REPUBLICA BANANERA?
- ROBERTO SALAZAR CORDOVA
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Actualizado: hace 3 días
Catastro, liberalización y seguridad hemisférica
Por Roberto F. Salazar-Córdova
Santiago de Chile / Quito, noviembre de 2025
Abstract
Chile y Ecuador partieron en la segunda mitad del siglo XX con niveles de PIB per cápita similares y alta participación de recursos naturales en sus exportaciones: cobre en Chile y banano en Ecuador (Feenstra, Inklaar & Timmer, 2015; Bulmer-Thomas, 2003).
Desde 1990, Chile elevó su PIB per cápita PPA a más del doble del ecuatoriano sobre una arquitectura que combina catastro minero, concesiones, inversión extranjera, apertura comercial y un proceso de diversificación que incluye agroindustria, servicios, sistema universitario robusto y capacidades tecnológicas propias de una economía de ingreso alto (De Gregorio, 2007; Meller, 2003; Banco Mundial, 2024a).
Ecuador mantiene una estructura basada en petróleo, banano y un portafolio de exportaciones tradicionales y no tradicionales, con precios mínimos regulados en ciertos sectores, registros incompletos y menor consolidación institucional para articular clústeres de alto valor agregado (Larrea, 2004; Acosta, 2006; Banco Central del Ecuador, 2023).
Este artículo analiza, desde Chile, en este contexto, el Decreto Ejecutivo 231 de 2025 de Ecuador.
El D.E. 231 abre un plazo excepcional hasta diciembre de 2026 para registrar plantaciones de banano, plátano y otras musáceas de exportación, incluidas siembras que hasta ahora operaban fuera del registro oficial (Presidencia de la República del Ecuador, 2025; Registro Oficial, 1997).
La medida ha generado debate por el posible conflicto de interés y por el riesgo de concentración, diciendo, varios analistas, que sería la consolidaciónde un "País Bananero".
Disputo en las secciones siguientes dicha conclusión.
Como se verá más adelante, hay que analizar todo en su contexto. En este caso, el D.E. 231 coincide con tres procesos que hemos investigado y dan entorno: (i) el ciclo electoral pro liberal en los Andes. Chile se sumaría vía José Antonio Kast aparece algo de lo que ya salió Ecuador, con un Noboa que derrotó a González, de la forma en que Kast debería imponerse frente a Jeannette Jara, según sondeos de segunda vuelta (Cadem, 2025; Criteria, 2025; RTVE, 2025), (ii) un acercamiento liberal andino entre derechas y centros: Bolivia, la misma Argentina, Perú, Ecuador y ahora Kast y su junta con el ex presidente DC Eduardo Frei que reordena el centro político chileno hacia una agenda de orden y mercado (El País Chile, 2025), mismo que a su vez le vuelve a acercar a otros gobiernos, incluido Ecuador como aliado de EEUU y (iii) dentro de lo último, una alianza regulatoria en Ecuador, parecida a la que hizo antes Chile, de modo de mejorar el acceso de productosecuatorianos al mercado estadounidense, como hace décadas ha hecho Chile. El apoyo de Chile ha sido valioso para lograr articular defensas para la eliminación de un arancel del 15 % a más de cien productos, empezando por el banano (El Universo, 2025; Primicias, 2025; El País, 2025), que sufrió problemas por acciones delincuenciales que están sobre el tapete.
La cooperación entre grupos académicos y líderes empresariales y políticos de los países es un proceso vivo que articula soluciones hemisféricas.
Mirar el bosque andino y no solo los árboles locales nos lleva, en estetiempo, a pensar desde la lógica Noboa-Milei, y articular el proceso regulatorio con el que sigue Argentina: impulsar una agenda abiertamente inspirada en la Escuela Austriaca, explicitada por el propio presidente Milei como adhesión a Mises, Hayek, Friedman y Rothbard (Milei, 2024; Carro, 2023; Instituto Juan de Mariana, 2023).
Un DE así, puede entonces ser un primer paso para la liberalización de una industria.
