ADN@+ A 1000

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Roberto "Chino" Salazar

Hexagon

Mil artículos después, ¿quién decide?

Lo que aprendí en ADN@+ sobre la libertad, el dinero y el poder de las comunidades.

Santiago de Chile, 9 de noviembre de 2026

En 2020 volví de Quito a Santiago y entré en cuarentena por catorce días. Había ido a ver a mi madre, a conversar sobre inversión y a mirar de cerca lo que la pandemia estaba haciendo con dos ciudades que siento propias. En ese primer ADN@+ escribíamos sobre elecciones, riesgo país y crecimiento. Pero lo que me inquietaba se veía mejor desde la casa. ¿Quién podía decidir sobre su vida cuando de un día para otro cerraban los lugares de trabajo, se interrumpía el ingreso y cada familia tenía que arreglárselas con lo que había?

Índice

1. La economía vista desde la casa

2. Lo que probé y lo que corregí

3. Dónde empieza lo público

4. El precio de una promesa

5. Hacer las PACES

6. Ocho países, muchos centros

1. La economía vista desde la casa

En Ecuador veníamos de discutir dólares, derechos y diálogo. Desde Chile fui ordenando libertad, liderazgo y legalidad. Entre ambos países discutimos qué preserva el ahorro, qué ocurre cuando suben los precios y cuánto de un derecho escrito llega a ser un derecho ejercido. En 2021 defendí la protección social durante la crisis porque a una familia que pierde su ingreso le cuesta sostener su vivienda y la educación de sus hijos, y puede perder el ahorro que construyó durante años. También defendí recuperar la inversión. El ingreso de emergencia se acaba. La capacidad de ganarse la vida tiene que quedarse.

2. Lo que probé y lo que corregí

En 2023 fui candidato alterno a la Asamblea del Ecuador y defendí la descentralización desde esa experiencia. Vale recordarlo hoy que digo nada con políticos y todo con comunidades. He tomado en serio la vía electoral. También creí que podríamos hacer prácticamente todo con ONG. Me equivoqué en eso. Una organización puede aportar conocimiento, conseguir financiamiento o ejecutar un trabajo. Pero si habla por la comunidad, maneja el dinero y decide qué se informa, la comunidad queda dependiendo de ella. Lo que hoy le pido a cualquier socio es que acepte un mandato acotado, rinda cuentas y pueda ser reemplazado.

3. Dónde empieza lo público

En 2020 pusimos a los hogares en el centro del Diálogo Hexagonal. En 2024, al escribir sobre la comunidad como núcleo de lo público, llegué a una consecuencia más exigente. Descentralizar es mover poder y dinero a la vez. Si una comunidad recibe una tarea, necesita autoridad para decidir y recursos para cumplir. Si recibe dinero, sus miembros necesitan saber quién firma y cómo pueden corregir una mala decisión. Eso vale también para el dirigente más querido. La libertad de una familia incluye poder disentir de quienes hablan en nombre de su comunidad. Una regla nacional puede proteger a la persona que queda en minoría dentro de su comunidad. La autonomía local también necesita que esa persona tenga dónde recurrir. La casta comunitaria

¿Quiero fortalecer al Estado? Quiero que tenga capacidad para proteger derechos, hacer cumplir las reglas, impartir justicia y asegurar un piso de servicios. Quiero que opere directamente lo indispensable. Cuando un asunto cruza fronteras locales, como una cuenca compartida, la decisión debe alcanzar a todos los afectados. Cuando puede resolverse cerca de casa, ahí deben quedar la autoridad y el presupuesto. La escala de gobierno se justifica por el problema que tiene que resolver.

4. El precio de una promesa

Una de las preguntas más viejas del blog es quién pone el ahorro detrás de la inversión. En 2023 discutí qué hace pública a una inversión. Me sigue importando el resultado que entrega y quién puede exigirlo, incluso cuando el capital es privado o comunitario. En 2024, con Proyecto Sierra, esa discusión empezó a tomar forma de acuerdos en el territorio. La pregunta se volvió más precisa. ¿Quién pone el dinero, quién asume la pérdida si el proyecto falla y quién participa del excedente si funciona? Una comunidad se vuelve socia cuando puede negociar esas tres cosas y tiene el derecho a decir que no. El ahorro, el gran mediador

En 2025, al escribir sobre capitalismo andino, volví a la base material de esa cuenta. Una cuenca sostiene la producción aun cuando su cuidado quede fuera del presupuesto de la empresa que usa su agua. Si esa empresa paga por un trabajo que puede comprobar, parte del valor que antes quedaba fuera de la cuenta se convierte en ingreso para quienes cuidan la fuente. Y la empresa puede saber qué compra y qué obtiene a cambio.

