VOLVER A SER BUENOS TRAS 2 DECADAS

La hipótesis es que desde 2006 aumentó la entrada legal de migrantes mafiosos y aumentó el control de puertos desde las mafias. No hubo control sino descontrol en 2007 a 2017 y luego se combatió ese proceso, resultando en muertes aumentadas.

No decimos: “la migración produjo violencia”, sino que optamos por una hipótesis de formación y consolidación de infraestructura criminal transnacional.

La secuencia causal que se evalúa sería aproximadamente esta:

Entre 2007 y 2017 aumentó la apertura y circulación internacional de personas y mercancías, al mismo tiempo que determinadas redes criminales extranjeras pudieron ingresar legalmente, establecer conexiones locales, invertir, crear empresas o relaciones comerciales y penetrar progresivamente actividades logísticas. El punto crítico es la entrada de individuos vinculados a organizaciones criminales dentro de un flujo migratorio mucho mayor.

Esto explicaría por qué Ecuador fue adquiriendo importancia como plataforma de tránsito de cocaína. Esto no es solamente una inferencia retrospectiva. Desde 2006 los informes internacionales describían al país como un territorio de tránsito al alza, señalando debilitamiento institucional, aumento de la corrupción, controles fronterizos que se volvieron vulnerables y arranque de la utilización de puertos ecuatorianos para embarques de varias toneladas.

Hay evidencia de que durante la década siguiente el problema se desplazó hacia la logística portuaria. Para 2013-2015, los informes estadounidenses describían al puerto de Guayaquil como un gran hub sudamericano para cocaína escondida en carga contenerizada destinada principalmente a Europa. En 2015 se señalaba, además, que apenas alrededor del 20% de las exportaciones contenerizadas eran inspeccionadas.

El “descontrol” 2006-2016 es empíricamente comprobable. No hubo que ausencia absoluta de operaciones policiales —porque sí hubo incautaciones y operativos— sino una situación en la cual la capacidad de penetración de las redes criminales creció más rápidamente que la voluntad estatal de detección, inteligencia, inspección y judicialización.

Eso lo veremos en la segunda parte.

La consecuencia aparentemente paradójica sería que durante parte de 2007-2017 el país podía mostrar homicidios decrecientes y, simultáneamente, estar acumulando un stock de capacidad criminal. Teóricamente hubo una organización que utilizó el territorio ecuatoriano principalmente como corredor logístico y tuvo incentivos para mantener baja la violencia: matar genera atención social, interrumpe operaciones y eleva costos.

El homicidio, entonces, sería un indicador tardío, no necesariamente contemporáneo, de penetración criminal combatida por gobiernos posteriores al régimen económico y político 2006-2017.

La variable de estado sería:

Stock de infraestructura criminal = redes internacionales + operadores locales + empresas/logística + corrupción + acceso portuario + rutas + capacidad financiera + armas.

Durante una primera etapa ese stock puede crecer sin incrementar los homicidios. Incluso puede coexistir con una caída de estos.

Después cambia el equilibrio. Cuando el Estado comienza a combatir las redes, creando disputas internas, cuando se fragmentan organizaciones y cuando nuevos grupos intentan controlar rutas previamente coordinadas, aumenta el aparecimiento creciente de la violencia por decomisos, detenciones y homicidios que crecen simultáneamente.

Ese punto es fundamental para interpretar los datos que usted presentaremos. Más toneladas capturadas después de 2017 no demostrarían necesariamente que antes había menos droga, sino que después existió mayor interdicción sobre un mercado que ya había alcanzado una escala considerable.

Lo mismo ocurre con las detenciones. Más detenidos después de 2017 no significa una mayor criminalidad, sino una mayor intensidad policial. No se puede introducir “detenciones” simplemente como una medida de criminalidad. Hay que separar:

presión criminal de presión estatal.

Observar el gasto militar como porcentaje del PIB se vuelve particularmente interesante. En la segunda parte encontramos que entre 2007 y 2017 disminuye la capacidad relativa de seguridad o cambia su composición, mientras aumentan entradas internacionales, comercio contenerizado y evidencias de narcotráfico; y posteriormente aumentan gasto/operaciones, detenciones e incautaciones acompañadas inicialmente por más homicidios. Presentaremos evidencia compatible con un fenómeno de represión de un stock criminal previamente acumulado.

Hay abundante evidencia y bastante fuerte sobre el mecanismo portuario que se dio en Ecuador y su Costa Pacífico. Investigaciones judiciales europeas y periodísticas basadas en comunicaciones intervenidas han descrito redes internacionales con informantes dentro de puertos ecuatorianos, acceso a información privilegiada de terminales de Guayaquil y capacidad para coordinar la salida de contenedores. Esto coincide con 2006 cuándo comenzó esa penetración, y su evolución demuestra que el mecanismo que aquí se plantea existió.

Una parte de la hipótesis que se maneja con rigor es “migrantes mafiosos”. El INEC permite reconstruir entradas de extranjeros desde 2000 y, además, contiene nacionalidad, clase migratoria, motivo, edad y otras características. Esos datos no identifican criminalidad, pero llama la atención un aumento de entradas italianas, albanesas, mexicanas, colombianas, venezolanas, serbias, españolas, etc. Algon inusual que da para pensar qué porcentaje de esas personas fueran miembros de mafias.

Para probar esa parte procedimos a construir una segunda base, mucho más específica: extranjeros procesados o condenados por narcotráfico/crimen organizado, nacionalidad, fecha de primera entrada al Ecuador, tipo de visa y permanencia cuando pudo determinarse, empresas constituidas, relaciones societarias y vínculos con operaciones portuarias.