Por otro lado, el DE se lo puede mirar desde una región que convive hoy más que nunca con la consolidación de economías ilícitas asociadas por EEUU al régimen venezolano, descrito como hub central en rutas de cocaína (Transparencia Venezuela, 2024; Global Initiative, 2025; OCIndex, 2025).
El artículo compara, en este contexto, el Decreto con uno parecido que se usó para ordenar la minería chilena, en tiempos de conflicto armado interno en Chile, y que -en el caso de Ecuador- podría servir para ordenar el banano ecuatoriano, liberalizar la industria, y asegurar su sobrevivencia al mal del narco que trata de tomarse todas las líneas de negocio en todos los países donde tiene espacios abiertos.
Al integrar el Decreto 231 al debate liberal sobre catastro y precios, incorporamos la dimensión de salida de los “narcobananos” en medio del conflicto armado interno en Ecuador, situando al país dentro de un eje Ecuador–Chile–Argentina–Estados Unidos.
La tesis central es que, aunque la medida parece dañar al gobierno al exponer un conflicto de interés, en realidad puede ser un "cerrar filas" para fortalecer lo formal, proteger el empleo, generar seguridad y convertir la medida en plataforma de una agenda de liberalización de otras industrias, fortalecerla cooperación hemisférica en seguridad y dicho sea de paso, asegurar protección ambiental en territorios sensibles.
Índice
Introducción
Chile y Ecuador: punto de partida
Minería de cobre en Chile: catastro, diversificación y apertura
Banano en Ecuador: regulación de precios y concentración
Decreto 231: contenido y lecturas posibles
Catastro y pensamiento liberal
Seguridad, “narcobananos” y conflicto armado interno
Comparación con vino, salmón, camarón, flores y minería en Ecuador
Eje Ecuador–Chile–Argentina–Estados Unidos
Recomendaciones de política
Conclusiones
Bibliografía
1. Introducción
En la década de 1950, Chile y Ecuador presentaban niveles de PIB per cápita PPA similares y estructuras productivas basadas en exportaciones de recursos naturales: cobre, nitratos y productos agrícolas en Chile; banano, café, cacao y luego petróleo en Ecuador (Feenstra et al., 2015; Bulmer-Thomas, 2003).
Desde 1990, Chile consolidó una combinación de estabilidad macroeconómica, apertura comercial y un régimen de concesiones mineras que soportan un sistema de catastro público y un marco predecible para inversión extranjera (De Gregorio, 2007; Meller, 2003). Sobre esa base, el país amplió su matriz productiva con agroindustria de frutas y vinos, acuicultura (salmón), servicios financieros, comercio, turismo y un sistema universitario que sostiene capacidades de investigación y desarrollo propias de una economía de ingreso alto (Banco Mundial, 2024a; Barton & Murray, 2009; OECD, 2018).
Ecuador, en cambio, transitó por episodios de crisis financiera, dolarización y volatilidad política que afectaron su capacidad de sostener reglas de largo plazo, manteniendo fuerte dependencia de petróleo y banano dentro de un portafolio de exportaciones tradicionales y no tradicionales que no ha alcanzado aún el grado de sofisticación y diversificación de Chile (Acosta, 2006; Larrea, 2004; Banco Central del Ecuador, 2023).
En 2025, el Decreto Ejecutivo 231 reforma el reglamento de la Ley del Banano e introduce una ventana de regularización para plantaciones que operaban al margen del registro oficial hasta el 31 de diciembre de 2026 (Presidencia de la República del Ecuador, 2025; El Universo, 2025). Esta decisión se superpone con tres movimientos regionales relevantes:
Chile se encamina a una segunda vuelta Jara–Kast, con Kast liderando encuestas con márgenes de dos dígitos (Cadem, 2025; Criteria, 2025; RTVE, 2025).
Kast obtiene gestos de acercamiento desde el ex presidente Eduardo Frei, figura central del antiguo centro demócrata cristiano, que plantea la necesidad de unidad frente al nuevo ciclo (El País Chile, 2025).
