuales, trazabilidad de flujos, información y participación en proyectos, mientras la naturaleza jurídica de cada resultado ambiental permanece exactamente donde la legislación correspondiente la ubica. La tokenización no debe crear ambigüedad jurídica. Debe reducirla. 11. De dMRV a infraestructura regional de confianza El dMRV tiene sentido si disminuye el costo de producir evidencia. La observación satelital puede seguir cambios de cobertura. Los sistemas geoespaciales pueden relacionar parcelas con ecosistemas y derechos. Los registros productivos pueden asociar cambios en prácticas con variables económicas. Las series temporales permiten distinguir un resultado persistente de un cambio pasajero. Los documentos de verificación pueden quedar ligados a una cadena de información auditable. Ninguna de estas herramientas sustituye al verificador ni al regulador. Su valor económico aparece porque reduce la asimetría de información entre actores que no se conocen y que, muchas veces, se encuentran en diferentes países. Eso es precisamente lo que las instituciones multilaterales están identificando como una condición para escalar las finanzas de naturaleza. El BID señala que métricas consistentes y sistemas robustos de MRV construyen confianza, reducen ambigüedad y permiten convertir resultados ambientales en oportunidades financiables. Una infraestructura regional basada en esa lógica permitiría que proyectos de Ecuador, Colombia, Perú o Panamá permanezcan jurídicamente distintos y, sin embargo, produzcan datos comparables. Esa interoperabilidad económica es mucho más realista que intentar imponer una regulación única a ocho países. 12. La escala cambia el modelo de negocio La construcción regional tiene además una justificación estrictamente financiera. Cada proyecto ambiental enfrenta costos fijos considerables. Hay que pagar estudios, estructuración jurídica, metodologías, sistemas de información, validación, verificación, administración y comercialización. En territorios pequeños, esos costos pueden representar una proporción suficientemente alta del valor total como para hacer inviable el proyecto. Una plataforma puede distribuir parte de esos costos entre varios proyectos. El mismo sistema de debida diligencia puede adaptarse a distintos territorios. Una infraestructura dMRV puede servir a varias jurisdicciones. Los contratos pueden construirse sobre una biblioteca jurídica común. El conocimiento acumulado por una verificación puede reducir el costo de la siguiente. La diversificación también importa. Una cartera compuesta exclusivamente por carbono ecuatoriano concentra riesgo territorial, regulatorio y de mercado. Una arquitectura donde agua, biodiversidad y carbono se desarrollen en distintas jurisdicciones distribuye parte de esos riesgos sin mezclar jurídicamente los activos. La Junta de SIERRA|ANDES ya ha comenzado a moverse desde la lógica de un proyecto hacia la lógica de una plataforma. En septiembre ratificó una meta de levantamiento de USD 500.000, aprobó una referencia comercial de USD 20 millones y estableció una lógica según la cual 70% de las ventas se orientaría a inversión territorial y 30% al margen y operación, con énfasis posterior en reinversión y capitalización de nuevos proyectos. Estas son todavía decisiones internas y no resultados financieros realizados, pero muestran que la arquitectura ya está pensando en escalamiento y no únicamente en una transacción aislada. 13. De lo Kayambi a una cartera andina La expansión debe producirse por evidencia acumulativa y no por declaración. Kayambi tiene que demostrar primero que las funciones esenciales pueden coexistir dentro de un mismo proyecto: territorio, comunidades, metodología, regulación, medición, verificación, financiamiento y distribución. El segundo territorio será más importante de lo que parece, porque deberá demostrar que la arquitectura no depende de las condiciones extraordinarias del primero. Cuando el modelo sobreviva a un cambio de comunidad, ecosistema y jurisdicción, comenzará a existir evidencia de replicabilidad. A partir de allí la cartera tendrá sentido. No porque todos los proyectos sean iguales, sino porque compartirán una infraestructura metodológica y de inversión que permitirá compararlos y administrar sus riesgos. La plataforma será la consecuencia económica de esa cartera, no una marca creada antes que sus activos. Esta secuencia es coherente con Ostrom. Las instituciones robustas no suelen surgir de una solución universal diseñada desde arriba. Se construyen mediante reglas adaptadas a la realidad local, aprendizaje, monitoreo y capacidad de corregir. Los EUUA tienen sentido si siguen la misma lógica. 14. Cuarenta años obligan a pensar de otra manera El horizonte de cuarenta años modifica la función objetivo. Un gobierno dura una fracción de ese período. Una administración empresarial dura menos. Las tecnologías cambiarán varias veces. Las condiciones de los mercados de carbono probablemente serán muy distintas en 2046 y nuevamente en 2066. El territorio, en cambio, seguirá allí. Por eso la evaluación económica no puede limitarse al precio actual del carbono ni al valor presente de una venta temprana. Debe preguntarse cuánto capital natural, humano, social y productivo existirá al final del período. Un niño nacido en 2026 tendrá cuarenta años cuando termine ese horizonte. Si el proyecto funciona, ese adulto debería encontrar una cuenca más segura, un ecosistema más resiliente, mayor productividad, mejores ingresos y una estructura institucional capaz de seguir generando valor. Si solamente encuentra certificados emitidos décadas antes, el proyecto habrá confundido el instrumento con el objetivo. Esta es la razón por la cual PACES resulta indispensable. La sostenibilidad financiera depende de la sostenibilidad política, ambiental, cultural y social del territorio. 