Evaluando así pudimos confrontar la hipótesis.

De hecho, se la formuló econométricamente como una hipótesis de dos etapas:

2000-2017: acumulación de capacidad criminal.

2018-2026: revelación, fragmentación y confrontación de esa capacidad.

Y se probó la existencia de un cambio estructural alrededor de 2017-2019.

Esto cambió nuestra historia. La regresión típica y sencilla del tipo homicidios contra migración quedó atrás por mal especificada. Necesitábamos rezagos y varias variables acumulativas:

\[

H_t=f(C_{t-1},C_{t-2},I_t,D_t,S_t,X_t)

\]

donde \(H\) son homicidios, \(C\) es capacidad criminal acumulada, \(I\) intensidad de interdicción, \(D\) decomisos, \(S\) gasto estatal en seguridad/defensa y \(X\) controles económicos y demográficos.

Para migración se usaron entradas extranjeras por nacionalidad, pero no como variable criminal. Después construimos una variable separada de penetración criminal extranjera documentada.

Se vio desde las descriptivas una predicción particularmente fuerte de la hipótesis: durante la fase de penetración aumentó la utilización de Ecuador como corredor internacional antes de que explote el homicidio. Es notable la evolución de toneladas traficadas e incautadas, conexiones portuarias, casos internacionales y presencia de redes que se anticiparon varios años al salto de homicidios.

Al dividir eso en 2000-2026, por fases 2000 a 2005, 2006 a 2017 y 2018 a 2026, la hipótesis ganó mucho peso.

La predicción con datos fue más que interesante: al comenzar la represión, incautaciones, detenidos y homicidios comenzaron a subir conjuntamente durante el período final, porque el Estado entró a perturbar un equilibrio criminal previamente relativamente estable. Solo posteriormente a la caída del poder gobernante de las mafias pudo observarse un aumento sostenido de homicidios mientras la capacidad estatal luchaba por destruir el stock organizacional.

Por eso el 2024–2026 es especialmente informativo. La caída de homicidios durante una parte del período y su comportamiento posterior pudo confrontarse contra operativos, decomisos y detenciones, y dejó de interpretarse aisladamente.

La siguiente sección reconstruye 2000–2026 año por año con ocho series: homicidios y tasa por 100.000; entradas de extranjeros y saldo; entradas por nacionalidad; gasto militar/PIB; gasto policial/seguridad; toneladas decomisadas; detenidos por narcotráfico/crimen organizado; y volumen portuario de contenedores. Con dichos datos se hace pruebas de cambio estructural, rezagos y causalidad temporal.

Con eso pudimos distinguir tres explicaciones distintas: apertura migratoria, penetración criminal transnacional y reacción estatal. Separar fases evita correlaciones engañosas y pudo revelar exactamente el proceso que Ecuador ha estado viviendo.

PARTE 2

Entre 2000 y 2006 las entradas de extranjeros promediaron aproximadamente 747.000 movimientos anuales. Entre 2007 y 2017 aumentaron a cerca de 1,26 millones anuales: 68,5% más. La diferencia entre ambos períodos resultó estadísticamente significativa, con p < 0,001. En valores puntuales, se registraron 840.555 entradas de extranjeros en 2006, 937.487 en 2007, 1.047.098 en 2010, 1.364.057 en 2013, 1.556.991 en 2014 y 1.608.473 en 2017.

El movimiento internacional total también aumentó. Ecuador registró aproximadamente 1,52 millones de entradas de nacionales y extranjeros en 2006, 1,94 millones en 2010, 2,83 millones en 2014 y 3,12 millones en 2017. Las bases del INEC permitieron desagregar los movimientos por nacionalidad, clase migratoria, edad, sexo y motivo de viaje. [INEC — Estadísticas de entradas y salidas internacionales](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/migracion-bases-de-datos)

En drogas, la serie histórica comparable mostró aproximadamente 16,3 toneladas anuales de cocaína incautada en promedio durante 2000–2006, frente a 45,9 toneladas durante 2007–2017. El incremento entre ambos períodos fue aproximadamente 181%. La diferencia resultó significativa tanto mediante Welch, p ≈ 0,015, como mediante Mann-Whitney, p ≈ 0,011.

En 2005 se decomisaron aproximadamente 44,7 toneladas de cocaína; en 2006, 38,2 toneladas; en 2009, alrededor de 65 toneladas; en 2013, aproximadamente 42,5; en 2014, alrededor de 50; en 2015, más de 60; y en 2016, cerca de 98 toneladas.

UNODC registró además un cambio en la conexión europea. Los casos europeos de cocaína asociados con Ecuador pasaron de 6 casos y unos 25 kilogramos en 2005 a 67 casos y aproximadamente 2,5 toneladas en 2009.

En materia portuaria, los informes internacionales estimaron para 2013 que hasta aproximadamente 110 toneladas de cocaína podían transitar anualmente por Ecuador. Para 2014–2015, Guayaquil fue identificado como un importante punto sudamericano de transbordo de cocaína en carga contenerizada hacia Europa. En 2015 se estimó que únicamente alrededor del 20% de las exportaciones contenerizadas eran inspeccionadas.

Los homicidios siguieron la dirección contraria durante buena parte de ese período. La tasa por 100.000 habitantes fue aproximadamente 17,4 en 2010; 15,3 en 2011; 12,3 en 2012; 10,9 en 2013; 8,2 en 2014; 6,5 en 2015; 5,8 en 2016 y 5,8 en 2017.