5. Hacer las PACES

En 2022 escribimos sobre cultura de paz y propusimos trabajar con jóvenes mediante el teatro, el arte y la tecnología. Esa parte del blog importa tanto como las columnas sobre inflación o elecciones. Hay aprendizajes que se producen ensayando una obra entre personas distintas y después se llevan a una asamblea, a una empresa o a una negociación. La cultura también determina cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo y qué hacemos cuando alguien incumple. Cultura de paz

Por eso hablo de PACES, en plural. Lo político dice quién decide. Lo ambiental, qué debe perdurar. Lo cultural, qué sabemos hacer juntos. Lo económico, de qué vivimos y cómo financiamos lo que sigue. Lo social, quién puede participar y quién se está quedando afuera. Las cinco preguntas caben en una sola conversación cuando la gente puede hablar de un proyecto propio y volver después a ver qué pasó con él.

6. Ocho países, muchos centros

Empezamos mirando a Ecuador desde Chile y a Chile desde Ecuador. Hoy trabajo con una idea de los Andes que incluye a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Quiero que una comunidad pueda asociarse con otra de esos países, encontrar compradores y capital, y conservar la autoridad sobre lo que se hace en su territorio. Ahí sitúo a URKU y al trabajo sobre agua, biodiversidad y carbono. Su valor se verá en los acuerdos que las comunidades puedan gobernar y en los resultados que otros puedan comprobar.

Para saber si avanzamos, comparo lo prometido con lo entregado, el costo con el resultado y el beneficio anunciado con lo que efectivamente llegó a los hogares.

Si volviera a escribir la primera columna, empezaría por mi propia casa, como en 2020. Hoy haría una pregunta más precisa. ¿Qué decisiones puede tomar por sí misma que antes dependían de un permiso, un favor o un intermediario? Quisiera que pudiera nombrar alguna y contar cómo la tomó, con quién se asoció y qué ganó. Eso es lo que espero poder escribir en el próximo artículo.

Roberto F. Salazar-Córdova

Anexo en Inglés: 1986-2026 (40 años de "acolite")...

1986-2026

Sumario en Español:

La versión inglesa empieza en el año en que fui bendecido como acólito de Juan Pablo II en secundaria (1986) y luego al entrar a la Universidad y entrar casi de inmediato a Diario Hoy. Desde entonces, en la Misa con los jóvenes, la pregunta es la misma, y sigue siendo la pregunta que permaneció en mis trabajos de los noventa, en los postgrados, y en los MEIL, de mi empresa, tras ser autoridad de estado: ¿Cómo ser útiles a Dios y dónde y a qué escala conviene tomar cada decisión y quién debe tener los recursos para llevarla a cabo?

Como economista, podemos decir que mi tesis fue mi primer trabajo serio, en 1993, y el original, publicado por el Banco Central de Ecuador en 1995, sigue dándome pistas. Cuando luego escribí en Chile y en gobierno, todo fue trabajo delegado. Prefiero saltar a los MEIL n.º 14, 17, 31 y 56, de mi propia empresa. Quizá valga rescatar un manuscrito que firmé el año que dolarizábamos, en 2000, sobre pobreza y descentralización, cuya publicación en prensa no pude hacer porque debía mantener perfil 100% bajo. Los artículos de Diario Hoy de los ochenta y 90 alimentaron mi trabajo, que es el texto y testimonio mío. No encontrará nadie ejemplares firmados de esa etapa.

Who Gets to Decide?

Four decades of writing on economics, institutions and community power in the Andes

Roberto F. Salazar-Córdova

Santiago, Chile, 9 November 2026

My writing goes back to Quito in the 1980s, to the pages of Diario Hoy. ADN@+ came later. Between the newspaper and the blog lie years of research on banks and poverty, public service during Ecuador’s economic crisis, and the legislative working papers we published at Hexagon. The question I keep coming back to is who gets to make decisions about the things that determine how we live. In a newspaper, that question begins with someone’s experience. In economics, it has to survive the evidence.

