EL VALOR DE DIALOGAR

Tengamos presente el valor que implica evitar los costos de no dialogar y acudamos a cada llamado de paz al que nos inviten.

El Costo del Conflicto

Roberto F. Salazar-Córdova

Diálogo Hexagonal

Resumen

He estructurado este primer artículo de Junio de 2026 como una pieza de análisis económico-institucional. Lo entrego evitando atribuir intenciones o conductas ilícitas a grupos políticos x ó y específicos, salvo si la evidencia es directa, enfocando el texto en un proceso que le permita reflexionar al lector, de modo que puedar ir incorporando los casos de vivencias suyas propias, de hogar, familia, empresa, comunidad, causa, relación, comunicación, experiencia, o entorno particular, general o de estado. En lo agregado, reviso someramente países comparados y coloco cifras básicas que permitan dimensionar el concepto de costo agregado que implica desentenderse de dialogar y con ello, no apoyar a las fuerzas que luchan contra el bloqueo al desarrollo.

El Costo del Bloqueo al Desarrollo: Cuando la Política Desplaza las Soluciones

Una de las paradojas menos estudiadas de América Latina es que muchos de nuestros países han aprendido a medir el costo de construir una carretera, una escuela, un hospital o un sistema de agua potable, pero todavía dedican poca atención a medir el costo de impedir que esas obras se realicen.

La economía moderna mide inversión, empleo, productividad y crecimiento. Sin embargo, existe otra variable igualmente importante: el costo del bloqueo al desarrollo.

Toda sociedad enfrenta conflictos legítimos. Existen diferencias ideológicas, disputas territoriales, debates ambientales, controversias regulatorias y desacuerdos políticos. La democracia precisamente permite canalizar esas diferencias de manera pacífica e institucional.

El problema aparece cuando la energía colectiva deja de concentrarse en resolver problemas y comienza a concentrarse en impedir que otros los resuelvan.

En ese momento surge una economía del bloqueo.

El desarrollo como amenaza

La experiencia internacional muestra que distintos actores pueden percibir el desarrollo como una amenaza a sus intereses.

Las organizaciones criminales pierden capacidad de control cuando una comunidad mejora su educación, fortalece su tejido social o incrementa sus oportunidades económicas.

Los grupos radicalizados pierden capacidad de movilización cuando las personas encuentran soluciones concretas a sus necesidades.

Las burocracias excesivamente rígidas pierden poder cuando los procesos se simplifican.

Los monopolios pierden privilegios cuando aumenta la competencia.

Incluso ciertos actores políticos pueden perder protagonismo cuando los problemas comienzan a resolverse.

Por ello, la oposición al desarrollo no siempre adopta la forma de violencia física. Con frecuencia se expresa mediante bloqueos administrativos, judicialización permanente, campañas reputacionales, saturación informativa, desinformación o paralización institucional.

El costo económico del bloqueo

La evidencia empírica es contundente.

El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el crimen y la violencia representan aproximadamente 3,4% del PIB de América Latina y el Caribe.

El Banco Mundial calcula que los conflictos violentos generan pérdidas equivalentes a más del 11% de la producción mundial.

Sin embargo, los costos indirectos suelen ser incluso mayores:

- inversiones postergadas;

- proyectos suspendidos;

- empleos que nunca se crean;

- infraestructura que nunca se construye;

- servicios sociales que nunca llegan.

La pérdida más grande suele ser invisible: el desarrollo que pudo haber ocurrido y nunca ocurrió.

Casos latinoamericanos

En Chile, el estallido de 2019 le costó 7 años de demora al proceso de convertir al país de la estrella solitaria en el primer latinoamericano en apuntar con confianza de sus vecinos a denominarse y lo que es más, auto-percibirse democráticamente como un país desarrollado.

En Ecuador, las paralizaciones nacionales de 2019 y 2022 provocaron pérdidas de cientos de millones de dólares, afectando transporte, alimentos, combustibles, exportaciones, turismo y servicios básicos, pero pasó algo más: se inhibió un proceso de transparencia y se llegó a una "muerte cruzada" que costó un cese de gobierno y elecciones presidenciales y de congreso.

En Bolivia, los bloqueos vinculados a disputas políticas generaron pérdidas superiores a los USD 1.700 millones en 2024, afectando abastecimiento, comercio y actividad productiva, y llevando a un corte en la inversión que llevó a la peor escasez de divisas de la que se tenga memoria regional en el altiplano.

En Perú, proyectos mineros de miles de millones de dólares han permanecido paralizados durante años debido a conflictos sociales no resueltos, reduciendo ingresos fiscales, empleo e inversión regional, pero peor aún: la política va por carriles ajenos a los de la economía, impidiendo un verdadero desarrollo del país del Rimac, al volar con un solo motor.

En Colombia, durante décadas, el conflicto armado afectó carreteras, oleoductos, redes eléctricas, escuelas y centros de salud, encareciendo enormemente la provisión de servicios públicos. El reciclaje democrático llevó a que el orgullo de pertenencia nacional se pierda, a tal nivel que el candidato perdedor de ayer llegue a acusar al presidente de su país vecino, de interferir en sus elecciones, como que ello fuera posible.

En Nicaragua, el cierre masivo de organizaciones civiles eliminó capacidades instaladas en educación, salud y asistencia social que tardaron años en construirse.