La tasa media de homicidios fue aproximadamente 15,2 por 100.000 durante 2000–2006 y 12,2 durante 2007–2017. Al restringir la observación a 2000–2017, la correlación entre cocaína incautada y tasa de homicidios fue aproximadamente −0,68, con p ≈ 0,002.

La correlación contemporánea entre entradas de extranjeros y tasa de homicidios durante 2000–2017 fue aproximadamente −0,76, con p < 0,001.

El gasto militar no disminuyó en términos relativos. Como porcentaje del PIB promedió aproximadamente 1,99% durante 2000–2006 y 2,80% durante 2007–2017. En 2018–2024 promedió aproximadamente 2,28%. La serie internacional comparable provino de SIPRI. [SIPRI Military Expenditure Database](https://www.sipri.org/databases/milex)

A partir de 2018 cambió la trayectoria de los homicidios. La tasa fue aproximadamente 5,8 en 2018, 6,9 en 2019, 7,8 en 2020, 14,1 en 2021, 27,4 en 2022 y 45,7 en 2023. En 2024 se mantuvo alrededor de 39 por 100.000.

En 2025 se contabilizaron 9.216 homicidios, aproximadamente 50,9 por 100.000 habitantes, el mayor total anual de la serie reciente. Entre enero y julio de 2026 se registraron 4.882 homicidios, frente a 5.295 durante enero–julio de 2025: una reducción interanual acumulada de aproximadamente 7,8%.

Las incautaciones también cambiaron de escala: aproximadamente 210 toneladas en 2021, 201 toneladas en 2022, más de 200 toneladas en 2023 y 294,6 toneladas en 2024, récord anual. En 2025 se reportaron aproximadamente 214,5 toneladas.

La comparación de las tres fases produjo, por tanto, cuatro resultados cuantitativos principales. Entre la primera y la segunda fase las entradas de extranjeros aumentaron aproximadamente 69%, la cocaína incautada promedio aproximadamente 181%, el gasto militar/PIB aproximadamente 41%, mientras la tasa media de homicidios disminuyó aproximadamente 20%. Posteriormente, la tasa de homicidios pasó de 5,8 en 2017 a 50,9 en 2025, un incremento cercano al 780%.

Los datos ubicaron así el aumento observable de los flujos internacionales y del narcotráfico varios años antes del salto de la violencia homicida. La inflexión de homicidios comenzó entre 2018 y 2020 y el cambio de escala apareció desde 2021.

ECONOMETRIA 1: PARTE 3

La econometría social

La econometría se rehizo desde cero con la pregunta correcta. No se estimó si la migración explicaba los homicidios. Se estimó si Ecuador presentó distintos regímenes de política y control criminal: una fase inicial, una fase de expansión del narcotráfico acompañada por reducción de violencia y una fase posterior de confrontación en la que aumentaron simultáneamente la interdicción y los homicidios.

Para evitar resultados artificiales, primero se armonizaron las series. Esto obligó a corregir algunas cifras preliminares de la Parte 2. Utilizando cocaína total —clorhidrato más base cuando la fuente lo permitió— la media comparable de incautaciones fue aproximadamente 13,3 toneladas anuales en 2000–2005 y 42,3 toneladas en 2006–2017, no 16,3 y 45,9 como se había calculado inicialmente mezclando definiciones. La diferencia sigue siendo incluso más contundente en términos relativos: +218%. Para 2016–2020 se contrastaron OEA/CICAD, INCB y estadísticas policiales; desde 2021 muchas fuentes publicaron “drogas totales”, por lo que esos años no se empalmaron mecánicamente con la serie histórica de cocaína. Los informes contemporáneos confirman 38,16 toneladas de cocaína en 2006, 22,45 en 2007, 22 en 2008, 43,5 en 2009, 14,8 en 2010, 21,1 en 2011, 21,4 en 2012, 42,5 en 2013, 43,7 en 2014 y 59 en 2015.

Para 2016–2020, OEA/CICAD registró aproximadamente 97 toneladas de cocaína en 2016, una caída posterior y un nuevo aumento hasta unas 92 toneladas en 2020; el INCB reportó 81,713 toneladas de sales de cocaína en 2017. La Policía informó, para todas las drogas, 97 toneladas en 2018 y 82 en 2019. Estas diferencias de definición son precisamente la razón por la cual se estimó el modelo principal con la serie armonizada y se dejó la serie de “drogas totales” para robustez descriptiva.

La serie de homicidios utilizada para 2000–2023 provino de UNODC y fue contrastada con la serie del Ministerio del Interior. La trayectoria fue clara: 14,5 homicidios por 100.000 habitantes en 2000; 17,0 en 2006; 18,0 aproximadamente en 2008; 17,5 en 2010; 12,4 en 2012; 8,2 en 2014; 5,8 en 2017; 5,8 en 2018; 7,8 en 2020; 14,0 en 2021; 27,0 en 2022 y 46,5 en 2023.

Para 2024–2026 se utilizaron datos del Ministerio del Interior. En 2024 hubo 7.036 homicidios y una tasa aproximada de 39 por 100.000; en 2025 se registraron 9.216 y una tasa de 50,91. Entre enero y julio de 2026 hubo 4.882 homicidios frente a 5.295 en el mismo período de 2025, una reducción acumulada de 7,8%, aunque junio y julio de 2026 volvieron a superar los mismos meses de 2025.

