10 Agosto: de 1800 a 1810

Del 10 de agosto de 1800 al 10 de agosto de 1810

¿Por qué pasó el 10 de agosto de 1809? Un análisis histórico

Por Roberto F. Salazar-Córdova

La historia rara vez comienza el día que escogemos para conmemorarla.

El 10 de agosto de 1809 no nació de una reunión aislada de quiteños que, repentinamente, resolvieron desafiar el orden existente. Fue el resultado americano de una crisis que llevaba años gestándose y que, entre 1800 y 1810, transformó por completo el sistema político europeo y la Monarquía Hispánica.

Para comprender lo que ocurrió en Quito hay, por tanto, que ampliar el mapa y retroceder el calendario.

Hay que comenzar en Europa.

1800: un mundo que todavía parecía estable

Al iniciarse el siglo XIX, la Monarquía Hispánica seguía siendo una de las estructuras políticas de mayor extensión geográfica del planeta. Carlos IV reinaba sobre una monarquía compuesta que vinculaba territorios europeos, americanos y asiáticos mediante virreinatos, capitanías generales, audiencias, gobernaciones, cabildos y otras instituciones.

Quito formaba parte de aquel universo.

La Real Audiencia de Quito no era simplemente la ciudad de Quito. Constituía una jurisdicción política, judicial y territorial articulada alrededor de una de las principales ciudades de los Andes septentrionales, aunque sus fronteras y dependencias variaron durante el período colonial.

Tampoco Charcas —cuya capital era La Plata o Chuquisaca, actual Sucre— puede describirse correctamente como un territorio menor. Su Audiencia había tenido históricamente una jurisdicción enorme sobre buena parte del interior sudamericano. Por ello, la diferencia relevante entre Chuquisaca y Quito en 1809 no debe buscarse simplemente en kilómetros cuadrados.

Debe buscarse en la naturaleza política de lo que hicieron.

Europa cambia las reglas

La década comenzó bajo la sombra de la Revolución Francesa y continuó bajo la expansión de Napoleón Bonaparte.

Francia había pasado de la revolución al Consulado y, en 1804, al Imperio. Napoleón fue coronado emperador y comenzó a reorganizar Europa mediante una combinación extraordinariamente eficaz de guerra, administración, alianzas, Estados satélites y sustitución de dinastías.

España quedó progresivamente atrapada en esa transformación.

La derrota naval de Trafalgar en 1805 debilitó decisivamente la capacidad marítima franco-española frente al Reino Unido. Dos años después, mediante el Tratado de Fontainebleau de 1807, España permitió el ingreso de tropas francesas para la invasión de Portugal.

El problema fue que los franceses no se limitaron a atravesar España.

La ocuparon.

Y entonces se produjo una crisis todavía más profunda: la crisis de legitimidad de la Corona.

1808: desaparece el centro

En marzo de 1808, el Motín de Aranjuez provocó la caída de Manuel Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII.

Parecía haberse resuelto una crisis dinástica.

En realidad, apenas comenzaba.

Napoleón convocó a padre e hijo a Bayona. Entre el 5 y el 7 de mayo se produjeron las célebres abdicaciones mediante las cuales los derechos sobre la Corona terminaron en manos de Napoleón. El emperador instaló posteriormente a su hermano José Bonaparte como José I de España.

El hombre al que la tradición popular terminaría llamando “Pepe Botella” tenía ahora una corona.

Pero tener una corona no significaba necesariamente poseer legitimidad.

El 2 de mayo Madrid se había levantado contra la presencia francesa. La represión fue brutal y la insurrección se extendió. En distintos territorios españoles aparecieron juntas que afirmaban gobernar ante la ausencia del monarca legítimo.

La lógica era revolucionaria precisamente porque podía presentarse como tradicional:

si el rey legítimo estaba impedido de gobernar y el ocupante era considerado ilegítimo, ¿dónde residía temporalmente la soberanía?

La respuesta comenzó a formularse mediante las juntas.

En septiembre de 1808 se constituyó la Junta Suprema Central, integrada por representantes de juntas peninsulares. Y el 22 de enero de 1809 adoptó una decisión de enorme importancia histórica: declaró que los dominios españoles de América no eran simples colonias o factorías, sino una “parte esencial e integrante de la Monarquía española”, abriendo su representación en las instituciones de la monarquía.

La crisis había cruzado definitivamente el Atlántico.

