Paz en la Cruz Andina
- ROBERTO SALAZAR CORDOVA
- hace 6 horas
- 18 min de lectura
Todo depende de nosotros. De nosotros mismos: unidos, juntos, como hermanos.
Roberto F. Salazar-Córdova
Santiago, Chile
LOS URKUS: RAZONES PARA VOLVER A CREER EN LOS ANDES
De Venezuela a Chile: una arquitectura económica para convertir capital natural en confianza, inversión y desarrollo
RESUMEN
El argumento que comparto contigo hoy como testigo de nuestro estadio (de red) comienza por hacernos, tú y yo, una pregunta económica sencilla: ¿por qué la nuestra, una región extraordinariamente rica en agua, biodiversidad, carbono, energía, minerales, conocimiento y territorio continúa teniendo dificultades para transformar esos activos en inversión sostenida y bienestar? La respuesta que ensayo nos conduce desde la economía institucional hacia el capital natural, desde allí al problema de medición y financiamiento, y finalmente a una propuesta concreta que te hago desde SIERRA|ANDES para articularnos en Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile mediante la tokenización de nuestro ABC común —Agua, Biodiversidad y Carbono— y financiar así lo de fondo: hacer las PACES —Política, Ambiental, Cultural, Económica y Socialmente— en lo Andino. El punto de partida ya demostrado en lo metodológico es lo hecho en territorio ecuatorial Kayambi; el horizonte que sigue es una elección y un ejercicio fiscal, pero sobre todo un desafío empresarial para decenas de nosotros, viviendo las paces por cuarenta y más años.
VAMOS, PASEMOS... PUNTO POR PUNTO
1. URKU: un Token de confianza en Red
La tokenización pone en valor la confianza. La confianza suele aparecer en la conversación pública como una cualidad moral: creer o dejar de creer en los gobiernos, en las empresas o en las personas.
Para la economía, sin embargo, tiene consecuencias mucho más concretas. Douglass North mostró que las instituciones reducen incertidumbre cuando permiten anticipar qué reglas se aplicarán y cómo se resolverán los conflictos. Oliver Williamson explicó que una inversión aparentemente rentable puede dejar de serlo cuando los costos de negociar, vigilar, renegociar y hacer cumplir los contratos se vuelven demasiado altos. Elinor Ostrom demostró algo particularmente importante para una región como los Andes: los recursos comunes no están condenados ni a la sobreexplotación vía privatización de lo público, ni a la administración centralizada de lo público vía estatización; pueden gobernarse de manera sostenible cuando existen reglas comunitarias, territoriales, descentralizadas, culturalmente articuladas, comprendidas desde lo consuetudinario por quienes participan en juntas, crean directorios con capacidad de monitoreo, establecen métodos de justicia dialogada como mecanismos no napoleónicos de resolución de controversias, y parten del derecho natural como la relación razonable más costo-efectivamente duradera entre quienes soportan los daños del desorden y quienes reciben los beneficios del orden.
Esta literatura permite mirar de otro modo el problema regional: es un problema de datos que matan relatos, y razonamientos bien tokenizados que alejan a los abogados.
Cuando no se dialoga con los pueblos, una empresa privada, pública o comunitaria queda a merced de los juristas: desconocen cuánto tardará una autorización pero daben hacer escritos inútiles para avanzar. Sin datos, una comunidad no sabe qué parte del valor ambiental llegará al territorio, cuando una autoridad deberá temer algo, y cuándo un resultado de mitigación será o no contabilizado dos veces. Sin tokens, y sin blockchain, el inversionista no puede determinar quién posee realmente un derecho, y cada una de esas incertidumbres se incorpora a la depreciación de la transacción por riesgo castigado.
Tener data eleva el retorno exigido; organizarla evita garantías adicionales; y reportarla sistemáticamente y a más a escala hace que el capital simplemente fluya junto a los indicadores y los precios.