Estados Unidos elimina un arancel del 15 % impuesto en 2025 a 105 productos ecuatorianos, entre ellos el banano, retornando al arancel cero y reforzando la relevancia geopolítica de la fruta en la relación bilateral (El Universo, 2025; Primicias, 2025; El País, 2025).
Paralelamente, Argentina despliega una agenda libertaria que su propio presidente define como “fanática” de la Escuela Austriaca, con referencias directas a Mises, Hayek, Rothbard y Friedman como fuentes doctrinarias (Milei, 2024; Carro, 2023; Instituto Juan de Mariana, 2023).
La decisión ecuatoriana sobre catastro bananero, leída desde una posición libertaria, se vuelve un caso de estudio: ¿es un intento de control discrecional que corta la competencia, o el primer paso de una secuencia de liberalización y ordenamiento similar a la que vivió Chile en minería y otras industrias exportadoras y de servicios?
2. Chile y Ecuador: punto de partida
Datos de Penn World Table y del Banco Mundial muestran que, hacia 1980, Chile y Ecuador se ubicaban en rangos semejantes de PIB per cápita PPA, alrededor de 3.000–4.000 dólares, con alta participación de productos primarios en exportaciones (Feenstra et al., 2015; Banco Mundial, 2024a, 2024b).
Chile avanzó hacia un esquema con:
Código de Minería y Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.
Estatuto de inversión extranjera vía Decreto Ley 600.
Catastro minero administrado por SERNAGEOMIN, con información pública sobre concesiones.
(Meller, 2003; De Gregorio, 2007; SERNAGEOMIN, 2022).
Sobre esa arquitectura, el país desplegó clústeres integrados de cobre, vino, frutas, salmón y madera, mientras expandía servicios financieros, comercio, telecomunicaciones, logística y una infraestructura universitaria que respalda innovación y transferencia tecnológica (Barton & Murray, 2009; OECD, 2018; Banco Mundial, 2024a). Chile dejó de ser solo un “país minero” para consolidarse como economía diversificada de ingreso alto, donde los servicios representan la mayor parte del PIB y del empleo.
Ecuador consolidó la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano (Ley del Banano) de 1997 con un diseño distinto:
Precio mínimo obligatorio por caja para el productor.
Registro de fincas bananeras y contratos obligatorios entre productor y exportador.
Prohibición de nuevas siembras de banano de exportación sin autorización previa.
(Registro Oficial, 1997; Navarro Hernández, 2022; MAG, 2023).
Mientras Chile articuló clústeres en cobre, agroindustria, acuicultura y servicios, Ecuador mantuvo una estructura de dependencia mayor de petróleo y banano dentro de un portafolio de exportaciones tradicionales y no tradicionales que aún no se traduce en la misma profundidad institucional ni en la misma densidad de servicios avanzados (Bárcena & Prado, 2016; Banco Central del Ecuador, 2023).
3. Minería de cobre en Chile: catastro, diversificación y apertura
La historia reciente del cobre chileno combina nacionalización, apertura y consolidación institucional (Meller, 2003). Elementos clave son:
Propiedad estatal del subsuelo, con concesiones judiciales para explotación por privados, nacionales o extranjeros (Meller, 2003; Vergara, 2008).
Codelco como empresa estatal relevante, coexistiendo con grandes compañías internacionales bajo régimen de concesión (De Gregorio, 2007).
Marco de estabilidad para inversión extranjera (DL 600), con cláusulas claras para repatriación de utilidades (Fontaine, 1993).
Catastro minero público y actualizado, que permite saber qué se explota, dónde y bajo qué título (SERNAGEOMIN, 2022).
El Estado no define precios ni cuotas de producción; su rol se concentra en impuestos, normas de seguridad y regulación ambiental (De Gregorio, 2007; OECD, 2018). De este modo, se permite que el mercado internacional señale precios y cantidades de inversión, mientras el catastro ofrece información y soporte a la recaudación y a la gestión territorial.
