Según estudios del BID, a Diciembre del 2018, Chile tenía la quinta peor pensión de América Latina, solo superando a Venezuela, Haití, Bolivia y República Dominicana.
Los países con mejor tasa de reemplazo eran México, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá.
En el caso Ecuatoriano, Paraguayo y Mexicano, se superaba el 95% en la tasa de reemplazo (% del último salario por trabajo que se cubre con la pensión tras el retiro). En los casos de Jamaica, Perú, Chile y los países con menor tasa de reemplazo, la misma no cubría el 40%.
Al ser el gráfico anterior una foto de los sistemas, corresponde estudiar su dinámica y sostenibilidad. Hay dos variables claves para ello: la demográfica y la fiscal.
LO DEMOGRÁFICO
Lo demográfico resulta clave para entender si son sostenibles los sistemas de beneficios definidos por jóvenes mayoritarios que pagan mes a mes (muchos y mucho) como tales y reciben (pocos y poco) igualmente, mes a mes, en pensiones cuando se vuelven mayores y se retiran.
Tener jóvenes en abundancia no es una tendencia que se espera para los próximos años. La tendencia es hacia una mayor dificultad venidera a la hora de pagar, en traslape, entre generaciones, con solidaridad de jóvenes hacia los mayores.
En el gráfico, arriba, los países en azul tienen beneficios definidos por esta forma, y disfrutan del "bono demográfico" todavía subsistente, pero ya decreciente en dicho sentido. Estos estarán menos protegidos que los países en amarillo, que pagan un valor menor pero cuyos valores no se verán afectado por las tendencias hacia el envejecimiento de la población como los anteriores, estando fiscalmente menos expuestos y personalmente más protegidos, desde lo individual.
LO FISCAL
No todo mundo tiene trabajo y puede protegerse individualmente en todos los países. Los más eficientes lo logran, pero en otros, conforme se pierde la eficiencia, lo fiscal pasa a ser un problema complejo.
De hecho, la eficiencia depende de la competitividad, esta depende de la productividad, misma que depende del capital y la tecnología, por lo cual, la necesidad de protección social es una razón de fondo para mantener inversión y proteger con impacto.
Si se analiza lo fiscal, los tributos que se cobran para subsidiar pueden ser elementos que impiden la acumulación de ahorro e inversión, pudiéndose crear una situación de "pan para hoy y hambre para mañana".
Lo fiscal, entonces, es lo otro que debe preocuparnos: muchas veces las tasas de reposición son altas porque hay aportes fuertes desde lo fiscal hacia lo pensional (cuasi-fiscal):
En los casos de México, Paraguay y Ecuador, los subsidios son altos y no parecen ser tan sostenibles. Llegan a superar los 200 mil dólares promedio anual por pensionado en su plenitud.
Este valor de dichos países llega casi a triplicar el promedio de subsidios de los sistemas en azul, cuyo valor (medio) es de 75 mil dólares (anuales, corregido por el poder de compra que un dólar tenía en ese año índice "común", según datos del 2018).
Según el estudio del BID " En promedio, en un tipo de sistema de pensión llamado de Beneficio Definido (BD) —donde el monto se determina por una regla o promesa de pensión— aproximadamente el 44% de lo que reciben proviene de un subsidio. En otro sistema llamado de Contribución Definida (CD), donde la pensión depende de la cantidad ahorrada por el trabajador y del rendimiento financiero de esta, el subsidio promedio alcanza un 31%."
Por ello, y de muchas formas, el 30% que se estaría retirando en Chile tras la decisión de hoy en el Senado, salve que lo impida la Corte Constitucional, si bien forma parte de los ahorros individuales de las personas trabajadoras, bien podría haber provenido de subsidios en las cuentas individuales, por lo que la variable demográfica y la fiscal, deberán estudiarse en la decisión que tomen las autoridades, conforme a la Ley Suprema y los Derechos allí definidos.
Debe contabilizarse que a la larga, el nivel de subsidio podría duplicarse y llegar a costar hasta 10 mil dólares anuales desde el estado por cada retiro del 10%, pasándose la factura a toda la población y no bastando con la tributación sobre el flujo recibido, sino sobre el principal a reponer (casi como un crédito, con intereses).
El cálculo debe hacerse con más calma, pero recordemos que siempre, los costos se deben cubrir, y los fiscales, cuasi-fiscales, o de protección, se terminan pagando, siempre, con tributos o con ahorros forzosos que de seguro requerirán evaluar los derechos y libertades futuras que quedarán topados por esta no tan entendible (económicamente) pero siempre crítica decisión social y política.
Habrá que recordar esto para cuando se incrementen los impuestos, en varios meses, pues la elección social, racional y pública es la que es. Allí se recordará lo ocurrido en estos meses y años y pagaremos, todos, de manera quizá no muy justa, los costos de la pandemia, pasando recursos de todos, tengamos o no ahorros, hacia quienes tenían más recursos ahorrados y recibirán entonces, casi, un doble subsidio en el futuro, por la gracia de los políticos populistas del presente.
Saludos,
Roberto F. Salazar-Córdova
CFO, Red Santa Cruz
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