Contents

1. The right scale

2. What poverty costs

3. Autonomy with a budget

4. A place at the table

5. The work of institutions

6. Eight countries, many centres

1. The right scale

In November 1993, Fidel Jaramillo, José Samaniego and I published Efficiency and Scale in the Ecuadorian Banking System through Multiplica. In May 1995, Ecuador’s central bank published my follow-up as Technical Note No. 14. I used a panel of 27 banks across 12 half-year periods and found diminishing returns to scale in the sample. As inputs rose, banking output rose less than proportionately. It was a specific finding about Ecuadorian banks, and it taught me to ask what getting bigger actually buys. I ask the same question today when a ministry or a financial intermediary takes on another function.

My research moved towards households. In 1998 I worked with household surveys to estimate poverty. In 1999 I examined how social programmes selected beneficiaries. The choice of measure had a practical consequence. It helped determine which families would receive support and which would fall outside it. A model can tell us how a rule works. The people who live under it can tell us what the model missed.

2. What poverty costs

In a manuscript from 2000, Why Should We Care About Reducing Poverty?, I argued that poverty imposes costs through lost productivity, illness and insecurity. Reducing it can give employers, taxpayers and workers a shared economic interest. I also argued that bringing revenue and services closer to people could make the connection between taxes and public provision visible. Ecuador was adopting the dollar. The currency could provide an anchor. The work of making social commitments credible still had to be done. In 2002, I went to Maastricht to study how to finance them.

3. Autonomy with a budget

In September 2006, M.E.I.L. No. 17 put that argument to a fiscal test. Autonomy: A Critical Path to Development examined the economic capacity of Ecuador’s provinces and proposed that they explore joint arrangements across watersheds and trading corridors. Some services need the resources of several territories. The people in those territories can still decide what to pool and what to manage themselves. That is the point of asking for the accounts before drawing maps.

Two other memoranda show how far back this goes. In 2006, No. 14 examined natural capital through the choices Ecuador faced between clean development mechanisms and oil. In 2007, No. 31 compared measured poverty with how households assessed their circumstances. Using the 2005–06 living conditions survey, we reported 38% under the consumption-based measure and 69% by self-assessment. Each measure answered a different question. People’s own accounts could reveal pressures that a threshold missed.

In 2006, at Nottingham, my research on global corporate citizenship asked what would make an international company’s commitment to a country credible. A community faces the same problem when it enters a contract with a company that can leave. It needs to know what has been promised and what it can enforce.

4. A place at the table

In November 2010, M.E.I.L. No. 56 documented our first online Hexagonal Dialogue in Ecuador. It brought together six sectors and proposed a leading role for civil society organisations in getting the process started. I once thought we could do everything through NGOs. I changed my mind. An NGO can do work a community commissions. The community needs to set the mandate, see the accounts and be able to replace the organisation. I stood as an alternate candidate for Ecuador’s National Assembly in 2023. I take elections seriously. People should be able to organise, invest and keep their agreements when the result goes against them.

5. The work of institutions

When I say “No political favours. Everything with communities”, I mean that communities should have the authority and resources to act where they can answer for the consequences. I want a state with the capacity to enforce contracts, protect rights and ensure basic services where local resources fall short. I want people who disagree with their own leaders to have an independent place to appeal. For a shared river, the people upstream and downstream need a say. For decisions that can be made locally, the money should follow the responsibility.

When ADN@+ took shape during the pandemic in 2020, we put households at the centre. Over more than a thousand articles, we considered everything from constitutions and exchange rates to theatre and a culture of peace. I call these concerns PACES, the political, environmental, cultural, economic and social conditions for living together. They come together in a project when people can decide what they want to preserve, work with others to finance it and check who benefited. ADN@+ archive

6. Eight countries, many centres

The Andes I work with are Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panama, Peru and Venezuela. Communities in those countries can share the cost of technical work, find buyers and negotiate with investors while keeping authority over their own commitments. This is where I place SIERRA|ANDES and URKU. If a community protects a water source, it should be able to negotiate the terms, verify what was done and decide how to use what it earns. Buyers should be able to check what they paid for.

The right to refuse matters as much as the invitation to participate. Before a project begins, the partners should agree who carries the loss if it fails, who receives the income if it works and how the community can challenge the figures. That is what I would put in the contract.

After four decades, the question I would take back to the newspaper is simple. What can a family or a community decide for itself today that it once needed someone else’s permission to do? I would want to hear who made the decision, who put up the money and what changed.

Impact is what matters to God' eye.