No era todavía España contra América

Este punto resulta fundamental para interpretar correctamente 1809.

La primera ruptura no fue simplemente una guerra entre “España” y sus “colonias”.

La primera fractura fue una crisis interna de la propia Monarquía Hispánica.

¿Quién podía gobernar legítimamente cuando el rey legítimo no podía hacerlo?

¿José Bonaparte?

¿Las autoridades constituidas antes de Bayona?

¿Las juntas españolas?

¿Una Junta Central?

¿Los propios territorios americanos?

Si los españoles de Asturias, Sevilla, Valencia o Galicia podían organizar juntas en nombre de Fernando VII, los americanos podían plantearse una pregunta inevitable:

¿por qué ellos no?

Ahí está una de las claves intelectuales del 10 de agosto.

El precedente americano: Montevideo

La primera experiencia americana de esta secuencia apareció en Montevideo el 21 de septiembre de 1808.

Francisco Javier de Elío se enfrentó al virrey Santiago de Liniers, cuya condición francesa alimentaba sospechas políticas, y constituyó una junta que declaró fidelidad tanto a Fernando VII como a la Junta de Sevilla.

Montevideo es importante precisamente porque demuestra que crear una junta no equivalía automáticamente a declarar la independencia.

La revolución que se estaba produciendo era inicialmente una revolución de legitimidad.

1809: Chuquisaca

El siguiente gran episodio ocurrió en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809.

La crisis enfrentó al presidente de la Audiencia, Ramón García de León y Pizarro, con miembros de la propia Audiencia, el cabildo, sectores universitarios y otros actores locales.

Chuquisaca constituye, por ello, un antecedente indiscutible de las revoluciones hispanoamericanas.

La Universidad de San Francisco Xavier era además uno de los grandes centros intelectuales de América del Sur. Allí circulaban argumentos sobre soberanía, legitimidad y retroversión del poder.

Por eso Bolivia puede legítimamente encontrar en Chuquisaca su “primer grito libertario”.

Pero la historia no termina allí.

La Paz: 16 de julio

Menos de dos meses después se produjo un movimiento más radical en La Paz.

El 16 de julio de 1809, Pedro Domingo Murillo y los revolucionarios paceños constituyeron posteriormente la Junta Tuitiva.

La radicalización política era evidente.

En pocos meses la crisis española estaba generando respuestas americanas sucesivas y cada vez más complejas.

Montevideo.

Chuquisaca.

La Paz.

Y entonces Quito.

10 de agosto de 1809

La noche del 9 de agosto, un grupo de quiteños se reunió en casa de Manuela Cañizares.

Durante la madrugada se tomó la decisión.

El 10 de agosto las autoridades de la Real Audiencia fueron desplazadas y se estableció una Junta Suprema de Gobierno.

Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, asumió su presidencia.

Pero aquí aparece una paradoja que la narrativa republicana posterior frecuentemente simplificó.

Los quiteños no comenzaron proclamando una república independiente contra Fernando VII.

Actuaron en nombre de Fernando VII.

Y esto no disminuye la importancia revolucionaria del acontecimiento. En cierto sentido, la aumenta.

Porque significaba afirmar que, ante la ausencia del rey legítimo, Quito tenía capacidad política para reasumir el ejercicio del gobierno.

Era una afirmación de soberanía.

Independencia y fidelidad al rey no eran todavía contradicciones

Desde nuestra perspectiva contemporánea resulta extraño hablar simultáneamente de revolución y fidelidad monárquica.

En 1809 no necesariamente lo era.

La cuestión fundamental era la legitimidad.

Fernando VII representaba la continuidad de la monarquía considerada legítima. José Bonaparte representaba una corona derivada de la intervención napoleónica.

Por eso en distintos lugares del mundo hispánico surgió una fórmula que hoy parece contradictoria:

autogobierno y Fernando VII.

La encontramos en Quito y posteriormente en otras juntas americanas.

Incluso la Primera Junta chilena de septiembre de 1810 juraría conservar el territorio para Fernando VII y mantener la religión y las leyes.

La llamada “máscara de Fernando VII” pudo servir posteriormente como recurso político para algunos revolucionarios. Pero convertir retrospectivamente toda declaración de fidelidad al rey en una simple mentira táctica sería también una simplificación.