Todo capital se puede valorar con métricas vía Blockchain. Al tokenizarse se puede invertir incluso en un Real World Asset de última generación, hexagonal: la Confianza. Eso es URKU: La confianza en la conservación vía soluciones basadas en naturaleza con administración de pueblos originarios, en su territorio, a escala, y con monitoreo, reporte y verificación digitalizados.
Con tokens, la confianza deja de ser una consigna. Es una reducción del costo esperado de cooperar.
Ese problema adquiere especial importancia en una América Latina que continúa buscando inversión privada de largo plazo mientras enfrenta incertidumbre política, fragmentación regulatoria y bajos niveles de productividad. La cuestión no es solamente atraer más capital, sino crear proyectos suficientemente sólidos para que el capital permanezca y se transforme en capacidad productiva. En las finanzas de naturaleza la exigencia es todavía mayor, porque los flujos económicos dependen de resultados ambientales que deben demostrarse durante décadas.
2. Los ocho países no empiezan desde cero
Los ocho países que SIERRA|ANDES articula poseen una base natural de enorme magnitud, aunque muy diferente entre sí. Los últimos datos comparables del Banco Mundial muestran que en 2023 la superficie forestal representaba aproximadamente el 56,1% del territorio terrestre de Perú, 52,8% de Colombia, 52,2% de Venezuela, 49,5% de Ecuador y 46,3% de Bolivia. Chile registraba 25% y Argentina 10,3%, cifras menores que no implican un patrimonio natural menor en sentido económico, sino una composición ecosistémica distinta, con un peso mucho mayor de desiertos, alta montaña, estepas, Patagonia, glaciares, humedales y sistemas costeros.
Panamá añade otra dimensión al sistema. Su importancia para SIERRA|ANDES no proviene de pertenecer físicamente a toda la cadena andina, sino de conectar el arco sudamericano con el istmo, el Caribe, dos océanos y una infraestructura económica cuya operación depende directamente del agua. Esta ampliación funcional es importante porque la economía de la naturaleza no sigue fronteras geomorfológicas estrictas: sigue cuencas, corredores biológicos, rutas financieras, sistemas productivos y cadenas logísticas.
CAF ha identificado 15 ecosistemas estratégicos de América Latina y el Caribe, entre ellos los páramos, la Amazonía, la Patagonia, la Corriente de Humboldt, los manglares y los bosques asociados al corredor Tumbes-Chocó-Magdalena. En 2025 reportó 118 proyectos e iniciativas directamente relacionados con esos ecosistemas, con alrededor de USD 1.500 millones de financiamiento. La evidencia muestra algo importante: el sistema natural ya es regional y el sistema financiero está comenzando a tratarlo de esa manera.
El problema consiste en construir una infraestructura institucional que conecte ambos.
3. El capital natural no se convierte automáticamente en capital financiero
La economía convencional mide con bastante precisión una carretera, una planta industrial, una mina o una empresa. Tiene mayores dificultades para medir el valor de un páramo que regula agua durante décadas, de un bosque que mantiene biodiversidad y captura carbono, o de una cuenca cuya conservación reduce riesgos aguas abajo.
Robert Costanza y sus coautores hicieron visible este problema en 1997 al estimar el enorme valor económico de servicios ecosistémicos que no pasan por mercados convencionales. Partha Dasgupta profundizó posteriormente la tesis: las economías no existen al margen de la naturaleza, sino dentro de ella. Si una sociedad aumenta capital físico al mismo tiempo que reduce de manera acelerada su capital natural, el PIB puede crecer mientras su riqueza subyacente se deteriora.
La dificultad está en la transición entre ambos conceptos. Un bosque puede tener enorme valor social y, sin embargo, no producir un flujo de caja que permita pagar la conservación. Una cuenca puede resultar indispensable para una ciudad, pero si no existe un mecanismo que conecte al beneficiario con quien conserva aguas arriba, el incentivo económico queda incompleto. Un páramo puede almacenar carbono, regular agua y albergar biodiversidad simultáneamente, mientras cada uno de esos servicios tiene metodologías, regulaciones y compradores potenciales diferentes.