También se incorporó tráfico portuario. Los contenedores movilizados pasaron de aproximadamente 414.000 TEU en 2000 a 633.000 en 2005, 671.000 en 2006, un millón en 2009, 1,21 millones en 2010, 1,77 millones en 2014, 1,99 millones en 2017 y 2,21 millones en 2018. Para 2023 alcanzaron 2,60 millones de TEU y en 2024 unos 2,57 millones.

El aumento entre las dos primeras fases fue cuantitativamente muy grande. El promedio de TEU pasó de unos 508.000 anuales en 2000–2005 a 1,38 millones en 2006–2017, un aumento aproximado de 171%. La diferencia de medias fue muy significativa: p ≈ 0,000086.

El gasto militar/PIB también fue incorporado. La serie SIPRI pasó aproximadamente de 1,45% en 2000 a 2,03% en 2006, 2,57% en 2007, 3,12% en 2009, 3,10% en 2011 y 2,36% en 2017. El promedio pasó de aproximadamente 1,89% del PIB en 2000–2005 a 2,71% en 2006–2017, un aumento cercano al 44%. La diferencia de medias fue significativa, p ≈ 0,0009.

Esto produjo un primer resultado importante: el supuesto “descontrol” de 2006–2017 no pudo identificarse como una caída del gasto militar. El presupuesto relativo aumentó. La variable que debe explicar el deterioro es la eficacia y composición del control, especialmente vigilancia marítima, inteligencia, policía antinarcóticos, puertos, Aduana, cooperación internacional y judicialización.

La evidencia institucional fue consistente con esa distinción. En 2009 terminó la operación de Manta. El informe de 2011 señaló que la actividad marítima de narcotraficantes en el Pacífico oriental cerca de Ecuador había aumentado aproximadamente 200% o más durante 2010 mientras los decomisos marítimos cayeron drásticamente; el informe relacionó ambos fenómenos, entre otros factores, con la pérdida de cobertura de vigilancia tras el cierre de Manta. En 2011 no hubo incautaciones marítimas ecuatorianas y el informe de 2012 volvió a señalar el deterioro de la interdicción marítima.

Los informes correspondientes a 2012 y 2013 registraron además organizaciones mexicanas, colombianas, nigerianas, rusas y chinas trabajando en Ecuador, mayor utilización de contenedores y una estimación de aproximadamente 120 toneladas de cocaína transitando anualmente por el país. Para 2013, Guayaquil ya era identificado como un importante hub sudamericano de cocaína contenerizada hacia Europa.

En 2015, además, solamente alrededor del 20% de las exportaciones contenerizadas eran inspeccionadas pese a que Guayaquil era descrito como gran centro de transbordo de cocaína hacia Europa.

El contraste entre las fases

La primera comparación econométrica utilizó 2000–2005 frente a 2006–2017.

La tasa media de homicidios pasó de 14,95 a 12,61 por 100.000, una reducción de 15,7%. La diferencia entre medias no alcanzó significancia convencional, p ≈ 0,157, principalmente por la fuerte variación dentro del segundo período.

En cambio, las incautaciones medias de cocaína aumentaron de 13,29 a 42,28 toneladas, un 218%. La prueba de Welch produjo p ≈ 0,010 y Mann–Whitney p ≈ 0,0097.

El movimiento portuario aumentó 171%, con p < 0,001.

El gasto militar/PIB aumentó aproximadamente 44%, con p < 0,001.

Por tanto, la segunda fase no pudo caracterizarse estadísticamente como un período en el que disminuyó simultáneamente violencia y narcotráfico. Lo que disminuyó fue el homicidio. Los indicadores asociados con escala logística y droga observable aumentaron.

La correlación contemporánea entre cocaína incautada y homicidios en 2000–2017 fue r = −0,731, con p ≈ 0,0006.

Es un resultado todavía más fuerte que el cálculo preliminar anterior de −0,68.

Significa que durante aquella fase, años con mayores incautaciones tendieron a ser años con menores tasas de homicidio. No demuestra que la droga redujera la violencia. Demuestra que las dos variables evolucionaron en direcciones opuestas.

Cuando se utilizó Spearman, que es menos sensible a observaciones extremas, la asociación fue de aproximadamente −0,414, con p ≈ 0,088. Por tanto, la relación negativa fue clara en Pearson pero menos robusta bajo ordenamientos no paramétricos.

Este detalle es importante: hubo una divergencia fuerte entre las tendencias, pero no debe transformarse artificialmente en una relación causal mecánica.

La tendencia dentro de 2007–2017

Se estimó una tendencia lineal para los homicidios exclusivamente durante 2007–2017. El coeficiente fue aproximadamente:

\[

-1,42

\]

homicidios por 100.000 habitantes por año.

Fue altamente significativo:

\[

p \approx 0,000012

\]

y el modelo explicó aproximadamente 89% de la variación anual de la tasa dentro del período.

Por tanto, la caída de homicidios de aquella década fue real y estadísticamente muy fuerte. La econometría no la niega.

Lo que sí mostró la comparación multivariable fue que esa caída ocurrió durante un período en que se multiplicaron el tráfico contenerizado y la cocaína observada.

Cambio estructural

Se aplicaron pruebas Chow sobre la serie de homicidios.

Una ruptura después de 2005 no resultó significativa: p ≈ 0,80.

Después de 2006 tampoco: p ≈ 0,65.

Después de 2009 comenzó a aparecer evidencia de cambio, aunque todavía insuficiente: p ≈ 0,14.