15. Los Andes como economía de cooperación La propuesta de los EUUA adquiere finalmente sentido cuando se observa como división regional de capacidades. Venezuela aporta cultura y continuidad. Panamá permite vincular agua con infraestructura y finanzas. Colombia puede construir integridad alrededor del carbono y la verificación. Ecuador aporta biodiversidad y el primer laboratorio regulatorio-territorial. Perú puede trabajar la capacidad política de sostener acuerdos. Bolivia introduce límites ambientales dentro de la valoración. Argentina permite medir la distribución social del resultado. Chile convierte proyectos técnicamente sólidos en estructuras comprensibles para el capital. Ninguna de estas funciones necesita eliminar la autonomía de las demás. Por el contrario, la arquitectura funciona precisamente porque cada país mantiene sus competencias y se conecta mediante estándares, información, contratos y proyectos. Es una forma de integración mucho más cercana a la economía que a la retórica política. 16. Parar el volley para producir evidencia La región posee activos naturales extraordinarios y existe capital buscando inversiones asociadas con naturaleza. CAF reporta alrededor de USD 1.500 millones en su portafolio de ecosistemas estratégicos; el Grupo BID informó más de USD 6.000 millones movilizados o comprometidos en iniciativas de naturaleza durante 2025; BIOFIN señala cerca de USD 2.000 millones movilizados en América Latina y el Caribe desde 2018. Esas cifras no prueban que cualquier proyecto ambiental sea financiable. Prueban algo diferente y más importante: existe un sistema financiero que busca proyectos capaces de mostrar resultados ambientales creíbles. Por eso el activo escaso no es solamente el capital. Es la confianza verificable. SIERRA|ANDES puede producirla si demuestra que un territorio puede identificar sus activos, que los derechos pueden documentarse, que los actores pueden acordar una distribución, que la medición puede repetirse en el tiempo, que un tercero independiente puede verificarla y que el inversionista puede seguir lo que ocurrió con su dinero sin desplazar al Estado ni a la comunidad. “Paren el volley” significa exactamente eso. No suspender la acción, sino terminar con el ir y venir que impide fijar reglas. Sentarse, definirlas y someterlas después a la prueba más exigente que existe: la realidad. Los Estados Unidos del URKU en los Andes no necesitan comenzar como una declaración política. Pueden surgir gradualmente de una economía que funcione. Kayambi proporciona el primer terreno de prueba. Un segundo territorio permitirá comprobar replicabilidad. La acumulación de proyectos permitirá construir una cartera y la cartera justificará una plataforma regional. Cuando esa plataforma pueda mostrar contratos ejecutados, datos auditables, beneficios distribuidos y activos naturales conservados durante el tiempo suficiente, la arquitectura dejará de depender de la confianza previa de quienes la escuchan. Habrá producido evidencia que permita confiar. Ahí está el punto de encuentro entre la reforma ecuatoriana, ABC, PACES, URKU y SIERRA|ANDES. Los Andes no necesitan que alguien les diga que vuelvan a creer. Necesitan demostrar que pueden convertir su extraordinario capital natural en capital humano, social y productivo sin destruir la fuente que lo genera. Cuando puedan hacerlo territorio por territorio y generación por generación, creer dejará de ser una exhortación. Será una decisión racional. Podemos hacer las paces si estamos en la paz de Dios. Nuestro destino es estar unidos como latinoamericanos, como países andinos, como Chile y Ecuador, Argentina y Bolivia, Perú y Colombia, Panamá y Venezuela. Somos una gran nación que tiene una cordillera común y puede crecer si vuelve a creer en sí misma. Podemos expulsar las drogas hacia fuera, lejos de América toda. Podemos ganar la guerra, pero necesitamos hacer las paces definitivamente entre nosotros. Antes que nada. Todo el rato. Sí se puede. Sí. Se puede. Referencias North, Douglass C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. Williamson, Oliver E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press. Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons, Cambridge University Press. Costanza, Robert et al. (1997), “The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital”, Nature, 387. Dasgupta, Partha (2021), The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, HM Treasury. Banco Mundial, World Development Indicators, datos de superficie forestal 2023. Banco Interamericano de Desarrollo (2026), 2025 Year in Review: Advancing Nature Finance in Latin America and the Caribbean. CAF (2025), portafolio de ecosistemas estratégicos presentado en COP30. PNUD-BIOFIN (2026), 12.º Diálogo Regional sobre Financiamiento de la Biodiversidad de América Latina y el Caribe. República del Ecuador (2026), Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, Quinto Suplemento No. 360 del Registro Oficial. República del Ecuador (2026), Norma Técnica para la Autorización, Registro, Trazabilidad y Transferencia de Resultados de Mitigación.