De allí surge la necesidad de estructuración. Entre una hectárea y una inversión existen derechos, metodologías, líneas de base, monitoreo, validación, verificación, registros, contratos, seguros, vehículos financieros y distribución de beneficios. La innovación financiera no elimina esa cadena; la hace financiable.
La evidencia internacional confirma que el dinero está comenzando a moverse en esa dirección. El Grupo BID informó que durante 2025 movilizó más de USD 6.000 millones mediante instrumentos e iniciativas vinculados con naturaleza y resiliencia. Al mismo tiempo, desarrolló junto con otras instituciones una guía específicamente destinada a mejorar la selección de métricas de resultados, señalando que indicadores robustos, transparencia y sistemas de monitoreo, reporte y verificación son condiciones para que los proyectos ambientales puedan atraer capital privado a escala.
La conclusión para SIERRA|ANDES es precisa: la restricción no está únicamente en la disponibilidad de dinero. Está en la capacidad de producir activos suficientemente verificables.
4. Una coyuntura que vuelve concreta la oportunidad
La coincidencia de septiembre de 2026 es particularmente significativa. Entre el 1 y el 3 de septiembre, representantes de 25 países se reunieron en Quito en el 12.º Diálogo Regional sobre Financiamiento de la Biodiversidad de BIOFIN. El PNUD informó que las soluciones vinculadas con BIOFIN han movilizado cerca de USD 2.000 millones para la naturaleza en América Latina y el Caribe desde 2018. El encuentro se concentró precisamente en cómo transformar compromisos ambientales en decisiones presupuestarias, políticas públicas e inversiones.
Al mismo tiempo, el 2 de septiembre se publicó en Ecuador la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente. La ley ya había sido remitida por la Asamblea y fue sancionada por el Presidente antes de su publicación.
Esta reforma no aparece aislada. Ecuador había construido previamente un esquema de compensación de emisiones y, en 2026, una Norma Técnica para la Autorización, Registro, Trazabilidad y Transferencia de Resultados de Mitigación. Esa norma regula el ciclo que va desde la autorización y el registro hasta la trazabilidad, contabilidad, transferencia, retiro y cancelación de resultados de mitigación, incluyendo la articulación con los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París.
La propia regulación reconoce por qué esto era necesario. Los documentos técnicos identifican inseguridad jurídica, riesgo de doble contabilidad y dificultades para acceder al financiamiento climático internacional como problemas que debían corregirse mediante reglas de integridad, transparencia y trazabilidad.
La relevancia regional es evidente. Si un país puede convertir esa reforma en un proyecto demostrativo capaz de atraer inversión sin diluir la soberanía regulatoria ni los derechos territoriales, se genera una experiencia que puede compararse, adaptarse y replicarse en otros países.
5. “Paren el volley”: la economía después de la discusión
En Quito, “paren el volley” expresa algo que la teoría de juegos conoce bien: llega un momento en que seguir devolviendo la pelota produce menos valor que cambiar el juego.
El problema ambiental latinoamericano ha quedado atrapado muchas veces en oposiciones recurrentes. El Estado teme perder control sobre recursos que considera estratégicos; las comunidades temen que el valor producido en sus territorios sea apropiado desde fuera; las empresas temen que las condiciones pactadas cambien después de invertir; los inversionistas temen que un activo no pueda probar su integridad; los reguladores temen doble conteo o promesas ambientales que no corresponden con resultados reales.
La salida no consiste en elegir uno de esos actores y excluir a los demás. Consiste en diseñar un arreglo donde sus incentivos puedan coexistir.
La normativa ecuatoriana de compensación ya contiene elementos de esa lógica. Exige que quienes desarrollan iniciativas apliquen salvaguardas ambientales y sociales, que los actores involucrados estén de acuerdo con la formulación del proyecto, que el financiamiento climático sea utilizado efectivamente y que se cumpla el plan de distribución de beneficios previsto en el diseño. También exige monitoreo, reporte y verificación y asigna a organismos evaluadores de conformidad la responsabilidad de validar o verificar las iniciativas.