En Venezuela, el deterioro institucional y la conflictividad política contribuyeron al colapso de servicios públicos fundamentales y a una de las mayores migraciones de la historia reciente de América Latina, y a una situación de pérdida de soberanía extrema.

En Panamá, la soberanía se perdió por falta de integración con los países de los Estados Unidos Andinos, cuya pertenencia estaba allí desde antes de la colonización española.

En Argentina, la devaluación y la inflación llevaron a que la nación que fue parte del top 10 mundial en PIB, tuviera pobreza.

Aunque los contextos son distintos, todos muestran un patrón común: cuando el conflicto desplaza la gestión del desarrollo, los costos terminan siendo pagados por la ciudadanía, que debe asumir, adicionalmente, otro costo: la frustración que se retroalimenta de la saturación informativa, que queda instalada socialmente como un nuevo mecanismo de bloqueo instituido.

Durante décadas los bloqueos se realizaban mediante huelgas, tomas o cierres físicos. Hoy existe una herramienta adicional: el Gish Gallop.

La saturación informativa.

La literatura sobre comunicación política identifica una técnica conocida como Gish Gallop, consistente en lanzar simultáneamente numerosas afirmaciones, acusaciones o controversias de manera que responderlas consuma mucho más tiempo que producirlas.

Paul J. Quirk, John Kingdon, Maxwell McCombs, Bernard Cohen, Herbert Simon, Daniel Kahneman, Elinor Ostrom, Robert Putnam, Douglass North, Cass Sunstein y otros autores han mostrado cómo la atención pública constituye un recurso escaso.

Cuando la agenda se llena de controversias secundarias, disminuye el espacio disponible para discutir resultados, indicadores y soluciones.

La consecuencia es una forma moderna de bloqueo al diálogo. Quedamos tan ocupados en informarnos de tonterías que terminamos envueltos en una burbuja que nos impide ser sociedad, y así:

• Los proyectos continúan existiendo, pero

• Los problemas continúan subsistiendo.

• Y lo más grave: la conversación pública deja de concentrarse en resolverlos.

Una aproximación costo-beneficio

Supongamos un programa social, público ó privado, local, nacional, o regional, que beneficia a 100.000 personas.

Su presupuesto anual de transparencia, auditoría, monitoreo, evaluación, rendición pública de cuentas y comunicación podría oscilar entre USD 500.000 y USD 1.500.000.

Ahora comparemos ese monto con los costos potenciales de no invertir ese dinero (preventivamente) y sucumbir, teniendo que afrontar:

- paralización del programa;

- pérdida de financiamiento;

- retraso de inversiones;

- judicialización prolongada;

- deterioro reputacional;

- reducción de beneficiarios.

En la mayoría de los casos, prevenir el bloqueo cuesta menos del 1% del costo de sufrirlo.

La relación beneficio-costo puede fácilmente superar 10 a 1, 20 a 1 o incluso 100 a 1.

Desde una perspectiva económica, la prevención institucional suele ser una de las inversiones más rentables disponibles.

La solución: gobernanza de desarrollo

La respuesta no consiste en eliminar el conflicto. El debate, reinar en lugar del combate, forma parte del quehacer de toda sociedad libre.

La solución que ofrece el diálogo multi-actor consiste en transformar el stress general en deliberación intersectorial.

Aquí resultan especialmente relevantes los aportes de Ostrom, Putnam, Habermas, Fishkin, Mansbridge y Quirk.

La evidencia acumulada durante décadas muestra que los territorios con mayores niveles de confianza, diálogo, transparencia y participación tienden a resolver conflictos a menor costo.

Por ello, una estrategia moderna de desarrollo vía inversión en proyectos a escala siempre incorpora series de eventos de diálogo donde la confianza se instala, al acordar acciones sustantivas que responden al quehacer pacífico, consensuando hojas de ruta efectivas para hacer realidad temas modernos que caracterizan a la libertad, como:

1. Transparencia (en datos e indicadores).

2. Auditorías independientes (periódicas).

3. Participación comunitaria (efectiva).

4. Cultura de diálogo (multiactor).

5. Evaluación pública (de resultados).

En términos económicos, estos mecanismos constituyen seguros institucionales y es por ello que se invierte en instalarlos antes de hacer cualquier inversión de dinero.

Conclusión: "Governance First"

La pregunta estratégica del siglo XXI ya no consiste únicamente en cuánto cuesta desarrollar un territorio.

La pregunta igualmente importante es cuánto cuesta impedir que ese desarrollo ocurra.

Cada carretera bloqueada, cada escuela retrasada, cada proyecto suspendido, cada programa social paralizado y cada controversia artificialmente amplificada genera costos reales.

Los ciudadanos y los inversores terminan pagando esos costos mediante menor crecimiento, menos oportunidades, peores servicios y mayores niveles de incertidumbre.

Por eso el desarrollo debe entenderse como un activo que requiere protección institucional.

Dialogar genera:

• transparencia, y desarrollo.

• evidencia, y desarrollo.

• auditoría, y desarrollo.

• inversión, y desarrollo.

Cuando acumulamos capital de confianza ampliada como sociedad, aprendemos a dedicar tiempo a quitarnos de encima el costo del bloqueo con la misma precisión con la que nuestro contador mide el costo de una inversión.

Liderar es sumarse a construir una ventaja competitiva que trasciende gobiernos, ideologías y ciclos políticos.