Este esquema se integró con políticas horizontales de apertura comercial, tratados de libre comercio y fortalecimiento del sistema financiero y universitario, que permitieron que la renta minera se articulara con la expansión de servicios, agroindustria, turismo e innovación (Banco Mundial, 2024a; Barton & Murray, 2009; OECD, 2018).
4. Banano en Ecuador: regulación de precios y concentración
El banano ecuatoriano se consolidó como producto emblemático desde mediados del siglo XX, con presencia de grandes compañías transnacionales y miles de productores de menor escala (Larrea, 2004). Estudios sectoriales ubican la participación de Ecuador por encima del 25 % del mercado mundial en varios períodos (FAO, 2019).
La Ley del Banano define:
Precio mínimo de sustentación para el productor, fijado anualmente por el Ejecutivo.
Registro oficial de plantaciones y contratos.
Prohibición de nuevas siembras de banano de exportación sin autorización expresa.
(Registro Oficial, 1997; MAG, 2023; Navarro Hernández, 2022).
Las exportaciones se concentran en pocas empresas que integran producción, logística y comercialización, mientras miles de productores pequeños operan con menor poder de negociación y alta exposición a volatilidad de costos y riesgos climáticos (Navarro Hernández, 2022; Larrea, 2004). El sector aporta alrededor de 2–4 % del PIB y genera cerca de 250.000 empleos directos (Banco Central del Ecuador, 2023; MAG, 2023).
5. Decreto 231: contenido y lecturas posibles
El Decreto Ejecutivo 231, emitido en noviembre de 2025, reforma el reglamento de la Ley del Banano y establece una disposición transitoria que permite solicitar el registro e inscripción de plantaciones de banano, plátano y otras musáceas hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive para siembras que no contaban con autorización previa (Presidencia de la República del Ecuador, 2025; El Universo, 2025; Extra, 2025).
La medida admite al menos dos lecturas:
Regularización con riesgo de premio a incumplidores.
Una parte del debate sostiene que la ventana de registro beneficia a quienes expandieron siembras al margen de la normativa, con riesgo de consolidar posiciones de mercado y de legitimar prácticas anteriores, en un contexto donde el propio gobierno mantiene vínculos con el negocio bananero (El Universo, 2025; Radio Pichincha, 2025).
Primer paso hacia un catastro completo.
Otra lectura interpreta el decreto como oportunidad para completar el mapa real de producción bananera, integrar plantaciones dispersas al registro oficial y usar esa base para rediseñar política de precios, tributación, focalización de apoyos y control de riesgos de seguridad y ambientales (MAG, 2023; Extra, 2025).
La posición que se adopta aquí es libertaria: el problema no es el catastro en sí, sino el uso que se le dé. El mismo instrumento puede servir a un proyecto de captura regulatoria o a una agenda de liberalización ordenada, compatible con libre competencia, apertura externa y protección de derechos de propiedad.
6. Catastro y pensamiento liberal
La Escuela Austriaca y corrientes liberales distinguen entre dos niveles de intervención estatal: definición de derechos de propiedad y manipulación del sistema de precios (Mises, 1949; Hayek, 1960; Friedman, 1962).
Mises sostiene que el cálculo económico solo es posible con propiedad privada sobre medios de producción y precios libres que reflejen valoraciones dispersas (Mises, 1949).
Hayek subraya que normas generales, abstractas y conocidas permiten que el sistema de precios canalice información que ningún planificador puede centralizar (Hayek, 1960).
Friedman asigna al Estado funciones en protección de derechos, provisión de ciertos bienes públicos y corrección de externalidades, pero critica controles de precios y cuotas sectoriales (Friedman, 1962).
Rothbard enfatiza el riesgo de captura del Estado por grupos de interés, y alerta sobre el uso de regulaciones y licencias como barreras de entrada que distorsionan la competencia (Rothbard, 1978).
Desde esta perspectiva, un catastro bananero es compatible con la tradición austríaca y liberal si se entiende como infraestructura institucional que:
Registra derechos de propiedad y localización de plantaciones.