Eso es mucho más que un mercado de toneladas. Es una arquitectura de responsabilidades.
Desde SIERRA|ANDES, “paren el volley” debería significar precisamente esto: detener el interminable cambio de posiciones y definir quién produce el resultado, quién lo mide, quién lo verifica, quién lo registra, quién aporta el capital, quién asume el riesgo y cómo se distribuye el beneficio.
6. ABC: la naturaleza antes del instrumento financiero
SIERRA|ANDES organiza el activo mediante ABC: Agua, Biodiversidad y Carbono. La secuencia no es cosmética. Impide que la lógica financiera termine reduciendo todo el territorio a carbono.
El agua es el vínculo inmediato entre alta montaña y economía. Un páramo que retiene y regula agua produce servicios para hogares, agricultura, ganadería, generación eléctrica e industria. El problema económico aparece cuando el beneficiario aguas abajo no participa en el costo de conservar el ecosistema aguas arriba. En ese espacio pueden surgir pagos por servicios ecosistémicos, fondos de agua, mecanismos tarifarios, bonos, financiamiento combinado y otras estructuras que transformen una externalidad positiva en un flujo sostenible.
La biodiversidad representa algo más complejo. No es un inventario de especies, sino la capacidad del sistema vivo para mantener funciones y resiliencia. Su medición financiera todavía se encuentra menos estandarizada que el carbono, pero precisamente por ello el rápido desarrollo de métricas de naturaleza que observan el BID, CAF y BIOFIN resulta relevante.
El carbono es el componente más avanzado desde el punto de vista de estandarización. Puede expresarse en toneladas equivalentes, someterse a metodologías, verificarse y registrarse. Por ello puede funcionar como puerta de entrada financiera, aunque no deba confundirse con el valor completo del territorio.
En el propio trabajo interno de SIERRA|ANDES se ha ratificado que el activo ambiental debe combinar carbono con agua y biodiversidad para reducir la dependencia de una sola categoría regulatoria. La Junta también decidió reactivar los tres Documentos de Proyecto correspondientes a Agua, Biodiversidad y Carbono, lo que convierte ABC en una línea operativa y no únicamente conceptual.
7. PACES: la naturaleza tiene que producir desarrollo humano
ABC describe el activo. PACES describe el resultado.
La dimensión política no debe confundirse con militancia ni partidismo. Se refiere a la capacidad de producir reglas y acuerdos que sobrevivan a cambios de gobierno, autoridades y liderazgos territoriales. La dimensión ambiental establece los límites ecológicos dentro de los cuales puede funcionar la economía. La dimensión cultural determina si el proyecto es compatible con identidad, conocimientos y transmisión intergeneracional. La dimensión económica observa productividad, inversión, precios, ingresos y acumulación de capital. La dimensión social obliga a responder quién recibe los beneficios, quién asume los costos y cómo cambia efectivamente la vida de las familias.
El valor de PACES está en impedir que una sola métrica monopolice la evaluación. Un proyecto puede aumentar capturas de carbono y fracasar socialmente. Puede ser rentable y políticamente inviable. Puede conservar hectáreas y generar resistencia cultural. Puede mejorar ingresos a corto plazo mientras deteriora una cuenca.
Los proyectos de cuarenta años no soportan esas contradicciones por mucho tiempo.
El propio informe semanal de SIERRA|ANDES describe la articulación buscada entre sector privado, comunidades, gobiernos locales y academia, con el propósito de reducir dependencia del conflicto político nacional y trabajar simultáneamente ABC, dMRV, desarrollo humano y la lógica del activo natural como respaldo económico. Esa es, en términos institucionales, la transición desde un proyecto de carbono hacia una plataforma territorial.
8. Ocho países como división funcional del trabajo
Los Estados Unidos del URKU en los Andes, EUUA, no requieren que los ocho países se parezcan entre sí. Su valor está precisamente en lo contrario: utilizar las diferencias para producir especialización.