En 1808-1810 había personas que efectivamente defendían al monarca legítimo y, al mismo tiempo, comenzaban a descubrir que podían gobernarse sin las autoridades peninsulares.

Esa contradicción terminaría transformando América.

Quito y la religión

Existe además un componente que merece mayor atención.

Quito era una sociedad profundamente católica.

Iglesias, conventos, órdenes religiosas, cofradías, universidades, educación, arte y vida cotidiana habían construido durante siglos una cultura en la cual religión y organización social estaban estrechamente vinculadas.

Por ello, la resistencia al orden napoleónico tenía también una dimensión religiosa.

Pero debemos evitar otro anacronismo: Napoleón no puede ser descrito simplemente como un gobernante “anticatólico”.

Había firmado el Concordato de 1801 con Pío VII y había restablecido institucionalmente relaciones con la Iglesia después de la persecución revolucionaria francesa.

Su proyecto era distinto: pretendía subordinar la organización religiosa a la arquitectura política imperial.

Precisamente durante estos años el conflicto con Roma se agravó dramáticamente. Napoleón impulsó profundas reformas eclesiásticas en España, anexó los Estados Pontificios en 1809 y Pío VII terminó detenido por las autoridades napoleónicas.

Para sociedades intensamente católicas, por tanto, la expansión napoleónica podía ser percibida simultáneamente como ocupación extranjera, ruptura dinástica y amenaza al orden religioso tradicional.

En Quito esa combinación tenía especial potencia.

La defensa de Fernando VII y la defensa de la religión católica formaban parte del mismo universo mental.

Quito no estaba sola: era parte de una reacción global

Vista desde esta perspectiva, la Junta de Quito deja de ser un acontecimiento provincial y aparece como parte de una reacción extraordinariamente extensa dentro de la Monarquía Hispánica.

La secuencia resulta reveladora:

1808: levantamiento de Madrid y juntas peninsulares.

Septiembre de 1808: Junta de Montevideo.

25 de mayo de 1809: Chuquisaca.

16 de julio de 1809: La Paz.

10 de agosto de 1809: Quito.

19 de abril de 1810: Caracas.

25 de mayo de 1810: Buenos Aires.

20 de julio de 1810: Santa Fe de Bogotá.

Y faltaba todavía Santiago de Chile.

Allí, la Primera Junta Nacional de Gobierno se constituyó el 18 de septiembre de 1810, igualmente en un contexto de ausencia del monarca y declarando fidelidad a Fernando VII.

Para entonces Quito había vivido ya algo mucho más terrible.

2 de agosto de 1810

La Junta de 1809 tuvo corta duración.

Aislada y sometida a enormes presiones políticas y militares, terminó entregando el poder. Sus principales protagonistas fueron perseguidos y encarcelados.

El 2 de agosto de 1810 grupos de quiteños intentaron liberar a los detenidos.

La respuesta terminó en una matanza.

Las estimaciones tradicionales hablan de aproximadamente 200 a 300 muertos, una cifra extraordinaria para una ciudad cuya población rondaba entonces unas pocas decenas de miles de habitantes.

Murieron dirigentes del movimiento y habitantes de Quito.

El significado político del acontecimiento trascendió a la ciudad.

La experiencia demostraba que la crisis constitucional iniciada en Bayona había cambiado de naturaleza.

Lo que había comenzado preguntando quién gobernaría en ausencia del rey estaba convirtiéndose en una lucha sobre quién poseía realmente la soberanía.

10 de agosto de 1810: un mundo completamente diferente

Volvamos entonces a nuestro ejercicio inicial.

Imaginemos Quito el 10 de agosto de 1800.

Carlos IV era rey. Napoleón todavía no era emperador. Fernando VII todavía no había reinado. José Bonaparte no había ocupado el trono español. España no había sido invadida por Francia. No existían las juntas de 1808. Chuquisaca, La Paz y Quito no se habían sublevado.

Ahora avancemos exactamente diez años.

10 de agosto de 1810.

Napoleón domina buena parte de Europa.

José Bonaparte ocupa formalmente el trono español.

Fernando VII permanece cautivo.

España está en guerra.

La Monarquía ha perdido su centro político indiscutido.

Las juntas han trasladado la soberanía desde la persona físicamente ausente del rey hacia instituciones territoriales que dicen representarlo.

Chuquisaca se ha levantado.

La Paz se ha levantado.

Quito ha formado su propio gobierno.