Permite mejor información para crédito, seguros, tributación y evaluación de riesgos ambientales.
Se gestiona con reglas generales, sin discrecionalidad para favorecer a actores específicos.
La incompatibilidad aparece cuando el catastro se utiliza como instrumento para:
Otorgar permisos de siembra en función de criterios políticos o de cercanía con el poder.
Mantener un esquema de cuotas cerradas que bloquea la entrada de nuevos competidores.
Sostener controles de precios sin horizonte claro de transición hacia esquemas contractuales libres.
La referencia a Milei y a su declaración como “fanático fundamentalista de la escuela austríaca”, que incluye su adhesión explícita a Mises, Hayek y Rothbard, muestra que la región ya convive con agendas que van más allá del liberalismo clásico (Milei, 2024; Carro, 2023; Instituto Juan de Mariana, 2023). Desde ese ángulo, el Decreto 231 es aceptable si se inserta en una secuencia de liberalización (menos fijación de precios, más contratos y competencia) y no en una secuencia estatista (más licencias discrecionales, más control de cantidades).
7. Seguridad, “narcobananos” y conflicto armado interno
Ecuador vive desde 2023 un proceso de degradación de la seguridad interna, con incremento de homicidios, motines carcelarios y presencia de estructuras criminales ligadas al tráfico de cocaína (Global Initiative, 2025; Crisis Group, 2025). El gobierno declaró en 2024 un conflicto armado interno contra varios grupos calificados como terroristas, en paralelo a la militarización de puertos y zonas estratégicas.
Informes de Europol y prensa europea documentan incautaciones de varias toneladas de cocaína ocultas en contenedores de banano procedentes de puertos ecuatorianos, fenómeno que ha sido descrito como “narcobananos” (Europol, 2024; El País, 2023; Le Monde, 2025). Las rutas conectan con redes en Colombia y Venezuela, donde el llamado “Cartel de los Soles” y otras estructuras han sido señaladas como parte de un sistema de narco-Estado (Transparencia Venezuela, 2024; OCIndex, 2025).
La infiltración del narcotráfico en cadenas logísticas produce varios efectos:
Aumenta el costo de seguros y controles para exportadores formales.
Introduce riesgo reputacional para todo el sector bananero.
Expone a trabajadores y pequeños productores a coacción o extorsión.
Desde el punto de vista de un liberal preocupado por el Estado de derecho, el problema no es que el Estado registre plantaciones, sino que el territorio sin registro formal se vuelve espacio de ventaja para estructuras criminales. Un catastro completo, cruzado con información de exportaciones, datos portuarios y sistemas de análisis de riesgo, puede:
Focalizar inspecciones en zonas de mayor vulnerabilidad.
Distinguir operaciones formales de operaciones sin trazabilidad.
Integrar información ambiental para evitar expansión de la frontera agrícola en áreas protegidas, donde grupos irregulares podrían usar el banano como fachada.
Si el decreto se combina con cooperación hemisférica en seguridad —incluida la relación con Estados Unidos— la regularización del banano se transforma en parte de una estrategia de defensa de comercio legal frente a economías ilícitas, en lugar de un mero ajuste administrativo.
8. Comparación con vino, salmón, camarón, flores y minería en Ecuador
El recorrido de otros sectores exportadores en Chile y Ecuador sugiere patrones replicables:
En Chile, vino y salmón se desarrollaron con presencia de capital privado, normas sanitarias exigentes, acuerdos comerciales y certificaciones de calidad; el Estado no fija precios a productores y se concentra en reglas y fiscalización (Barton & Murray, 2009; FAO, 2019; OECD, 2018).
En Ecuador, camarón y flores se expandieron con marcos regulatorios centrados en sanidad, ambiente y acceso a mercados, sin un precio mínimo administrado equivalente al banano (Banco Central del Ecuador, 2023; FAO, 2019; Larrea, 2004).