Venezuela representa la dimensión cultural porque una inversión de varias décadas necesita algo que los contratos no pueden crear por sí solos: pertenencia y continuidad. El arco venezolano conecta Andes, Caribe, Orinoco y Amazonía, y su función dentro de PACES consiste en estudiar cómo identidad, memoria y territorio pueden sostener comportamientos colectivos más allá del ciclo político.
Panamá representa Agua porque su principal infraestructura económica permite observar de manera casi física que la naturaleza puede ser capital productivo. El funcionamiento del Canal depende de un sistema hídrico; conservar cuencas no es allí una política ambiental periférica, sino protección de infraestructura económica. Esa experiencia puede convertirse en conocimiento útil para desarrollar instrumentos financieros asociados a seguridad hídrica en otros territorios.
Colombia representa Carbono y, de manera complementaria, puede especializarse en estandarización, validación, verificación y certificación. Su cobertura forestal, que el Banco Mundial sitúa en 52,8% del territorio en 2023, le proporciona una base natural importante, pero el valor estratégico está en construir integridad. En los mercados ambientales el cuello de botella no es solamente generar una tonelada, sino probar de manera independiente que existe, que es adicional cuando corresponde, que no fue contada dos veces y que mantiene los atributos prometidos.
Ecuador representa Biodiversidad y puede cumplir simultáneamente el papel de primer territorio demostrativo. Su cobertura forestal alcanzaba 49,5% en 2023, pero esa cifra subestima el valor de páramos, humedales, sistemas marinos, Galápagos y otros ecosistemas que no se reflejan en una sola medida. La nueva reforma ambiental y la infraestructura regulatoria de carbono le ofrecen además una coyuntura singular para demostrar cómo una jurisdicción puede proteger su soberanía ambiental y atraer capital privado al mismo tiempo.
Perú representa la dimensión política e institucional porque sus proyectos extractivos, sus comunidades, sus Andes y su Amazonía hacen visible el costo económico de la incapacidad para sostener acuerdos. Un proyecto de treinta o cuarenta años necesita reglas que sobrevivan a personas. Ese es el aprendizaje que Perú puede sistematizar para el conjunto.
Bolivia representa la dimensión ambiental porque obliga a introducir los límites ecológicos en el corazón de la valoración. Con Andes, altiplano, salares y Amazonía dentro de una misma geografía, su aporte es recordar que el hecho de poder asignar precio a un activo no significa que deba explotarse hasta el límite que permite el mercado.
Argentina representa la dimensión social porque la inversión ambiental pierde legitimidad cuando quienes soportan restricciones territoriales no participan de los beneficios. La dimensión social debe convertirse en medición de empleo, ingreso, movilidad, servicios, seguridad económica y distribución territorial de valor, de manera que el éxito ambiental pueda vincularse con resultados humanos.
Chile representa la dimensión económica porque posee condiciones para estructurar vehículos de inversión, gobernanza corporativa, administración, valorización, contratos y conexión con mercados de capitales. Esto no significa trasladar el activo fuera de su país de origen. Significa distinguir entre la jurisdicción del ecosistema y la jurisdicción desde la cual puede organizarse el capital.
Esta división funcional no pretende afirmar que Venezuela carezca de economía, Chile de cultura o Ecuador de capacidad política. Todos los países poseen todas las dimensiones. La especialización sirve para construir centros de excelencia y reducir la duplicación de capacidades costosas.
9. Kayambi como prueba y no como promesa
Una arquitectura regional solamente gana credibilidad cuando empieza por un territorio.
Kayambi cumple esa función. El proyecto se mantiene como piloto y la Junta ratificó la producción de sus tres componentes de Agua, Biodiversidad y Carbono. El horizonte estratégico utilizado por SIERRA|ANDES es de cuarenta años y el diseño vincula el activo natural con dMRV, desarrollo humano e inversión.
La importancia del piloto no consiste en demostrar solamente que existe carbono. Consiste en probar si puede integrarse una cadena completa que empiece en territorio y termine en capital verificable.
