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GOBERNANZA, FONDOS Y TIEMPOS

Actualizado: 13 sept

Roberto F. Salazar-Córdova

HEXAGON GROUP


La semana que terminamos nos deja enseñanzas de fondo que presentamos en un artículo íntegro, estructurado, con evidencia cuantitativa y bibliográfica investigada para compartir las lecciones aprendidas en cada párrafo.


Hemos unido regiones varias de los Andes sin dar espacio a generalidades o auto-complacencias provenientes del gran cariño recibido de nuestra querida Red Santa Cruz de Inversores de Impacto.


Por sobre lo personal que es lo fundamental, nuestro ADN@+6 se caracteriza por investigar y compartir por escrito de forma permanente lo que permite crear Cross-Sector Partnerships en la práctica.


Hoy es el turno de la gobernanza redactada con soporte académico e institucional en cada sección, desde la introducción hasta la conclusión.


Gobernanza para obtener fondos y bajar tiempos, insostenibilidades y riesgos.


Lecciones y bases estructurales para América Latina


Introducción


América Latina concentra el 40% de la biodiversidad mundial y el 30% del agua dulce del planeta (WWF, 2022). Sin embargo, la región también ha sido una de las más golpeadas por la pandemia de COVID-19, con una contracción económica del 7,4% en 2020, la mayor en 120 años (CEPAL, 2021). Esta combinación de riqueza natural y fragilidad económica exige repensar los modelos de sostenibilidad desde bases estructurales que integren gobernanza local, financiamiento resiliente y tecnología de trazabilidad.


Gobernanza como resiliencia en contextos frágiles


En los Andes, más de 60 millones de personas dependen directamente de ecosistemas de alta montaña (Bonds et al., 2020). La gobernanza comunitaria ha demostrado ser un factor decisivo: Ostrom (1990) mostró que las reglas locales de gestión reducen la sobreexplotación de recursos en hasta un 30% frente a modelos centralizados. En América Latina, Agrawal & Chhatre (2009) documentaron que bosques bajo esquemas comunales almacenan un 37% más carbono que aquellos bajo administración estatal o privada sin participación local. Estos datos evidencian que la gobernanza policéntrica es un eje de resiliencia estructural.


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Tecnología y trazabilidad para mercados de confianza


El mercado global de carbono voluntario alcanzó un valor de USD 2.000 millones en 2021, con expectativas de crecer a USD 50.000 millones en 2030 (McKinsey, 2021). Sin embargo, un análisis de Allen et al. (2022) advierte que el 40% de los créditos revisados presentan riesgos de sobrestimación. Para enfrentar este déficit de credibilidad, el Banco Mundial (2021) recomienda sistemas de blockchain y monitoreo satelital, capaces de reducir costos de transacción en 20% y evitar la doble contabilidad. La trazabilidad digital, por tanto, no es accesorio: es condición de acceso a financiamiento internacional.


Certificación ambiental y valor económico del carbono


Los ecosistemas altoandinos almacenan en promedio 200–250 toneladas de carbono por hectárea (Buytaert et al., 2006). Esto significa que 10.000 hectáreas pueden representar más de 9 millones de toneladas de CO₂e, equivalentes a USD 135 millones si se valoran a un precio conservador de USD 15/tCO₂e (FAO, 2020). Griscom et al. (2017) calculan que las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir con 11,3 gigatoneladas de CO₂e anuales a 2030, lo que representa el 37% de la mitigación global necesaria bajo el Acuerdo de París. Así, la certificación robusta de carbono y biodiversidad es más que un mecanismo ambiental: es un activo financiero de escala global.


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Evaluación de riesgo y sostenibilidad financiera


La pandemia provocó en la región una pérdida de 34 millones de empleos en 2020 (OIT, 2021), lo que demostró la vulnerabilidad estructural de sistemas productivos basados en liquidez estatal. Sin embargo, estudios del PNUD (2022) indican que territorios que mantuvieron registros contables —facturas, historiales de pago y contratos— lograron acceder a líneas de refinanciamiento y sostener producción, mientras otros cayeron en crisis prolongadas.


La evaluación de riesgo en sostenibilidad (ER) requiere no solo medir exposición y vulnerabilidad, sino también reconocer resiliencia documentada, algo que permite incluso valorizar retroactivamente esfuerzos realizados durante crisis.


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Capital social como activo económico


El capital social tiene efectos directos sobre productividad. Pretty (2003) mostró que comunidades con mayores niveles de cohesión social lograban incrementos del 20% en productividad agrícola. De Janvry & Sadoulet (2020) confirmaron que programas de transferencia condicionada son un 30% más efectivos cuando se apoyan en organizaciones comunitarias. En América Latina, donde el 80% de los productores rurales opera a pequeña escala (FAO, 2021), esta cohesión se convierte en un activo invisible que determina la viabilidad financiera de modelos sostenibles.


Conclusión


América Latina posee activos ambientales de escala global, desde sus bosques tropicales hasta los páramos andinos, capaces de generar miles de millones en créditos de carbono. No obstante, su aprovechamiento depende de tres pilares comprobados en la literatura: gobernanza policéntrica que legitime procesos locales (Ostrom, 1990), trazabilidad tecnológica que asegure integridad de los créditos (Allen et al., 2022), y resiliencia financiera basada en registros verificables (PNUD, 2022).


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Los datos muestran que integrar estas dimensiones no es una opción, sino una condición estructural para posicionar a la región como referente mundial en sostenibilidad con impacto real.


Referencias


  • Agrawal, A., & Chhatre, A. (2009). Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from forest commons. PNAS, 106(42), 17667-17670.

  • Allen, M., et al. (2022). The integrity of global carbon offset markets. Nature Climate Change, 12, 1033–1040.

  • Bonds, M. H., et al. (2020). Ecosystem services and human well-being in the Andes. Nature Sustainability, 3, 112–118.

  • Buytaert, W., et al. (2006). Human impact on the hydrology of the Andean páramos. Earth-Science Reviews, 79(1-2), 53-72.

  • CEPAL. (2021). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

  • CEPAL. (2022). La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: avances y desafíos. Naciones Unidas.

  • De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2020). Development economics: theory and practice. Routledge.

  • FAO. (2020). Carbono en los Andes: soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático. Roma.

  • FAO. (2021). Panorama de la agricultura familiar en América Latina. Roma.

  • Griscom, B. W., et al. (2017). Natural climate solutions. PNAS, 114(44), 11645–11650.

  • McKinsey & Company. (2021). Putting carbon markets to work on the path to net zero.

  • OIT. (2021). Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2021. Ginebra.

  • Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. Cambridge University Press.

  • Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. Science, 302(5652), 1912–1914.

  • PNUD. (2022). Informe regional sobre riesgo y resiliencia en América Latina. Nueva York.

  • WWF. (2022). Living Planet Report. Gland, Suiza.


 
 
 

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