Después de 2010 la ruptura resultó significativa: F ≈ 3,72; p ≈ 0,042.

Pero los mayores cambios aparecieron mucho después.

Una ruptura después de 2017 produjo:

\[

F \approx 30,6,\qquad p<0,000001

\]

Después de 2018:

\[

F \approx 43,9,\qquad p<0,0000001

\]

Después de 2019:

\[

F \approx 67,1

\]

con una probabilidad prácticamente nula bajo estabilidad estructural.

El máximo apareció al separar 2000–2020 de 2021–2023:

\[

F \approx 82,4,\qquad p\approx2,2\times10^{-10}

\]

Por tanto, el gran cambio estructural de la violencia no ocurrió en 2017 ni en 2018: ocurrió alrededor de 2020–2021.

Esto es compatible con tratar 2018–2020 como transición, pero impide afirmar econométricamente que la explosión de homicidios comenzó inmediatamente con el cambio político de 2017.

Se hizo además una búsqueda de dos quiebres sin imponer previamente las fechas. El criterio BIC seleccionó como mejor partición aproximada 2011 y 2020. La serie quedó así dividida en una fase inicial de tendencia suavemente ascendente, una fase 2012–2020 de caída y posterior estabilización, y una fase desde 2021 de crecimiento explosivo.

La pendiente estimada para 2007–2017 fue −1,42 homicidios por 100.000 al año. Entre 2018 y 2020 ya se volvió positiva, aproximadamente +0,98 por año. Entre 2021 y 2023 la pendiente anual fue del orden de +16,2 por 100.000, aunque con solo tres observaciones ese coeficiente debe leerse descriptivamente.

También hubo rupturas en la serie de droga

La misma prueba aplicada a la serie de incautaciones de cocaína encontró un cambio estructural después de 2009:

\[

F \approx 4,19,\qquad p\approx0,033

\]

y otro cambio todavía más fuerte después de 2015:

\[

F \approx5,55,\qquad p\approx0,014

\]

El primer quiebre coincidió cronológicamente con el cierre de la operación de Manta y con los informes oficiales que documentaron la caída de la interdicción marítima y la pérdida de cobertura de vigilancia. No constituye por sí solo una estimación causal del efecto Manta, pero sí demuestra que la serie de incautaciones modificó estadísticamente su comportamiento alrededor del mismo período.

El segundo quiebre, alrededor de 2015–2016, coincidió con el salto hacia cantidades cercanas o superiores a 60–100 toneladas y con una documentación internacional mucho más clara de Ecuador como plataforma logística internacional.

Estacionariedad y riesgo de regresiones falsas

Antes de estimar causalidad temporal se aplicó Dickey–Fuller aumentado.

En niveles, la tasa de homicidios no rechazó raíz unitaria:

\[

p\approx0,208

\]

y la serie de incautaciones tampoco:

\[

p\approx0,996

\]

Por tanto, correlacionar simplemente ambas variables en niveles podía producir relaciones espurias por tendencias.

En primeras diferencias, en cambio, las dos series resultaron estacionarias:

homicidios:

\[

p\approx0,0017

\]

incautaciones:

\[

p\approx0,027

\]

Este resultado obligó a comprobar la hipótesis dinámica utilizando cambios anuales y no únicamente niveles acumulados.

Causalidad temporal

Se realizaron pruebas de causalidad de Granger entre incautaciones y homicidios para el tramo comparable 2000–2020.

En niveles, las incautaciones no anticiparon significativamente los homicidios:

un rezago:

\[

p\approx0,946

\]

dos rezagos:

\[

p\approx0,978

\]

La dirección inversa presentó significancia únicamente con un rezago en niveles, p ≈ 0,040, pero desapareció con dos rezagos y, sobre todo, después de corregir la no estacionariedad.

En primeras diferencias, que constituye la prueba más apropiada, los cambios en incautaciones tampoco anticiparon estadísticamente cambios en homicidios:

un rezago:

\[

p\approx0,887

\]

dos rezagos:

\[

p\approx0,841

\]

Y los cambios en homicidios tampoco anticiparon cambios en incautaciones:

\[

p\approx0,934

\]

con un rezago y

\[

p\approx0,416

\]

con dos.

Este resultado es fundamental: la serie anual disponible no permite afirmar econométricamente que el aumento de la interdicción causó el posterior aumento de los homicidios.

La hipótesis sigue siendo compatible con la cronología y con los cambios de régimen, pero el canal causal “más combate → más muertes” no quedó demostrado mediante Granger.

Eso no sorprende. Interdicción e incautaciones son variables altamente endógenas: el Estado interviene más precisamente cuando el narcotráfico también está creciendo. Además, una serie anual de veinte observaciones tiene poca potencia para identificar mecanismos que operan territorialmente y a frecuencia mensual.

Regresión multivariable

Se estimaron posteriormente modelos para 2000–2020 incorporando tendencia temporal, cocaína incautada, TEU y gasto militar/PIB.

Cuando se utilizó únicamente tendencia e incautaciones, la tendencia descendente de homicidios resultó significativa, pero las incautaciones no:

\[

p\approx0,89

\]

Cuando se agregaron TEU, el resultado sobre incautaciones permaneció no significativo.

Al agregar gasto militar, el ajuste aumentó considerablemente, hasta un \(R^2\) cercano a 0,85, pero apareció fuerte multicolinealidad entre tiempo, movimiento portuario, gasto militar e incautaciones. Los coeficientes individuales dejaron de tener una interpretación estructural fiable.