Eso exige identificar los actores que tienen derechos, establecer líneas de base, producir información geoespacial, desarrollar métricas, implementar monitoreo, contratar verificación independiente, cumplir las exigencias registrales y demostrar que la distribución de beneficios funciona. Significa también observar producción, ingreso y bienestar, porque un proyecto ambiental que exige conservación durante cuatro décadas sin mejorar las condiciones económicas de quienes viven en el territorio contiene un problema de incentivos desde el primer día.
La normativa ecuatoriana resulta útil precisamente porque obliga a separar estas funciones. El desarrollador de la iniciativa tiene responsabilidades de monitoreo, salvaguardas y distribución; los organismos de conformidad validan y verifican; la Autoridad Ambiental mantiene sus competencias.
SIERRA|ANDES utiliza esa separación como fortaleza institucional.
10. Una tonelada debe existir una sola vez
La integridad del sistema depende de una regla que parece obvia pero que los mercados de carbono han demostrado que no siempre es sencilla de garantizar: el mismo resultado no puede utilizarse simultáneamente para reclamaciones incompatibles.
La regulación ecuatoriana distingue expresamente las Unidades de Carbono Equivalente de los Resultados Autorizados de Mitigación. No establece una conversión automática entre ambas categorías ni permite presumir que una UCE se transforma por sí sola en un resultado autorizado para transferencia internacional.
La misma norma prohíbe doble registro, doble emisión, doble uso, doble retiro, doble cancelación y doble contabilidad. Además, establece interoperabilidad entre registros para asegurar consistencia de datos, trazabilidad y detección de incompatibilidades.
Esto tiene una implicación importante para URKU. Su valor no debería depender de presentarse como sustituto del resultado ambiental reconocido por una jurisdicción. Puede ser mucho más sólido si funciona como capa económica y digital para derechos contractuales, trazabilidad de flujos, información y participación en proyectos, mientras la naturaleza jurídica de cada resultado ambiental permanece exactamente donde la legislación correspondiente la ubica.
La tokenización no debe crear ambigüedad jurídica. Debe reducirla.
11. De dMRV a infraestructura regional de confianza
El dMRV tiene sentido si disminuye el costo de producir evidencia.
La observación satelital puede seguir cambios de cobertura. Los sistemas geoespaciales pueden relacionar parcelas con ecosistemas y derechos. Los registros productivos pueden asociar cambios en prácticas con variables económicas. Las series temporales permiten distinguir un resultado persistente de un cambio pasajero. Los documentos de verificación pueden quedar ligados a una cadena de información auditable.
Ninguna de estas herramientas sustituye al verificador ni al regulador. Su valor económico aparece porque reduce la asimetría de información entre actores que no se conocen y que, muchas veces, se encuentran en diferentes países.
Eso es precisamente lo que las instituciones multilaterales están identificando como una condición para escalar las finanzas de naturaleza. El BID señala que métricas consistentes y sistemas robustos de MRV construyen confianza, reducen ambigüedad y permiten convertir resultados ambientales en oportunidades financiables.
Una infraestructura regional basada en esa lógica permitiría que proyectos de Ecuador, Colombia, Perú o Panamá permanezcan jurídicamente distintos y, sin embargo, produzcan datos comparables. Esa interoperabilidad económica es mucho más realista que intentar imponer una regulación única a ocho países.
12. La escala cambia el modelo de negocio
La construcción regional tiene además una justificación estrictamente financiera.
Cada proyecto ambiental enfrenta costos fijos considerables. Hay que pagar estudios, estructuración jurídica, metodologías, sistemas de información, validación, verificación, administración y comercialización. En territorios pequeños, esos costos pueden representar una proporción suficientemente alta del valor total como para hacer inviable el proyecto.
Una plataforma puede distribuir parte de esos costos entre varios proyectos. El mismo sistema de debida diligencia puede adaptarse a distintos territorios. Una infraestructura dMRV puede servir a varias jurisdicciones. Los contratos pueden construirse sobre una biblioteca jurídica común. El conocimiento acumulado por una verificación puede reducir el costo de la siguiente.
