DIESEL Y PACES
- ROBERTO SALAZAR CORDOVA
- 18 sept
- 6 Min. de lectura
Subsidios energéticos en los Andes: hechos, costos y necesidad de diálogo
Introducción
La economía, como ciencia, parte de una ley básica: los recursos son escasos.
Esa escasez, relativa siempre a las necesidades ilimitadas, obliga a priorizar, distribuir y decidir.
Los hacedores de las políticas públicas lo conocen y entienden; sin embargo, con frecuencia la desconocen a esa ley a la hora de luchar por el poder, prometiendo soluciones mágicas imposibles.
Un clásico del populismo es asignar recursos a subsidios y transferencias que buscan aliviar presiones sociales de corto plazo.
Un subsidio temporal puede ser útil coyunturalmente, pero si se hace permanente puede dejar de serlo estructuralmente.
En este artículo analizaremos objetivamente la forma de conciliar tensiones lógicas entre realidad y necesidad, vía acuerdos de inversión.
El Diálogo sirve para financiar programas que al mismo tiempo generan alivio a costos fiscales, reducen distorsiones de precios y crean acuerdos de crecimiento y paz para ordenar tensiones intergeneracionales.
Subsidios en los Andes
En la franja andina, los subsidios a la energía se han convertido en uno de los instrumentos más persistentes de política económica.
Su peso fiscal es significativo y su legitimidad social se refleja en las marchas y protestas que emergen cuando los gobiernos intentan desmontarlos.
Los subsidios, entonces, no son solo una decisión económica, sino un punto de fricción política y social que ilustra la necesidad de fórmulas de diálogo más amplias.
A continuación se presenta evidencia sobre subsidios energéticos en los países andinos, analizando los costos de mantenerlos y de retirarlos.
Las siguientes secciones documentan el impacto de las movilizaciones y revisan literatura económica que ayuda a entender por qué estos problemas no pueden resolverse de manera unilateral.
Hechos y cifras: subsidios en % del PIB y en miles de millones de dólares
En América Latina y el Caribe, los subsidios a la energía equivalieron a alrededor del 2 % del PIB entre 2011 y 2013, y 4 % al incluir externalidades (Di Bella et al., 2015, p. 7).
En 2021, se estimaron en 5 % del PIB regional (Parry, Black & Vernon, 2021, p. 12).
En la franja andina, los montos presentan diferencias significativas:
Ecuador: entre 2 y 3 % del PIB, lo que en 2023 representó cerca de 3,3 miles de millones de USD, de los cuales 1,1 miles de millones correspondieron al diésel (Primicias, 2023; Reuters, 2025; ResearchGate, 2024).
Bolivia: más del 3 % del PIB (IMF, 2025).
Colombia: alrededor de 2 % del PIB en 2022 (MinHacienda Colombia, 2023).
Perú: entre 1 y 2 % del PIB (MEF, 2022).
Chile: bajo el 1 % del PIB, incluso en los "peaks" de la post-pandemia 2022–2023 (MinHacienda Chile, 2023).
Argentina: entre 2 y 3 % del PIB (CIPPEC, 2023).
Venezuela: superior al 10 % del PIB (IMF, 2023).
Estos datos muestran que el fenómeno de subsidios energéticos es común, pero con intensidades muy distintas:
Marginal en el liberal Chile que hoy festeja su día nacional;
Aún relevante en los menos ricos pero también aún empobrecidos Ecuador, Bolivia y Argentina;
Estructural en la rica pero muy empobrecida Venezuela, cuyos ciudadanos festejan días nacionales ajenos en todo el planeta.
Costos de mantener y desmontar subsidios
El costo de mantener subsidios es visible en las cuentas fiscales y en las distorsiones de precios relativos (Krueger, 1990; Corden, 1997).
Cuando los combustibles se venden por debajo de su costo de oportunidad, se incentiva un consumo mayor al eficiente, se reducen recursos disponibles para inversión en salud o educación, y se perpetúan inequidades, ya que gran parte del beneficio lo capturan hogares de mayores ingresos.
Pero desmontar subsidios también genera costos.
Estos se expresan en aumentos inmediatos de precios de combustibles y transporte, que afectan tanto a familias como a empresas.
Además, obligan al Estado a diseñar medidas de compensación fiscal o social para amortiguar los impactos distributivos (Kydland & Prescott, 2004).
Es decir, la transición no es gratuita: si no se gestiona con diálogo y gradualidad, puede derivar en conflictividad social.
Movilizaciones y respaldo social
El respaldo social a los subsidios se observa en las movilizaciones.
En Ecuador, un paro de tres días se estimó en costos por alrededor de 0,5 miles de millones de USD en PIB (CEPAL, 2023).
Otras estimaciones para el paro nacional de junio de 2022 calculan pérdidas entre 0,8 y más de 1,0 miles de millones de USD, dependiendo de si se incluyen comercio interno, exportaciones e impactos indirectos (GK City, 2022; Ekos, 2022).
En todos los casos, las pérdidas de los paros son de magnitud comparable o incluso superior al ahorro fiscal esperado por la eliminación de un subsidio anual al diésel.
Esto evidencia que los subsidios tienen un respaldo social fuerte y que desmontarlos sin consenso genera costos económicos que pueden anular el beneficio fiscal.