La minería metálica ecuatoriana adopta un modelo de concesiones con regalías, consultas ambientales y sociales, y conflictos localizados, pero converge gradualmente hacia estructuras similares a las de otros países andinos (Acosta, 2009; Sacher & Acosta, 2012).
Estos sectores comparten catastro, estándares técnicos, apertura a inversión extranjera y ausencia de control directo de precios. El banano puede seguir esa ruta si convierte el registro excepcional en un catastro permanente, asociado a una reforma que saque al Ejecutivo de la fijación de precios y abra espacio a contratos privados, seguros agrícolas y arbitraje competitivo entre empaques y exportadoras.
9. Eje Ecuador–Chile–Argentina–Estados Unidos
En 2025, el escenario político y económico regional presenta un posible eje Ecuador–Chile–Argentina–Estados Unidos alrededor de tres vectores: seguridad, comercio y giro liberal.
En Chile, encuestas recientes sitúan a José Antonio Kast como favorito en una eventual segunda vuelta frente a Jeannette Jara, con diferencias que oscilan entre 15 y 20 puntos porcentuales, mientras el promedio de sondeos supera el 50 % para Kast (Cadem, 2025; Criteria, 2025; RTVE, 2025). Kast ha construido su posición sobre tres ejes: orden, seguridad y economía de mercado. El acercamiento con Eduardo Frei, ex presidente demócrata cristiano, refuerza la idea de un puente entre derecha liberal y centro histórico (El País Chile, 2025).
En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa combina un discurso de “guerra” contra estructuras criminales con una agenda de apertura hacia Estados Unidos, que incluye la eliminación del recargo arancelario del 15 % a 105 productos, entre ellos el banano, que retorna al arancel cero (El Universo, 2025; Primicias, 2025; El País, 2025). El propio Noboa ha insistido en la necesidad de concesiones de sectores estratégicos y delegación de gestión al sector privado a partir de 2026 (Radio Pichincha, 2025).
Argentina, por su parte, aporta la dimensión doctrinaria: el presidente Milei declara abiertamente su adhesión a la Escuela Austriaca, se define como anarcocapitalista y cita a Mises, Hayek y Rothbard como referencias centrales (Milei, 2024; Carro, 2023; Instituto Juan de Mariana, 2023).
Estados Unidos reconfigura su política comercial con acuerdos específicos para reducir precios internos de alimentos, incluyendo la reversión de aranceles a productos de Ecuador, Argentina y Brasil, mientras refuerza su política antidrogas frente al rol de Venezuela como hub de cocaína (El País, 2025; OCIndex, 2025; Global Initiative, 2025).
En este marco, el Decreto 231 de Ecuador no es un hecho aislado. Un catastro bananero completo es útil para:
Aprovechar la ventana de arancel cero en Estados Unidos con trazabilidad y cumplimiento de estándares.
Alinear prácticas de Ecuador con la experiencia chilena de catastro, concesiones y apertura, integrando también lecciones de diversificación y servicios.
Conectar la agenda ecuatoriana con el experimento argentino de reformas pro mercado, sin replicar sus aspectos más extremos.
La lectura estratégica es que un gobierno que decide ordenar el mapa bananero mientras negocia mejores condiciones con Estados Unidos y observa un probable giro liberal en Chile, no está “cortando la competencia” sino preparando la base institucional para una liberalización secuencial: primero registro y trazabilidad, luego reforma de precios y reglas de entrada, finalmente integración más profunda en cadenas de valor bajo estándares ambientales, de seguridad y de servicios asociados.
10. Recomendaciones de política
Desde una perspectiva libertaria, pero consciente del contexto de conflicto armado interno y narcotráfico, el Decreto 231 puede convertirse en un activo para el gobierno si se inserta en una agenda coherente de reformas.
Convertir el decreto en ley marco pro mercado.
Incorporar la disposición transitoria en una ley que defina funciones de registro, competencia, ambiente y seguridad.
Establecer un cronograma explícito de transición desde precio mínimo administrado hacia contratos privados entre productores y exportadores, con referencia a precios internacionales y mecanismos de resolución de controversias.