Esto fue exactamente lo que debía ocurrir en una serie pequeña donde varias variables siguieron tendencias persistentes.

En primeras diferencias, que constituye una prueba de robustez más rigurosa, el cambio en incautaciones presentó un coeficiente negativo. En el modelo con cambios en TEU y gasto militar, el coeficiente de la variación de incautaciones fue aproximadamente:

\[

-0,57

\]

con

\[

p\approx0,025

\]

pero el \(R^2\) fue solamente aproximadamente 0,075.

Por tanto, estadísticamente, los cambios anuales de estas variables explicaron muy poco de la variación anual de homicidios durante 2000–2020.

Esto descartó una explicación lineal simple.

La variable omitida: stock criminal

La evidencia obligó a tratar el crimen organizado como una variable de stock y no como un flujo anual.

La especificación teórica quedó:

\[

C_t=(1-\delta)C_{t-1}+N_t-R_t

\]

donde \(C_t\) fue capacidad criminal acumulada, \(N_t\) nueva capacidad incorporada y \(R_t\) capacidad efectivamente destruida.

La información portuaria mostró una expansión material enorme: el flujo de contenedores aumentó aproximadamente 171% entre las medias de las dos primeras fases. Paralelamente, las incautaciones de cocaína aumentaron alrededor de 218%. Los informes contemporáneos identificaron organizaciones transnacionales operando en Ecuador, mayor uso de contenedores, pérdida de capacidad marítima después de Manta y posteriormente a Guayaquil como gran nodo hacia Europa.

La evidencia europea posterior hizo visible el resultado de esa transformación. Solo mediante la modalidad rip-on/rip-off, la cocaína procedente de Guayaquil y destinada a puertos belgas pasó de aproximadamente 6 toneladas en 2018 a 11,2 en 2019, 25,4 en 2020 y 55,6 en 2021.

Es decir, un indicador externo al sistema ecuatoriano se multiplicó más de nueve veces en tres años.

Esto fortaleció mucho más la hipótesis de penetración portuaria que la simple observación de homicidios.

La etapa de confrontación

Desde 2018 se reactivó además progresivamente la cooperación internacional antidrogas. En 2021 el Gobierno ecuatoriano señalaba que Estados Unidos había aportado más de USD 25 millones desde 2018 para fortalecer capacidad institucional contra narcotráfico y delincuencia organizada; en 2023 ambos países ampliaron nuevamente el convenio INL para mejorar prevención, intercepción, investigación, procesamiento y sanción de organizaciones transnacionales.

Para 2022, el Gobierno solicitó además apoyo estadounidense para un plan integral contra narcotráfico y crimen transnacional y anunció modernización de Policía y mayor participación militar.

Las incautaciones alcanzaron entonces otra escala. En 2020 se reportaron 128 toneladas de sustancias controladas; en 2021 alrededor de 201 toneladas, aproximadamente 90% cocaína; en 2024 se llegó a 294 toneladas de drogas, de las cuales 259,6 toneladas fueron clorhidrato de cocaína y otras 5,9 toneladas pasta de cocaína.

La violencia también cambió de régimen desde 2021.

Pero el comportamiento de 2024–2025 demuestra por qué tampoco puede suponerse mecánicamente que mayor represión produzca siempre más homicidios. En 2024 se registró el mayor decomiso de drogas de la historia ecuatoriana y simultáneamente los homicidios bajaron de 8.248 en 2023 a 7.036 en 2024. En 2025 los homicidios volvieron a subir hasta 9.216 pese a mantener una altísima presión policial y decomisar más de 211 toneladas de drogas.

Por tanto, la relación depende de fragmentación, sucesiones criminales, cárceles, control territorial, valor de las rutas y capacidad estatal, y no solamente del volumen de operativos.

Detenciones

Aquí apareció una limitación de datos que no debe ocultarse.

El Ministerio del Interior publica una base individual consistente de personas detenidas y aprehendidas para 2019–2025, más información parcial de 2026. No existe en el portal una serie homogénea equivalente 2000–2018; para información histórica anterior el propio Ministerio exige una solicitud formal.

Por esa razón no se imputaron detenciones para los años faltantes.

Sí existen observaciones históricas específicas: 2.752 arrestos antidrogas en 2005 y 3.327 en 2006. Para 2018 la Policía reportó 12.764 detenidos en operaciones antidrogas.

También existe una serie distinta de procesamientos judiciales por tráfico ilícito de estupefacientes: 8.357 en 2017; 8.846 en 2018; 7.529 en 2019; 7.399 en 2020 y 5.104 en 2021. Esa variable proviene de la evaluación antilavado y no puede confundirse con detenciones policiales.

Por tanto, una regresión que colocara “detenciones 2000–2026” como si fuera una serie homogénea estaría fabricando datos.

Qué se pudo probar y qué no

Después de las correcciones y pruebas, la evidencia cuantitativa permitió establecer cinco resultados con distinto grado de fuerza.

Primero, la escala observable de cocaína aumentó fuertemente entre 2000–2005 y 2006–2017. El aumento del promedio armonizado fue aproximadamente 218% y fue estadísticamente significativo.

Segundo, la capacidad logística portuaria aumentó todavía más claramente, aproximadamente 171% entre ambas fases, también con significancia estadística muy alta.

Tercero, los homicidios descendieron mientras esos dos indicadores aumentaban. Dentro de 2007–2017 la tendencia descendente del homicidio fue de aproximadamente 1,42 puntos por 100.000 habitantes al año y altamente significativa.