Literatura económica Nobel
La teoría económica ha explicado por qué surgen y persisten los subsidios:
Economía política y grupos de interés: Buchanan (1986) mostró cómo la interacción entre Estado y grupos organizados condiciona decisiones fiscales.
Distorsiones de precios relativos: Krueger (1990) y Corden (1997) documentaron que subsidios prolongados generan asignaciones ineficientes y frenan el crecimiento.
Consistencia intertemporal: Kydland y Prescott (2004) demostraron que las políticas que buscan beneficios inmediatos sacrifican resultados de largo plazo.
Bienes comunes y cooperación: Ostrom (2009) explicó que la gestión de recursos requiere reglas compartidas, porque ningún actor por sí solo resuelve dilemas de sostenibilidad.
Esta literatura, reconocida con Premios Nobel, confirma que los subsidios no son solo una cuestión fiscal, sino un problema de coordinación social y política.
Hacia el diálogo hexagonal
En los Andes, los subsidios a la energía se sitúan entre 2 y 4 % del PIB, con extremos de menos del 1 % en Chile y más del 10 % en Venezuela. En Ecuador, el subsidio al diésel alcanzó 1,1 miles de millones de USD anuales antes de su reforma. Mantenerlos implica presiones fiscales; desmontarlos trae incrementos de precios y riesgo de protestas cuyo costo económico puede igualar o superar el ahorro fiscal.
Esto plantea un dilema: ni el subsidio permanente ni el ajuste abrupto ofrecen soluciones estables.
La opción de Diálogo que articula miradas pacíficas de actores: Estado, mercado, comunidades, familias, academia y medios, junto con la de inversores globales de impacto, permite hacer las paces y avanzar.
En este marco, las comunidades no cumplen un rol de enemigo ni de beneficiario, sino de puente hacia la inversión donde las familias son protagonistas del crecimiento en lugar de receptoras directas de compensaciones o de meros beneficios.
La evidencia muestra que los subsidios y las movilizaciones tienen costos que pueden ser evitados. La conversación guiada organiza procesos de inversión que acercan equipos internacionales capaces de diseñar transiciones energéticas y fiscales sostenibles.
El desarrollo de asocios público-privado-comunitarios, compartiendo responsabilidades y beneficios resuelve el conflicto y abre espacios de negociación pragmática.
Así, el debate no se reduce a subsidios sí o no, sino a cómo redistribuir y dar uso a la propiedad de los recursos financieros.
El diálogo genera hojas de ruta, planes, programas, participaciones, procesos y Parámetros que organizan el cómo trabajar entre líderes de poderes fácticos varios: políticos, empresariales y comunitarios.
El Diálogo Hexagonal ha sido convocado desde Chile para minimizar riesgos en Ecuador y los Andes, de manera de fortalecer tanto la economía como la cohesión social.
Súmese con su comentario aquí y mantengamos viva la paz.
Roberto F. Salazar-Córdova
Referencias
Banco Central del Ecuador (BCE). (2022). Evaluación de daños y pérdidas del paro nacional de junio de 2022. Quito: BCE.
Buchanan, J. (1986). Liberty, Market and State. Brighton: Wheatsheaf.
CEPAL. (2023). Impacto económico de las protestas en Ecuador. Santiago: CEPAL, p. 15.
CIPPEC. (2023). Subsidios energéticos en Argentina. Buenos Aires: CIPPEC, p. 4.
Corden, M. (1997). Trade Policy and Economic Welfare. Oxford: Clarendon Press, p. 33.
Di Bella, G., Norton, L., Ntamatungiro, J., Ogawa, S., Samake, I., & Santoro, M. (2015). Energy Subsidies in Latin America and the Caribbean: Stocktaking and Policy Challenges. IMF Working Paper WP/15/30, p. 7.
Ekos. (2022). ¿Cuánto perdió Ecuador durante el paro nacional?. Quito: Ekos, junio 2022.
GK City. (2022). Impacto económico del paro nacional de junio 2022. Quito: GK City, julio 2022.
IMF. (2023). World Economic Outlook. Washington DC: IMF, p. 8.
IMF. (2025). Bolivia Country Report. Washington DC: IMF, p. 14.
Krueger, A. (1990). Perspectives on Trade and Development. Chicago: University of Chicago Press, p. 12.
Kydland, F., & Prescott, E. (2004). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Nobel Prize Lecture, p. 5.
MEF Perú. (2022). Informe de subsidios y estabilización de precios de combustibles. Lima: MEF, p. 10.
MinHacienda Chile. (2023). Informe de Finanzas Públicas. Santiago: Ministerio de Hacienda, p. 18.
MinHacienda Colombia. (2023). Marco Fiscal de Mediano Plazo. Bogotá: Ministerio de Hacienda, p. 22.
Ostrom, E. (2009). Governing the Commons. Nobel Prize Lecture, p. 422.
Parry, I., Black, S., & Vernon, N. (2021). Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies. IMF Working Paper WP/21/236, p. 12.
Primicias. (2023). Subsidios a combustibles importados en Ecuador. Quito: Primicias, p. 1.
Primicias. (2025). Reforma al precio del diésel en Ecuador. Quito: Primicias, p. 3.
Reuters. (2025). Ecuador mantiene subsidio parcial al diésel. Londres: Reuters, p. 2.
ResearchGate. (2024). Fiscal cost of fuel subsidies in Ecuador. ResearchGate, p. 5.
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