Caracas ha constituido una junta.

Buenos Aires ha hecho lo mismo.

Santa Fe de Bogotá también.

Y Quito acaba de sufrir, ocho días antes, la matanza del 2 de agosto.

En apenas una década había cambiado el significado mismo de la autoridad política.

Entonces, ¿fue Quito el Primer Grito de Independencia?

La respuesta exige más precisión que una consigna.

Quito no fue el primer territorio americano en formar una junta: Montevideo lo había hecho en 1808.

Tampoco fue el primer levantamiento de 1809: Chuquisaca ocurrió el 25 de mayo y La Paz el 16 de julio.

Por ello, hablar del “Primer Grito de Independencia de América” como una prioridad cronológica absolutamente demostrada produce una discusión historiográfica innecesaria.

La importancia de Quito es otra y es enorme.

El 10 de agosto constituye uno de los primeros grandes actos soberanistas de Hispanoamérica y un momento fundamental en la transición desde la fidelidad a una monarquía legítima hacia el ejercicio territorial de la soberanía.

Quito depuso autoridades.

Constituyó gobierno.

Organizó representación.

Invocó a Fernando VII.

Defendió la religión católica.

Y comenzó a actuar políticamente por sí misma.

Esa combinación explica mejor su extraordinaria importancia histórica que cualquier competencia por determinar quién pronunció primero una palabra llamada “independencia” cuyo significado todavía estaba transformándose.

Defender al rey para descubrir la soberanía

Hay aquí una ironía formidable de la historia.

Quienes actuaron en nombre del rey terminaron abriendo el camino hacia un mundo sin rey.

La invasión napoleónica destruyó el principio que pretendía reemplazar.

Al retirar por la fuerza al monarca legítimo, Napoleón planteó involuntariamente a millones de personas una pregunta que el antiguo régimen había conseguido mantener parcialmente resuelta durante siglos:

¿de dónde viene la autoridad cuando desaparece quien la encarna?

España respondió con juntas.

América aprendió rápidamente la respuesta.

Y cuando los americanos descubrieron que podían organizar gobiernos para preservar la monarquía, estaban apenas a un paso intelectual de descubrir que podían gobernarse sin ella.

10 de agosto de 2026

Doscientos diecisiete años después, quizá esa sea la enseñanza más contemporánea del 10 de agosto.

Las instituciones sobreviven mientras conservan legitimidad.

El poder material puede conquistar un territorio, imponer una autoridad e incluso redactar una nueva arquitectura jurídica. Pero ninguna de esas cosas garantiza por sí sola obediencia legítima.

Napoleón podía entregar la Corona española a su hermano.

No podía obligar a españoles y americanos a considerarlo su rey legítimo.

Y existe una segunda enseñanza, especialmente importante para comprender Quito.

La modernidad política hispanoamericana no nació necesariamente contra toda tradición anterior. En sus primeros momentos convivieron principios que después serían presentados como incompatibles: soberanía popular, autonomía territorial, monarquía, representación política y fe católica.

Por eso el 10 de agosto no necesita ser convertido retrospectivamente en algo que todavía no era.

Su significado es quizá más interesante.

Fue simultáneamente un acto de fidelidad y de rebelión.

Una defensa de Fernando VII frente a una Corona impuesta por Napoleón y una afirmación de que Quito poseía capacidad para gobernarse cuando la legitimidad superior había sido violentada.

Una defensa de una sociedad profundamente católica frente a una transformación imperial que pretendía reorganizar también sus instituciones religiosas.

Y una decisión local que formaba parte de un movimiento que estaba recorriendo, casi simultáneamente, toda la Monarquía Hispánica.

Entre el 10 de agosto de 1800 y el 10 de agosto de 1810 transcurrieron apenas diez años.

Pero políticamente transcurrió un siglo.

El mundo de Carlos IV había desaparecido.

El mundo de Napoleón parecía triunfar.

El mundo de las repúblicas americanas todavía no existía.

En medio de esos tres mundos apareció Quito.

Y quizá allí se encuentre el verdadero significado del 10 de agosto de 1809: no solamente en haber gritado primero, sino en haber comprendido muy temprano que cuando una autoridad pierde legitimidad, la soberanía tiene que encontrar nuevamente un lugar donde residir.

En Quito, aquel día, sus protagonistas decidieron que ese lugar podía ser el propio pueblo.