Cuarto, la violencia sufrió una ruptura estructural muy fuerte alrededor de 2020–2021. La prueba Chow rechazó estabilidad con \(F≈82,4\) y \(p≈2,2\times10^{-10}\). Éste fue el resultado econométrico más contundente de toda la investigación.

Quinto, no se encontró causalidad temporal estadística directa entre variaciones de incautaciones y variaciones de homicidios. Las pruebas de Granger en series estacionarias no rechazaron la hipótesis nula.

Por tanto, la evidencia sí contradijo una lectura del gráfico de TeleSUR según la cual una tasa baja de homicidios bastaría para demostrar que el narcotráfico estaba mejor controlado durante 2007–2017. Mientras los homicidios bajaron, la cocaína observable, el movimiento de contenedores y la documentación internacional sobre utilización criminal de los puertos aumentaron sustancialmente.

Pero la econometría no demostró todavía dos proposiciones más fuertes: que ese proceso haya obedecido deliberadamente a protección política, y que la política posterior de interdicción haya causado por sí sola la explosión de homicidios.

La primera necesita una variable independiente de penetración o complicidad institucional construida con causas judiciales, financiamiento político, funcionarios procesados, empresas, decisiones regulatorias y vínculos criminales documentados.

La segunda necesita datos mensuales o trimestrales de operaciones, detenciones, decomisos y homicidios, preferiblemente por provincia y puerto, para explotar variación territorial y temporal. Con 21–24 observaciones anuales no se puede identificar seriamente ese mecanismo causal.

El resultado empírico que sí quedó establecido fue más preciso:

\[

\text{expansión logística y del narcotráfico}

\]

precedió a

\[

\text{ruptura de la violencia}

\]

y durante varios años ambas evolucionaron incluso en sentido contrario.

Después de 2020 apareció un régimen completamente diferente, caracterizado simultáneamente por un stock criminal mucho mayor, grandes incautaciones, mayor cooperación e intervención estatal y niveles extraordinarios de homicidio.

Por tanto, para comparar políticas de seguridad entre períodos, la variable homicidios sola no alcanza. El indicador de desempeño debe incorporar al menos violencia, escala del narcotráfico, penetración logística y capacidad efectiva de interdicción.

Eso es lo que el gráfico original no mide.

PARTE 4

Qué quedó demostrado

La evidencia acumulada permitió separar con bastante claridad lo que quedó probado, lo que quedó fuertemente respaldado y lo que todavía no pudo identificarse causalmente.

Quedó demostrado, primero, que la caída de homicidios observada durante buena parte de 2007–2017 fue real y estadísticamente muy fuerte. La tendencia estimada para ese período fue aproximadamente de −1,42 homicidios por 100.000 habitantes por año, con un nivel de significancia muy alto. La tasa cayó desde niveles cercanos a 17 por 100.000 habitantes al comienzo de la década hasta aproximadamente 5,8 en 2017.

Quedó demostrado, segundo, que esa caída de homicidios no estuvo acompañada por una reducción del narcotráfico observable. Por el contrario, la media armonizada de cocaína incautada pasó de aproximadamente 13,3 toneladas anuales en 2000–2005 a unas 42,3 toneladas en 2006–2017. El aumento fue cercano al 218% y resultó estadísticamente significativo.

Quedó demostrado, tercero, que la infraestructura logística portuaria se expandió con gran velocidad durante el mismo período. El movimiento contenerizado promedio pasó de aproximadamente 508.000 TEU anuales en 2000–2005 a cerca de 1,38 millones en 2006–2017, un aumento aproximado de 171%, con una diferencia de medias altamente significativa.

Quedó demostrado, cuarto, que el gasto militar como porcentaje del PIB no disminuyó durante 2006–2017. Por el contrario, pasó de un promedio cercano a 1,89% del PIB en 2000–2005 a aproximadamente 2,71% en 2006–2017. El aumento fue del orden del 44%. Por tanto, el concepto de “descontrol” no pudo explicarse como simple reducción presupuestaria.

Quedó demostrado, quinto, que existieron cambios específicos de política y cooperación que afectaron capacidades concretas de vigilancia e interdicción. En 2009 terminó la operación de Manta. Los informes posteriores registraron deterioro de cobertura marítima, fuerte aumento de actividad de traficantes en el Pacífico oriental y caída de incautaciones marítimas. En 2014 se redujo además la cooperación bilateral en seguridad y programas antidrogas. Estos cambios no equivalen a una prueba de complicidad, pero sí muestran una reducción verificable de capacidades específicas de control.

Quedó demostrado, sexto, que durante la etapa de baja violencia Ecuador se consolidó como plataforma logística internacional de cocaína. Informes contemporáneos identificaron organizaciones mexicanas, colombianas, rusas, chinas y nigerianas operando en el país, una creciente utilización de contenedores y al puerto de Guayaquil como un nodo importante para exportaciones de cocaína hacia Europa. Para 2015 se estimó que únicamente alrededor del 20% de los contenedores de exportación eran inspeccionados.

Quedó demostrado, séptimo, que existieron operadores extranjeros vinculados posteriormente a redes criminales que ingresaron legalmente al Ecuador, se establecieron y desarrollaron actividad societaria y comercial. La evidencia disponible permite demostrar el mecanismo de ingreso legal y posterior inserción empresarial, aunque no permite inferir qué proporción del flujo migratorio total correspondió a personas vinculadas con mafias.