La diversificación también importa. Una cartera compuesta exclusivamente por carbono ecuatoriano concentra riesgo territorial, regulatorio y de mercado. Una arquitectura donde agua, biodiversidad y carbono se desarrollen en distintas jurisdicciones distribuye parte de esos riesgos sin mezclar jurídicamente los activos.
La Junta de SIERRA|ANDES ya ha comenzado a moverse desde la lógica de un proyecto hacia la lógica de una plataforma. En septiembre ratificó una meta de levantamiento de USD 500.000, aprobó una referencia comercial de USD 20 millones y estableció una lógica según la cual 70% de las ventas se orientaría a inversión territorial y 30% al margen y operación, con énfasis posterior en reinversión y capitalización de nuevos proyectos. Estas son todavía decisiones internas y no resultados financieros realizados, pero muestran que la arquitectura ya está pensando en escalamiento y no únicamente en una transacción aislada.
13. De lo Kayambi a una cartera andina
La expansión debe producirse por evidencia acumulativa y no por declaración.
Kayambi tiene que demostrar primero que las funciones esenciales pueden coexistir dentro de un mismo proyecto: territorio, comunidades, metodología, regulación, medición, verificación, financiamiento y distribución. El segundo territorio será más importante de lo que parece, porque deberá demostrar que la arquitectura no depende de las condiciones extraordinarias del primero. Cuando el modelo sobreviva a un cambio de comunidad, ecosistema y jurisdicción, comenzará a existir evidencia de replicabilidad.
A partir de allí la cartera tendrá sentido. No porque todos los proyectos sean iguales, sino porque compartirán una infraestructura metodológica y de inversión que permitirá compararlos y administrar sus riesgos. La plataforma será la consecuencia económica de esa cartera, no una marca creada antes que sus activos.
Esta secuencia es coherente con Ostrom. Las instituciones robustas no suelen surgir de una solución universal diseñada desde arriba. Se construyen mediante reglas adaptadas a la realidad local, aprendizaje, monitoreo y capacidad de corregir.
Los EUUA tienen sentido si siguen la misma lógica.
14. Cuarenta años obligan a pensar de otra manera
El horizonte de cuarenta años modifica la función objetivo.
Un gobierno dura una fracción de ese período. Una administración empresarial dura menos. Las tecnologías cambiarán varias veces. Las condiciones de los mercados de carbono probablemente serán muy distintas en 2046 y nuevamente en 2066.
El territorio, en cambio, seguirá allí.
Por eso la evaluación económica no puede limitarse al precio actual del carbono ni al valor presente de una venta temprana. Debe preguntarse cuánto capital natural, humano, social y productivo existirá al final del período.
Un niño nacido en 2026 tendrá cuarenta años cuando termine ese horizonte. Si el proyecto funciona, ese adulto debería encontrar una cuenca más segura, un ecosistema más resiliente, mayor productividad, mejores ingresos y una estructura institucional capaz de seguir generando valor. Si solamente encuentra certificados emitidos décadas antes, el proyecto habrá confundido el instrumento con el objetivo.
Esta es la razón por la cual PACES resulta indispensable. La sostenibilidad financiera depende de la sostenibilidad política, ambiental, cultural y social del territorio.
15. Los Andes como economía de cooperación
La propuesta de los EUUA adquiere finalmente sentido cuando se observa como división regional de capacidades.
Venezuela aporta cultura y continuidad. Panamá permite vincular agua con infraestructura y finanzas. Colombia puede construir integridad alrededor del carbono y la verificación. Ecuador aporta biodiversidad y el primer laboratorio regulatorio-territorial. Perú puede trabajar la capacidad política de sostener acuerdos. Bolivia introduce límites ambientales dentro de la valoración. Argentina permite medir la distribución social del resultado. Chile convierte proyectos técnicamente sólidos en estructuras comprensibles para el capital.
Ninguna de estas funciones necesita eliminar la autonomía de las demás. Por el contrario, la arquitectura funciona precisamente porque cada país mantiene sus competencias y se conecta mediante estándares, información, contratos y proyectos.