Construir un catastro digital georreferenciado con transparencia.
Implementar un sistema de información que identifique plantaciones, áreas, variedades y titulares.
Publicar datos agregados por cantón y provincia, con acceso controlado a información individual para instituciones financieras, organismos de control y productores.
Articular cooperación técnica con Chile y Argentina.
Invitar a equipos técnicos chilenos con experiencia en catastro minero, agroindustria y servicios exportables a co-diseñar la arquitectura del catastro bananero.
Incorporar a especialistas argentinos en reformas pro mercado para analizar secuencias de liberalización fiscal y regulatoria, adaptadas a un régimen dolarizado.
Vincular el catastro con sistemas de seguridad y monitoreo ambiental.
Integrar la base de plantaciones con datos de exportaciones, rutas y puertos para construir matrices de riesgo frente al narcotráfico.
Cruzar información con mapas de áreas protegidas, cuencas y corredores ecológicos para evitar que la regularización legitime usos de suelo incompatibles con conservación.
Focalizar apoyo a productores pequeños y medianos.
Utilizar el catastro para diseñar líneas de crédito, seguros y asistencia técnica para productores de menor escala.
Condicionar programas de apoyo al cumplimiento de estándares ambientales, laborales y de trazabilidad que faciliten acceso a mercados exigentes.
Profundizar la agenda comercial con Estados Unidos.
Integrar los avances del catastro y la reforma de precios en la narrativa de cumplimiento y transparencia que acompaña la eliminación de aranceles.
Negociar esquemas de certificación mutua en seguridad de la cadena logística, que reduzcan costos de inspección y seguros para exportadores formales.
11. Conclusiones
El Decreto Ejecutivo 231 aparece, a primera vista, como una norma polémica: regulariza siembras no autorizadas, se emite en un contexto de posible conflicto de interés y afecta a un sector donde coexisten pequeños productores y grandes grupos exportadores. Leído así, parece un flanco abierto para críticas al gobierno.
Sin embargo, situado en el contexto regional y doctrinario, el decreto puede ser el primer movimiento de una agenda distinta. Chile se acerca a un gobierno de derecha liberal liderado por Kast, que recibe gestos de apoyo desde figuras históricas del centro; Argentina ejecuta un programa inspirado en la Escuela Austriaca; Estados Unidos abre una ventana comercial para el banano ecuatoriano en paralelo a una estrategia antidrogas hemisférica; y Venezuela se consolida como ejemplo límite de narco-Estado.
En ese marco, un catastro bananero completo, gestionado con reglas generales, puede:
Reducir espacio para economías ilegales que usan el banano como fachada.
Facilitar la transición desde precios mínimos administrados hacia contratos privados en un mercado abierto.
Ordenar el uso del suelo en zonas ambientales sensibles.
Conectar la experiencia ecuatoriana con trayectorias exitosas de catastro, diversificación y liberalización en Chile y otros sectores exportadores.
El artículo, al poner énfasis en riesgos de captura regulatoria y en la necesidad de una reforma legal más amplia, parece cuestionar al gobierno. Pero, en realidad, lo que hace es ofrecerle un marco para convertir un decreto defensivo en plataforma ofensiva: de norma reactiva a pieza central de una agenda de liberalización responsable, anclada en propiedad, competencia, seguridad, ambiente y diversificación productiva.
Si el Ejecutivo decide seguir esa ruta y renuncia a usar el catastro como herramienta discrecional de control, el decreto dejará de ser un episodio polémico para pasar a ser recordado como el punto de inflexión en que el Ecuador “bananero” comenzó a comportarse institucionalmente como el Chile “diversificado”: un país que usa su recurso emblemático como palanca de integración bajo reglas claras, en lugar de como pretexto para el rentismo y las economías ilícitas.
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Nota del autor: La bibliografía de prensa, encuestas y organismos internacionales se presenta como referencia de contexto; no implica adhesión a interpretaciones editoriales específicas.
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