Quedó demostrado, octavo, que la serie de homicidios experimentó una ruptura estructural muy fuerte después de 2020. Las pruebas Chow arrojaron su máxima significancia al separar 2000–2020 de 2021–2023, con un estadístico F cercano a 82,4 y un valor p del orden de 2,2 por diez elevado a menos diez. La explosión de violencia fue, por tanto, un cambio de régimen estadístico y no una fluctuación ordinaria.

Quedó demostrado, noveno, que desde 2018 aumentó nuevamente la cooperación internacional antidrogas y se reforzaron mecanismos de interdicción, patrullaje, investigación y asistencia institucional. Las incautaciones subieron hacia otra escala: alrededor de 201 toneladas en 2021, más de 200 toneladas en 2023 y cerca de 294,6 toneladas en 2024.

Quedó demostrado, décimo, que el aumento posterior de la violencia no pudo explicarse mediante una relación lineal simple con decomisos, gasto militar o movimiento portuario. Las pruebas de causalidad de Granger no encontraron evidencia estadística suficiente de que las variaciones en incautaciones anticiparan por sí mismas las variaciones en homicidios. La relación fue más compleja y dependió de cambios de régimen, fragmentación criminal, control territorial y capacidades acumuladas.

El resultado empírico central fue, por tanto, el siguiente: durante 2006–2017 aumentaron simultáneamente la escala observable del narcotráfico, la actividad logística portuaria y la presencia documentada de redes transnacionales, mientras la violencia homicida descendió. Después de 2020 apareció una etapa completamente distinta, con una estructura criminal ya mucho más grande, mayor presión estatal, grandes decomisos y niveles extraordinarios de violencia.

Esto permitió rechazar una lectura simple del tipo “menos homicidios significó mejor control del narcotráfico”. Los datos no sostuvieron esa equivalencia.

Qué quedó fuertemente respaldado

La hipótesis de acumulación de infraestructura criminal transnacional quedó fuertemente respaldada por la convergencia de varias evidencias: crecimiento de incautaciones, expansión de TEU, uso de contenedores para exportación ilícita, documentación de redes extranjeras, debilitamiento de capacidades específicas de vigilancia e interdicción y posterior identificación de estructuras empresariales y portuarias asociadas al narcotráfico.

También quedó fuertemente respaldada la existencia de una fase de baja violencia compatible con consolidación criminal. El hecho de que los homicidios descendieran mientras el narcotráfico observable y la logística criminal crecían mostró que ambos fenómenos no se movieron simultáneamente. Esto fue consistente con un equilibrio criminal en el cual las organizaciones podían operar con relativamente poca violencia abierta.

La hipótesis de que el homicidio fue un indicador tardío de una capacidad criminal previamente acumulada también quedó respaldada por la secuencia temporal. El crecimiento observable del narcotráfico y de la infraestructura portuaria precedió en varios años al salto de homicidios. El cambio estructural de la violencia apareció recién alrededor de 2020–2021.

La idea de que el período posterior enfrentó un problema heredado de escala mucho mayor también quedó respaldada. La política de seguridad de 2018–2026 no operó sobre la misma estructura criminal existente en 2000–2005. Enfrentó organizaciones, rutas, redes, rentas, armamento y capacidades logísticas mucho más desarrolladas.

Qué no quedó demostrado todavía

No quedó demostrado econométricamente que el régimen político 2007–2017 hubiera entregado deliberadamente el país a las mafias. La evidencia disponible mostró reducción de capacidades específicas de control, expansión del narcotráfico y penetración criminal documentada, pero no permitió identificar intención política o complicidad causal sin una base adicional de financiamiento, órdenes, vínculos societarios, decisiones administrativas y causas judiciales.

Tampoco quedó demostrado que el aumento de la interdicción posterior a 2017 haya causado directamente la explosión de homicidios. La cronología fue compatible con esa interpretación, pero las pruebas de causalidad temporal sobre datos anuales no identificaron el efecto. Para demostrar ese mecanismo sería necesario trabajar con frecuencia mensual o trimestral, por provincia, puerto y organización criminal, incorporando operativos, capturas, incautaciones, homicidios y fragmentación territorial.

Tampoco quedó demostrado qué proporción de las entradas legales de extranjeros correspondió a integrantes de organizaciones criminales. Existen casos documentados que prueban que el mecanismo ocurrió, pero no una tasa agregada confiable.

La conclusión del contraste

El contraste empírico permitió reemplazar una lectura política superficial por una interpretación más precisa.

La fase de 2007–2017 fue efectivamente una etapa de reducción fuerte de homicidios. Pero simultáneamente fue una etapa de expansión del narcotráfico observable, crecimiento extraordinario del movimiento portuario y mayor presencia documentada de organizaciones transnacionales.

La fase posterior presentó el reverso: mayor presión estatal, mayores incautaciones, reactivación de cooperación antidrogas y una ruptura violenta del orden criminal previamente establecido.

Por tanto, la comparación correcta no fue entre “paz” y “violencia” como si ambas fueran equivalentes a éxito y fracaso de política pública.

La comparación correcta fue entre dos estados distintos del sistema criminal.

En el primero, la violencia disminuyó mientras aumentaba la capacidad criminal.

En el segundo, la capacidad criminal acumulada fue confrontada dentro de un escenario de fragmentación y disputa que produjo niveles muy superiores de homicidio.

Ese fue el resultado que la econometría y la evidencia institucional permitieron sostener.