Es una forma de integración mucho más cercana a la economía que a la retórica política.
16. Parar el volley para producir evidencia
La región posee activos naturales extraordinarios y existe capital buscando inversiones asociadas con naturaleza. CAF reporta alrededor de USD 1.500 millones en su portafolio de ecosistemas estratégicos; el Grupo BID informó más de USD 6.000 millones movilizados o comprometidos en iniciativas de naturaleza durante 2025; BIOFIN señala cerca de USD 2.000 millones movilizados en América Latina y el Caribe desde 2018.
Esas cifras no prueban que cualquier proyecto ambiental sea financiable. Prueban algo diferente y más importante: existe un sistema financiero que busca proyectos capaces de mostrar resultados ambientales creíbles.
Por eso el activo escaso no es solamente el capital. Es la confianza verificable.
SIERRA|ANDES puede producirla si demuestra que un territorio puede identificar sus activos, que los derechos pueden documentarse, que los actores pueden acordar una distribución, que la medición puede repetirse en el tiempo, que un tercero independiente puede verificarla y que el inversionista puede seguir lo que ocurrió con su dinero sin desplazar al Estado ni a la comunidad.
“Paren el volley” significa exactamente eso. No suspender la acción, sino terminar con el ir y venir que impide fijar reglas. Sentarse, definirlas y someterlas después a la prueba más exigente que existe: la realidad.
Los Estados Unidos del URKU en los Andes no necesitan comenzar como una declaración política. Pueden surgir gradualmente de una economía que funcione. Kayambi proporciona el primer terreno de prueba. Un segundo territorio permitirá comprobar replicabilidad. La acumulación de proyectos permitirá construir una cartera y la cartera justificará una plataforma regional. Cuando esa plataforma pueda mostrar contratos ejecutados, datos auditables, beneficios distribuidos y activos naturales conservados durante el tiempo suficiente, la arquitectura dejará de depender de la confianza previa de quienes la escuchan. Habrá producido evidencia que permita confiar.
Ahí está el punto de encuentro entre la reforma ecuatoriana, ABC, PACES, URKU y SIERRA|ANDES.
Los Andes no necesitan que alguien les diga que vuelvan a creer. Necesitan demostrar que pueden convertir su extraordinario capital natural en capital humano, social y productivo sin destruir la fuente que lo genera. Cuando puedan hacerlo territorio por territorio y generación por generación, creer dejará de ser una exhortación.
Será una decisión racional.
Podemos hacer las paces si estamos en la paz de Dios. Nuestro destino es estar unidos como latinoamericanos, como países andinos, como Chile y Ecuador, Argentina y Bolivia, Perú y Colombia, Panamá y Venezuela. Somos una gran nación que tiene una cordillera común y puede crecer si vuelve a creer en sí misma. Podemos expulsar las drogas hacia fuera, lejos de América toda. Podemos ganar la guerra, pero necesitamos hacer las paces definitivamente entre nosotros. Antes que nada. Todo el rato. Sí se puede. Sí. Se puede.
Referencias
North, Douglass C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. Williamson, Oliver E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press. Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons, Cambridge University Press. Costanza, Robert et al. (1997), “The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital”, Nature, 387. Dasgupta, Partha (2021), The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, HM Treasury. Banco Mundial, World Development Indicators, datos de superficie forestal 2023. Banco Interamericano de Desarrollo (2026), 2025 Year in Review: Advancing Nature Finance in Latin America and the Caribbean. CAF (2025), portafolio de ecosistemas estratégicos presentado en COP30. PNUD-BIOFIN (2026), 12.º Diálogo Regional sobre Financiamiento de la Biodiversidad de América Latina y el Caribe. República del Ecuador (2026), Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, Quinto Suplemento No. 360 del Registro Oficial. República del Ecuador (2026), Norma Técnica para la Autorización, Registro, Trazabilidad y Transferencia de Resultados de Mitigación.
Comentarios